Cargando...La actual crisis sistémica está poniendo de manifiesto la farsa en la que han convertido algunas democracias occidentales, cuyos gobernantes actúan al dictado de las mismas élites financieras y económicas que la generaron.Estas élites, en última instancia, quieren recuperar sus tasas de ganancia a costa de los ciudadanos, a base de los sacrificios del resto de empresarios y trabajadores, y de espaldas a las aspiraciones de la mayoría de la población. Quieren imponer, en definitiva, un decrecimiento real de las condiciones de vida para mantener sus privilegios.
Nuestra querida España es un ejemplo de ello, se ha convertido en una muestra de Totalitarismo Invertido, término introducido en 2003 por Sheldon Wolin, profesor emérito de filosofía política de la Universidad de Princeton. El totalitarismo invertido es el momento político en el que el poder corporativo se despoja finalmente de su identificación como fenómeno puramente económico y se transforma en una coparticipación globalizadora con el Estado. Mientras que las corporaciones se vuelven más políticas, el Estado se orienta cada vez más hacia el mercado. España, en su actual deriva, es un excelente ejemplo de ello. La antidemocracia, y el dominio de la élite son elementos básicos del totalitarismo invertido.
Rajoy avala 60.000 millones más a la banca
La última barrabasada del ejecutivo del PP, como ejemplo de Totalitarismo Invertido, es avalar de nuevo por al menos 60.000 millones más a la banca para suavizar los criterios de fijación de capital de Basilea III. Desde el estallido de la crisis una de las estrategias que más utilizaron las entidades financieras españolas para suavizar su deteriorada situación económica, especialmente aquellos bancos en teoría más solventes, fueron los llamados activos fiscales.
Los activos fiscales en sí son derechos de cobro sobre Hacienda: si en vez de obtener ganancias el banco registra pérdidas, entonces la legislación española les permite, como a cualquier otra empresa, que apunte esa cantidad para que pueda pagar menos impuestos cuando obtenga ganancias en un futuro. Todas las entidades financieras españolas poseen una importante cantidad de activos fiscales ya que todas han registrado pérdidas durante estos últimos años. El truco que han utilizado para que parezca que les va bien y que obtienen ganancias es contabilizar estas pérdidas en una cuenta aparte. De esa manera podían computar como recursos propios los llamados activos fiscales diferidos. Además, despejando las pérdidas hacia otra cuenta, en la cuenta oficial han podido presentar beneficios con el objetivo de no perder la confianza de clientes, depositantes, accionistas y otros agentes interesados. En definitiva se trata de un truco contable para maquillar las pérdidas.
La emergencia surge porque Basilea III considera que el cobro futuro es incierto y podría no materializarse si el banco se liquida o es incapaz de generar los beneficios suficientes como para recuperar el importe reconocido, y por lo tanto va a dejar de considerar dichos activos fiscales como activos de buena calidad. El problema es que si estos activos fiscales diferidos ya no les van a servir a las entidades financieras para mostrar una posición económica sólida, tendrán que encontrar sustitutos y eso es imposible. Y es aquí donde el gobierno de Rajoy, duro con los débiles, dócil con los poderosos, sale de nuevo en defensa de una sistema bancario patrio insolvente.
El ministerio de Hacienda y Banco de España tienen prácticamente lista una norma fiscal que permita suavizar el impacto de Basilea III y los efectos que supone no poder computar como recursos propios los llamados activos fiscales diferidos. Para ello, el gobierno otorgaría una nueva ventaja fiscal a la banca para que esos activos sí computen como capital gracias a un aval del Estado transformando esos activos fiscales en créditos fiscales.
Hacienda asume la existencia de los créditos fiscales y si el banco quiebra se hace responsable y los reconocerá a los acreedores como capital que es. En definitiva, el Estado asumirá el aval del activo fiscal. De completarse, será un nuevo expolio a la ciudadanía que sobretodo beneficiará a los grandes bancos, esos que nos dicen obtener miles de millones de beneficios pero cuya realidad es otra. Ahora entenderán ustedes por que estas élites reclaman al Gobierno cuentas públicas saneadas a base de recortes en todas las prestaciones sociales. Hay que abrir hueco para lo suyo.
La antidemocracia se ha apoderado de España
Pero la actuación de las élites político-financieras a través de sus brazos mediáticos es mucho más sutil. La antidemocracia se ha apoderado definitivamente de nuestro país. Es una fórmula que funciona de manera indirecta. Se alienta a los ciudadanos a desconfiar de su gobierno y de los políticos – en realidad se trata auténticos zoquetes al servicio de estas élites-; a concentrarse en sus propios intereses; a quejarse de los impuestos; a cambiar el compromiso activo por gratificaciones simbólicas de patriotismo. Sobre todo, se promueve la despolitización envolviendo a la sociedad en una atmósfera de temor colectivo y de impotencia individual: miedo a la pérdida de puestos de trabajo, incertidumbre de los planes de jubilación, gastos en educación y sanidad en ascenso.
Socialmente las consecuencias son demoledoras. El totalitarismo invertido, en última instancia, explota a los pobres, reduciendo o debilitando los programas de salud y los servicios sociales, reglamentando la educación masiva para una fuerza de trabajo insegura, amenazada por la importación de trabajadores de bajos salarios.
Debemos denunciar de manera clara y rotunda como las élites financieras y su brazos político-mediáticos se han convertido en la nueva clase aristocrática. Hoy más que nunca es necesaria una reconstrucción del poder político soberano y democrático donde los gobiernos salidos de las urnas protejan en última instancia a la ciudadanía de las agresiones sistemáticas que estas élites ejercen sobre la sociedad mediante la acumulación y concentración de poder económico.