Cargando...MARIANO Rajoy aseguró el pasado lunes que «las decisiones más necesarias son las más difíciles de tomar». Le quedan todavía tres días para pensar lo que dice ante el Parlamento, en el que se enfrenta a la encrucijada de contar la verdad sobre el caso Bárcenas o seguir insistiendo en que todo es una pura fabulación.
Ayer, ABC publicaba una extensa entrevista con Dolores de Cospedal en la que defendía a Rajoy y aseguraba que el PP está limpio. Pero la secretaria general no contestaba a la gran pregunta que todavía no ha respondido y ello porque el periódico no se la formulaba. Esa cuestión es por qué no aparecen en la contabilidad de su partido los 200.000 euros que le entregó Bárcenas a uno de sus colaboradores más directos.
En lugar de aclarar algo tan esencial, Cospedal daba rienda a la fantasía de que hay «quienes se consideran líderes de opinión que tienen como apuesta personal desacreditar a Rajoy», como si el problema del presidente del Gobierno fuera lo que publica un periódico que ha pedido en siete elecciones generales consecutivas el voto para el PP. Imaginemos por un momento que EL MUNDO no hubiera publicado ni una sola línea sobre las revelaciones de Bárcenas. Rajoy seguiría teniendo que dar una explicación sobre lo que el ex tesorero ha declarado al juez Ruz y sobre la documentación que ha entregado, y Cospedal seguiría estando obligada a concretar por qué se recibieron y dónde están contabilizados los 200.000 euros. Eso es lo sustancial.
Nuestro periódico publicaba una encuesta hace dos semanas en la que el 83% de los ciudadanos respondía que había existido pago de sobresueldos en el PP. El País publicaba ayer un sondeo en el que el 56% de los encuestados afirma que cree más a Bárcenas que a Rajoy, mientras que solamente un 14% se inclina por la versión del presidente. Casi cuatro a uno en contra es una proporción que debería preocupar al Gobierno. Esta falta de credibilidad de Rajoy se debe a que no ha sido capaz hasta hoy de ofrecer una versión coherente frente a los papeles de Bárcenas y los numerosos indicios que corroboran que el PP se financió irregularmente y que se pagaron sobresueldos a sus dirigentes. Nadie se puede creer que Bárcenas estuviera preconstituyendo pruebas desde hace 20 años por si surgía la necesidad de presionar a Rajoy. Y ello es más un problema político que judicial, porque es cierto que la financiación ilegal no era un delito y que será difícilmente demostrable el pago de sobresueldos al igual que la comisión de cohecho. Por añadidura, la gran mayoría de esos eventuales delitos ha prescrito. Pero Rajoy debe una explicación a los ciudadanos, ya que no es creíble su tajante desmentido del 3 de febrero, según el cual en el PP nunca ha habido dinero negro ni sus dirigentes han recibido sobres.
El presidente es ahora prisionero de sus propias palabras, pero siempre tiene la posibilidad de rectificar, comprometerse en reformas que regeneren su partido y asumir las consecuencias políticas de su error. Esta opción puede ser un camino de espinas, ya que comporta que tendría que asumir responsabilidades políticas. Pero siempre sería mejor que mantenerse en un ocultamiento en el que sólo le seguirían algunos medios de comunicación serviles, pero no los demás partidos ni la mayoría de los españoles, incluidos buena parte de sus propios votantes. Por ello, Rajoy se enfrenta a una decisión crucial y más le vale que diga la verdad si quiere librarse de una pesadilla que le puede perseguir durante el resto de su carrera.