Jueces españoles se niegan a aceptar el carpetazo a la justicia universal

Rebelión judicial contra la sumisión

El gobierno de Rajoy ha aprobado una reforma que enterrarí­a el principio de justicia universal, sometiéndose de forma indigna a los dictados de Washington, que reclama impunidad para sus crí­menes. Pero se ha tropezado con la rebelión de jueces y fiscales, que se niegan a aplicar la nueva ley, e incluso anuncian que presentarán recursos de inconstitucionalidad. El desvergonzado grado de sumisión de nuestra clase polí­tica provoca rechazo, no ya entre la mayorí­a de la población, sino entre destacados cuadros del Estado.

La expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial ya anunciaba que la justicia universal estaba en el punto de mira.

Plegándose a los mandatos norteamericanos, el gobierno de Rajoy ha aprobado una reforma de la ley que impedirá que los jueces españoles puedan perseguir los crímenes y desmanes de las grandes potencias. “Desde el mismo corazón de la Audiencia Nacional se plantea que la reforma de la ley puede atentar contra la Constitución”

Esta reforma obligaba a los jueces que instruyen las doce causas relacionadas con la justicia universal a archivar de forma inmediata todos los casos. Pero, de forma sorprendente, los jueces españoles se niegan a aplicar la nueva ley.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió no aplicar la nueva ley que acaba virtualmente con el principio de justicia universal a uno de los casos que parecían condenados al archivo con la reforma legal exprés que entró en vigor el pasado sábado solo con el apoyo del PP: el de la muerte del cámara de Telecinco José Couso en abril de 2003, en Irak, a manos de militares estadounidenses.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 y decano de los jueces instructores de la Audiencia emitió un auto —resolución razonada— en el que rechaza archivar la causa por el homicidio de Couso al entender que hacerlo supondría incumplir el IV Convenio de Ginebra sobre protección de las personas civiles en tiempo de guerra. Este tratado, suscrito por España, “obliga” a perseguir “sin limitación alguna” los delitos contra las personas y los bienes protegidos en caso de conflicto armado, sostiene Pedraz.

Por esta razón, mantiene la imputación contra el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson. Este último fue quien, desde su carro de combate, disparó un proyectil contra la habitación 1.403 del hotel Palestina de Bagdad, desde donde filmaba Couso las evoluciones del ejército estadounidense en los primeros días de la guerra.

Al mismo tiempo, los jueces Eloy Velasco y Pablo Ruz convocaban a las partes sobre si debían archivar los casos, que afectan a la investigación del genocidio en el Sahara o las torturas en Guantánamo.

Desde el mismo corazón de la Audiencia Nacional se plantea que la reforma de la ley puede atentar contra la Constitución.

El juez Andreu ha pedido a la Fiscalía y a las partes personadas que se pronuncien sobre si cabe plantear una cuestión de inconstitucionalidad por la reforma en las casos que tramita su juzgado, el genocidio en Ruanda y el ataque al campo de refugiados de Ashraf.

Y la Fiscalía de la Audicencia Nacional ya manifestó su discrepancia con la reforma y apuntó la posibilidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad.

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