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Rajoy se ve obligado a moverse para contener y reconducir el avance de una mayoría social progresista que se opone al grueso de las políticas ejecutadas en la pasada legislatura. Hace solo un año era impensable que Rajoy accediera a impulsar una sola de estas medidas. Pero la situación política ha cambiado, y el gobierno está obligado a moverse con ella. Adelantándose, ofreciendo algunas concesiones en cuestiones sensibles, para intentar contener el avance de una mayoría social progresista que, en la calle y en el parlamento cuestiona las principales leyes impuestas por el anterior gobierno de Rajoy.
El acuerdo entre PP y PSOE es una reforma del “bono social”, que afecta a 2,5 millones de familias, tumbado por el Tribunal Supremo. Consiste en un cambio de la Ley del Sector Eléctrico, en la que figurará de forma expresa la prohibición de la interrupción del servicio eléctrico a las familias consideradas «vulnerables» por los servicios sociales.
Su aplicación no será inmediata, habrá que esperar al menos tres meses, dependerá de un reglamento del que nada sabemos, se restringirá a la luz, sin incluir otros servicios básicos como el gas, y solo afectará a aquellas familias arrojadas a la pobreza casi extrema.
El gobierno se ha adelantado, apropiándose de una bandera que han defendido movimientos sociales progresistas, dándole la forma que menos perjudica a los intereses de las grandes eléctricas.
Pero aún con todas sus insuficiencias, Rajoy no lo ha hecho por convicción, sino obligado por las circunstancias. Las de una mayoría social progresista cuyo avance no solo se refleja en movilizaciones en la calle, sino que también alcanza el parlamento.
El PP está en minoría. Los acuerdos entre diferentes grupos han permitido aprobar mociones para derogar la reforma laboral, la LOMCE o la ley Mordaza.
Se está impulsando una moción, cuyos primeros pasos han sido aprobados por mayoría, para introducir en el Estatuto de los Trabajadores reformas que sean diques contra los efectos de la reforma laboral, limitando las subcontrataciones o la preminencia de los convenios de empresas sobre los colectivos, lo que permite hundir las condiciones de trabajo y los salarios.
Ante esta situación el gobierno de Rajoy necesita ofrecer concesiones para formar una mayoría que garantice la continuidad de las políticas aprobadas en la anterior legislatura.
Ya ha ofrecido una negociación punto por punto de la LOMCE y la ley Mordaza, para evitar que sean derogadas por completo.
Ofreciendo al PSOE acuerdos “en temas de Estado”, es decir en los puntos nodulares de las políticas que exigen el FMI, la UE o el Ibex-35.
Con la subida del salario mínimo venía incorporado el apoyo del PSOE al “techo de gasto”, que limita por ley los gastos sociales. Y el acuerdo contra la pobreza energética, o el apoyo del PP a los presupuestos de Asturias, cuyo presidente encabeza la actual gestora del PSOE, allana el camino para un acuerdo que permita aprobar los presupuestos.
Al mismo tiempo, la ministra del Interior, Maria Dolores de Cospedal, impulsa un acuerdo para blindar por ley el aumento del gasto militar que exige EEUU -y que con Trump se convertirá en inmediata-.
Este es el terreno de juego en el que presumiblemente se moverá esta legislatura en los próximos meses. Por un lado acuerdos para garantizar el mantenimiento de las políticas impuestas en los últimos años y el cumplimiento de las exigencias de los grandes centros de poder internacionales y nacionales. Por otro lado, una mayoría social progresista cuyo empuje obliga a cambios, y que tiene la posibilidad, si existe unidad y voluntad política, para imponer un cambio en las políticas del gobierno.
Esta batalla no está ni mucho menos cerrada, y su desenlace dependerá de las posiciones que adopten las diferentes fuerzas políticas y sociales.