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Las comunidades autónomas no sólo están aplicando recortes en sanidad y en educación, también en la atención a las personas dependientes, es decir, en no llevar a cabo lo fijado por la Ley de Dependencia. Con la excusa de la crisis y el déficit público se ha detenido el reconocimiento de nuevos beneficiarios, tanto en su evaluación como en la posterior concesión de ayudas. Las castas regionales sólo aplican la austeridad a los demás, al 90%, en lo más básico, sanidad y educación, y a los más necesitados, las personas dependientes.
Según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la mayoría de las comunidades ha disminuido la cantidad de personas dependientes a las que se les reconoce el derecho a algún tipo de ayuda, y en algunas incluso el saldo de bajas y altas de personas atendidas tiene un resultado negativo. Lo que ha llevado a que existan 306.674 solicitantes en lista de espera.
Los datos suministrados por la citada Asociación son alarmantes. Así, en los últimos cinco meses, en 13 comunidades existen menos personas inscritas en el sistema de ayudas que hace un año y en 4 de ellas la reducción es tal que no se está cubriendo con altas las bajas que inevitablemente se van produciendo. Las comunidades de saldo negativo son Aragón, Valencia, Asturias y Navarra. En el caso de la primera se ha llegado a atender 1.000 personas menos que en junio. La gravedad de los datos destaca en una situación, como es obvio, en la que la mayoría de estas personas son de edad avanzada y tienen una mortalidad alta.
«Forma salvaje de aplicar la austeridad que las castas han decidido.» Además se empeora con el dato de que hay 1.637 nuevas en lista de espera. Recortar las ayudas a este colectivo es la forma salvaje de aplicar la austeridad que las privilegiadas castas regionales han decidido. La situación se ha deteriorado de forma muy significativa durante este año, con esas variaciones entre comunidades sólo explicables por las diferencias de voracidad de las distintas castas autonómicas. Así en Cataluña el descenso de personas atendidas ha sido más drástico, de unas 9.000 en 2010 a 2.662 en 2011, comparando los mismos periodos del año. En Murcia han sido 1.720 personas menos, en Extremadura 1.789 y en Castilla-La Mancha 1.423.
Y las listas de espera para recibir las ayudas siguen creciendo. En Madrid ha crecido desde junio en 2.251 personas. Y en Cataluña, en 2.024. Y como afirma José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, “los cambios de Gobierno autonómico no han beneficiado en nada a la ley de dependencia, como en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha o Cataluña, mientras hay televisiones autonómicas con una audiencia ínfima en la que se gastan un dineral o aeropuertos sin aviones que jamás debían haberse hecho”.
A todo esto se añaden las situaciones de impagos en algunas comunidades y las amenazas de futuros impagos. Como destaca el mencionado Ramírez “para las personas en situación de dependencia, un retraso en la percepción de las ayudas como el que anuncia Aragón o el que se viene produciendo en comunidades como Castilla-La Mancha o Valencia, puede ser irreparable, dada la avanzada edad de los usuarios del sistema o sus condiciones de salud”. Lo que sólo puede calificarse de crimen. «Lo que sólo puede calificarse de crimen.»
Y, por último, estos recortes en la atención a las personas dependientes tienen una doble consecuencia. Una inmediata y grave que es la calidad de vida de las personas mayores y con dificultades de autonomía personal; y otra asociada que es la pérdida de actividad económica y de creación de empleo que tiene como base el cuidado de este tipo de población.