Cargando...Se ha equivocado Rosa Díez, con su furioso “No”, y ha disparatado, como casi siempre que habla, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes (y los que han seguido esas consignas), al comparar a las plataformas de lucha contra los desahucios de las hipotecas abusivas con el terrorismo de ETA. Semejante parangón es un disparate infame que provocará más tensión y más violencia social. No se puede comparar el terrorismo de ETA con el acoso a los políticos que emana de los distintos colectivos sociales que sufren las inclemencias de la crisis económica y también de la mala y corrupta política. El terror y el crimen organizado, cruel, selectivo e indiscriminado de ETA sólo es comparable al terror de la peor delincuencia criminal, con el agravante de que además ETA pretende justificarse -como lo hizo recientemente la dirigente de Bildu, Laura Mintegui, hablando de “muertos políticos”- como la acción militar de un movimiento de liberación nacional.
El acoso a la clase política de ciudadanos indignados es intolerable y puede ser delictivo cuando se rompen los límites de la intimidad familiar y no digamos si hay agresión física. Pero eso no tiene nada que ver con ETA, su historia y su terror, y lanzar esa acusación de terrorismo es también un delito y un disparate. Máxime si se hace desde un cargo público como ocurre con la inefable Cifuentes, provocadora habitual que suple su incapacidad con grotescas soflamas y su “afición” por los recortes de las libertades de expresión y manifestación.
Al asimilar el terror de ETA con las protestas o acosos de los indignados algunos políticos y sus no menos aguerridos publicistas -disfrazados de periodistas- faltan a la verdad y a la vez pretenden criminalizar a colectivos enteros, desahuciados, arruinados, parados, en la indigencia y desesperados, que sufren en sus carnes y familias no sólo las consecuencias de la crisis sino también de la mala, corrupta y escandalosa política. Y ese mensaje es, de todo punto, intolerable y una artimaña para acabar culpando a las víctimas de la política de los desmanes de los políticos.
Existe, vaya si existe, una “violencia moral” de los dirigentes y gobernantes políticos en las actuales circunstancias españolas. Por ejemplo, ¿qué han dicho todos los dirigentes políticos presentes en el Parlamento -Rosa Díez incluida- sobre el indulto al banquero Alfredo Sáenz y sobre su escandalosa permanencia al frente del Banco Santander? Ni una sola palabra, porque todos los partidos (y los sindicatos, también mudos) le deben mucho dinero al Banco Santander. Y ¿cómo se puede entender y justificar que además de este indulto del banquero (un regalo a Botín del izquierdista Zapatero) el gobierno del PP haya indultado a dirigentes políticos de su partido, a policías torturadores o a homicidas de la carretera?
Y ¿acaso no es una invitación a la violencia que el Gobierno le de a los bancos 40.000 millones de euros con el rescate de la UE que pagan los españoles, y que los bancos intervenidos con dinero público sigan con los desahucios exprés (ha tenido que ser un emigrante y no los partidos políticos el que recurriera a la Justicia europea contra los abusos de las hipotecas), o con las quitas de las “preferentes”, mientras la Fiscalía del Estado hace la vista gorda sobre los principales responsables de las quiebras de las grandes Cajas de Ahorro controladas por el PP, como eran CAM, Bancaja, Nova Caixa Galicia o Caja Madrid?
Y ¿cómo calificar la actitud del PSOE y de IU en los escándalos de los ERE de Andalucía sin depurar responsabilidades políticas y entrar a fondo en las penales? O ¿qué decir de los casos Bárcenas y Gürtel del PP y de las corrupciones de CiU, etc.? Y a no perder de vista el palacio de la Zarzuela y los negocios y andanzas de Urdangarin y Corinna, que planean sobre el propio Rey Juan Carlos, al margen de su inviolabilidad y que cuentan con el silencio “monárquico”, de todos los grandes partidos nacionales. ¿Acaso todo esto no es una forma de provocación social y “violencia política”, en un país con más de seis millones de parados y cerca de 600.000 familias en la pobreza?
Y sólo estamos hablando de escándalos y corrupciones del poder y no de políticas que también son abusivas como las facilidades al despido libre -que han provocado los ERE de avalancha en toda España- u otras de alcance social, en Sanidad, Educación, pensiones, etc. O sea, que mucho cuidado con “criminalizar” a los colectivos indignados (los que tampoco pueden ni deben bajo ningún pretexto, acosar o violentar a nadie) y menos aún desde la política o desde el poder político porque eso si es que además de un delito y un abuso, una provocación. Que viniendo de Cifuentes y de ciertos sectores del PP no es de extrañar, pero sorprende que a ese discurso se haya subido la primera dirigente de UPyD, Rosa Díez, porque suele mantener un discurso democrático ejemplar, aunque a veces sus “malas compañías” de la derecha extrema y mediática la llevan a desvariar y coloca a su partido en una extraña posición: en la esquizofrénica posición de buscar el voto de la extrema derecha, el centro político y parte del campo progresista, lo que es demasiado abarcar y le resta a UPyD mucha credibilidad.