Cargando...Los trabajadores del Institut Municipal de Serveis Socials del Ayuntamiento de Barcelona han advertido a sus superiores que dejarán de acompañar a las comitivas que practican los lanzamientos que se producen a diario en la ciudad.
Estos empleados públicos consideran que su presencia en las comitivas no es útil para las familias afectadas y que su labor debería ser preventiva y no paliativa del drama que hay a menudo detrás de un lanzamiento. Además denuncian que los medios con los que cuentan para realojar a las familias son inadecuados.
Los trabajadores y los tres sindicatos que les representan, UGT, CC.OO y CGT, celebrarán el día 9 de febrero una asamblea. Un representante de estos trabajadores asegura que en esta reunión podrían adoptar medidas de presión si antes el equipo de gobierno no les da una respuesta a la carta que le entregaron hace un mes, el 23 de diciembre y en la que le piden que se retire el protocolo de actuación vigente desde 2013 fruto del acuerdo entre Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Ayuntamiento, el Departament de Justicia y los colegios de Abogados y el de Procuradores.
De hecho, esta semana, la comisión municipal acordó con el voto favorable de los grupos de la oposición tomar en consideración la reivindicación de los trabajadores y “dejar sin efecto” el citado protocolo al tiempo que instaba al equipo de gobierno a “Dotar a la Taula d’ Emergència d’ Habitatge de las viviendas necesarias para garantizar el derecho al realojamiento”.
Un trabajador social implicado en la protesta explica que a menudo “alojamos a las familias en una habitación de una pensión en la otra punta de la ciudad. Cómo cocinan, dónde van los niños a la escuela, cómo resuelven su vida. Así es imposible. Además, al Ayuntamiento le cuesta más dinero mantenerles en una pensión que darles una vivienda”.
El debate en la comisión del pasado martes fue muy encendido. El proponente, el concejal de ICV, Ricard Gomà aseguró que el protocolo que los grupos de la oposición cuestionan “no está orientado a garantizar la atención de las personas afectadas, sino a legitimar la actuación de la administración en los lanzamientos”.
La réplica a este alegato corrió por cuenta del gerente del área de Qualitat de Vida del Ayuntamiento, Àngel Miret que en una intervención poco usual en una comisión advirtió contra la “vulneración de muchas leyes” que implicaba el apoyo de la comisión a las reivindicaciones de los trabajadores.
Miret consideró que sean cuales sean las demandas de los trabajadores no se puede admitir que las comisiones que participan en un lanzamiento no cuenten con el apoyo de los servicios sociales.
Aunque no hay cifras oficiales se estima que en Barcelona se realizan a diario del orden de 20 a 30 lanzamientos aunque en realidad una parte son de locales comerciales y oficinas. Este alto número casos obedece al hecho de que una parte importante de estos actos son intentos que no se acaban materializando porque no se dan las condiciones. La ausencia de trabajadores de servicios sociales podría aumentar aún más el número de intentos fallidos de lanzamiento.
El protocolo de actuación vigente en Barcelona ha sido cuestionado por algunos expertos que ponen como ejemplo a otros municipios del área metropolitana donde la acción preventiva ha logrado una eficacia del cien por cien de los lanzamientos. Merced a un intercambio de datos con los juzgados todas las ejecuciones se estudian previamente para garantizar los derechos de los propietarios pero también de los afectados.
La reivindicación de los trabajadores sociales ha recibido de inmediato el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La responsable política del área de Qualitat de Vida, Maite Fandos aseguró en la comisión que ha abierto el diálogo con los trabajadores pero una fuente de los estos empleados aseguró que por el momento sólo se ha celebrado una reunión sin llegar a ningún acuerdo.