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Los ministros de Economía de la UE han aprobado la apertura de un expediente formal a España por superar el listón del déficit público, situado en el 3% del PIB. Y han concedido hasta 2012 como plazo para su reducción. El incremento del déficit se debe principalmente, no al incremento de la inversión o de las prestaciones sociales, sino a los gigantescos planes de rescate bancarios. La exigencia de reducción del déficit, vistos los precedentes, es un peligro para todos. Cuando hubo que cumplir con Maastricht se echó mano de reducir drásticamente los porcentajes del PIB destinados a gastos sociales. Ahora, en plena crisis, pretenden otra vez que nosotros paguemos su déficit.
Los Veintisiete arobaron este lunes formalmente la apertura a España de un procedimiento sancionador por su déficit excesivo y dieron al Gobierno hasta 2012 para reducirlo por debajo del 3% del PIB. Los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) dieron su visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea a principios de mes, en un encuentro informal celebrada en Praga, y los titulares de Exteriores, en reunión formal en Luxemburgo, se encargaron de la ratificación oficial de la decisión. Las autoridades españolas tienen a partir de ahora un plazo de seis meses para notificar al ejecutivo comunitario las medidas que tiene pensado adoptar para reconducir el déficit. Según el calendario establecido por Bruselas y ratificado por los Veintisiete, España deberá empezar a corregir el déficit ya el año que viene, siempre que la situación económica empiece a mejorar, con el objetivo de situarlo por debajo del umbral del 3% del PIB en 2012. El año pasado y tras tres ejercicios consecutivos con superávit, las arcas públicas españoles tuvieron un saldo negativo del 3,8% del PIB. El Banco de España prevé que el déficit público alcance el 8% en 2009 y 2010, y una caída del PIB próxima al 3% en el presente ejercicio. Por lo que el esfuerzo para reconducir el déficit público por debajo de los límites exigidos por Bruselas requiere un esfuerzo brutal. Según todos los estudios, la deuda pública se duplicará con respecto al nivel de 2007, al pasar del 38,9% al 80,4% del PIB a finales de 2010, en caso de que el Gobierno acabe empleando el total de los avales públicos concedidos a la banca para garantizar sus emisiones de deuda. Y eso, sin contar con que el Ejecutivo está ultimando la aprobación de un nuevo fondo de rescate financiero dotado con cerca de 90.000 millones de euros. Y es que la principal razón del fulgurante incremento del déficit público no son las grandes inversiones en la economía productiva, que relanzarían la economía, o el aumento de las prestaciones sociales, que suavizaría las trágicas consecuencias entre las clases populares. En un 80%, el aumento del déficit se corresponde a los multimillonarios planes de rescate entregados a la banca. Y ahora pretenden que, nuevamente, volvamos a pagar nosotros el salvamento de los beneficios bancarios. Los precedentes no pueden ser más sombríos. En 1993, la entrada en el euro impuso las condiciones de Maastricht, donde figuraba el límite del 3% de endeudamiento público. España consiguió “estabilizar” sus finanzas públicas, a costa de un brutal tijeretazo a los gastos sociales. Entre 1975 y 1993, el porcentaje del PIB destinado a gasto social se multiplicó desde el 14% hasta el 24% del PIB, reduciendo la distancia con la media de la UE a sólo cuatro puntos. Pero a partir de 1993, el ajuste presupuestario que permitirá a España entrar en el euro, y que será la base del mayor periodo de expansión de la oligarquía, hace retroceder todo el camino andado. En 2006, el gasto social ha se había reducido hasta el 19,8%, y la distancia con la UE ampliada a ocho puntos. Ahora, que Bruselas vuelve a exigir una reducción drástica del déficit, debemos prepararnos para lo peor.