Cargando...Todo el caso de la desaparición, y posterior confesión de asesinato de la joven Marta del Castillo ha provocado un interés mediático enorme. La línea de lo éticamente admisible fue traspasada el pasado lunes por el programa «Rojo y Negro», que entrevistó a la actual pareja del homicida confeso. La niña de 14 años se vio sometida a un severo interrogatorio, algo que ha hecho tomar medidas a la fiscal jefe de Sevilla y al Consejo del Audiovisual de Andalucía.
También se han ronunciado al respecto, y de manera inmediata las principales asociaciones de telespectadores, como la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC). Según su portavoz, siempre se debe de informar sobre un hecho de interés general objetivo y abrir una reflexión sobre cuestiones o conflictos que afecten a los menores, “pero pueden hacerlo reduciendo el clímax de la intensidad emocional o aumentándolo, y esto último es lo que están haciendo determinados programas”. También se han sumado a estas críticas la Asociación de Periodistas de Madrid y la Federación de Sindicatos de Periodistas.La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, anuncia que la Fiscalía abrirá diligencias preprocesales sobre el tratamiento informativo que han realizado los medios de comunicación sobre la imagen de la joven desaparecida Marta del Castillo y de los menores involucrados en su asesinato. En primer lugar por la aplicación de la ley del menor, pero principalmente por el daño irreparable que este tipo de información sesgada puede provocar en los familiares de la victima.Durante los días que han seguido a la confesión, hemos asistido a múltiples muestras de apoyo por parte de los periodistas que cubrían la noticia, pero también a un ir y venir de informaciones no probadas, fotografías “robadas” de las redes sociales que frecuentaban los jóvenes y entrevistas a cualquier menor “que pasara por allí” y conociera a los implicados. El derecho a la información nunca debe ser puesto en contradicción con el respeto debido a la familia afectada, mucho menos teniendo en cuenta que se trata de un caso en el que la mayoría de implicados son menores de edad.En cualquier caso, coberturas mediáticas de esta magnitud deberían de contar con un seguimiento centralizado, no reducido a autoridades autonómicas, que priorice en cualquier momento los intereses de los familiares y no los de los grandes grupos mediáticos.