Cargando...El Ayuntamiento de Vic (Barcelona) ha acordado que no empadronará a ningún inmigrante que se encuentre en situación irregular hasta que acredite que ha cursado la solicitud o la prórroga del permiso de residencia. Así lo ha decidido el equipo de gobierno municipal -formado por CiU, PSC y ERC- en una modificación local de los requisitos de empadronamiento que entrará en vigor en breve. La medida no tiene carácter retroactivo ni afectará a quienes quieran regularizarse a través por la vía del reagrupamiento familiar. La posición del equipo de gobierno ha levantado las críticas de las asociaciones y los sindicatos, pues vulnera la Ley de Bases de Régimen Local de 1995, que permite empadronarse a los inmigrantes al margen de cual sea su situación administrativa. La inscripción en el padrón es imprescindible para poder acceder a derechos universales fundamentales, como la sanidad o la educación.
El alcalde de Vic (Barcelona), Jose Maria Vila d’Abadal (CiU), ha reiterado hoy su voluntad de seguir adelante con los nuevos criterios de empadronamiento de inmigrantes irregulares anunciados y que han provocado un aluvión de críticas, entre ellas la del mismo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que los ha considerado ilegales. Vila d’Abadal (CiU), afirma que "estas medias son legales".Según Vila d’Abadal el objetivo es "poner orden en el padrón municipal y dar cumplimiento a la reforma de la Ley de Extranjería que entró en vigor el pasado diciembre", lo cuál entiende que es necesario y "un bien para todos, todos los ciudadanos".El consistorio se ampara en la reciente modificación de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros cuyo artículo 25 dispone que los extranjeros extracomunitarios que entren en España deberán estar en posesión de un pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, además de un visado, excepto si se disponen de la tarjeta de identidad de extranjero o, excepcionalmente, una autorización de retorno. El edil entiende que si esta es la "documentación legalmente" exigida por el Estado español también tiene que ser la que municipio exija a la hora de empadronar.Aplicación en febreroLa medida se aplicará a partir de febrero. No tendrá carácter retroactivo ni afectará a las personas que lleguen al país por la vía del reagrupamiento familiar. El objetivo es frenar el aproximadamente 2% de casos irregulares que se detectan actualmente. Casos reales que ha registrado la Oficina de Acogida de Vic como intentar empadronarse con un pasaporte falso o de gente que se ha presentado en pocos días con dos pasaportes distintos de diferente nacionalidad.Josep Maria Vila d’Abadal ha lamentado la gran desinformación alrededor de este tema e incluso ha entonado el ‘mea culpa’ por haber contribuido a ella des del mismo Ayuntamiento.Respecto a las declaraciones de Celestino Corbacho, el alcalde de Vic ha dicho que el ministro ha sido víctima de esta desinformación y esta convencido que cuando conozca las verdaderas intenciones del consistorio se saldarán los problemas. Vila d’Abadal no tiene intención, según ha explicado, de llamarlo para aclarar personalmente este embrollo.El alcalde ha señalado que el porcentaje de personas que incumple los requisitos "es bajo", ya que, según la comisión de seguimiento del empadronamiento creada en septiembre del 2009 por el consistorio, "el 2% del total de las personas que han intentado empadronarse no disponía de los documentos exigidos".El viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que no ve "amparo legal" al acuerdo tomado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic. Iceta dejó claro que en ningún caso el PSC pretende "desautorizar" al Ayuntamiento, donde gobiernan socialistas y republicanos con CiU, que ocupa la alcaldía. En la oposición están CUP, ICV-EUiA y Plataforma per Catalunya (PxC).Por suparte, CiU ha exigido a Vila d’Abadal que cumpla la ley en políticas de empadronamiento de inmigrantes. El secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, ha exigido al alcalde de Vic que cumpla la ley. "Esperamos que no haya ningún ciudadano en situación de indefensión".La localidad barcelonesa de Vic ha abierto la caja de los truenos. Bajo el escudo de la necesidad de "poner orden", la corporación municipal, liderada por CiU y apoyada por PSC y ERC, ha anunciado que no empadronará a los inmigrantes sin papeles si no han iniciado los trámites para regularizar su situación. Es una medida insólita que rechazan la mayoría de los alcaldes de la zona y que no se entiende sin la presencia en el consistorio de Vic de Plataforma per Catalunya (PxC), la segunda fuerza local, que defiende sin pudor planteamientos xenófobos (ya propuso limitar el padrón a los sin papeles 2003) y que está liderada por Josep Anglada, vicepresidente provincial en Barcelona de Fuerza NuevaEl alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal (UDC), considera demagógico atribuir a Anglada una influencia en la política local, mientras que el portavoz socialista, Josep Burgaya, niega rotundamente que el edil ultra marque la agenda política "porque no tiene ni el monopolio ni el conocimiento real de la inmigración". El tercer brazo del equipo de gobierno, ERC, asegura que gobierna sin dejarse llevar por los extremismos de "los que reclaman liquidar a los inmigrantes y los que abogan por abrir completamente las puertas", en referencia a PxC e ICV, respectivamente.Desde las direcciones de los partidos implicados, las reacciones a la negativa a empadronar inmigrantes han sido más que tímidas. CiU declinó comentarla, el PSC la calificó de discutible y ERC asegura que "no la ve bien". El anuncio de la PxC de concurrir a las elecciones autonómicas echará muy probablemente al traste el pacto tácito de los partidos catalanes de no utilizar el tema de la inmigración como arma electoral. Esa es la principal baza de que dispone Anglada, y ya sabe que funciona porque lo ha comprobado en Vic, pero también en otras poblaciones como Manlleu, El Vendrell o Cervera, donde también obtuvo concejales. PxC augura que puede obtener entre cuatro y ocho diputados en el Parlamento catalán.Además de polémico y de dudosa legalidad, el acuerdo del Ayuntamiento de Vic supone una ruptura con la política de integración de la inmigración que llevó a cabo durante 17 años el alcalde de Unió Jacint Codina, hasta el punto de que se utilizara como modelo a seguir cuando acordó distribuir a los hijos de los nuevos vecinos entre todas las escuelas del municipio, fuesen públicas o privadas.Los alcaldes de la zona temen que la expulsión de los inmigrantes de Vic les acabe creando un problema en sus municipios, y la mayoría de ellos rechazan el acuerdo adoptado en Vic. El alcalde de Calldenetes, Jaume Mas (ERC), prefiere no opinar hasta tener más información y considera que la medida no se puede adoptar de manera aislada.