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La polémica Orden Ministerial del director general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), Ignasi Guardans, que garantizaba ayudas únicamente a las superproducciones millonarias, contrariamente a lo que la propia Ley del Cine expresaba, ha sido suspendida por la Comisión Europea, gracias a la lucha del colectivo de directores afectados. Esta decisión ha provocado un verdadero terremoto en el Ministerio de Cultura, a lo que siguió una gran conmoción en el mundo del cine, con cruces de acusaciones entre los propios afectados. «Cineastas contra la orden» contempla entre la indignación y la tristeza como algunos medios les acusan de ser los «culpables» de la paralización de algunas producciones en marcha. Pero ¿que intereses tienen estos grupos mediáticos y quienes son los únicos perjudicados por está medida?
El colectivo “Cineastas contra la orden”, formado or más de 200 profesionales del medio, y en el que se encuentran nombres tan ilustres como los de David Trueba o Itziar Bollaín (vicepresidenta de la Academia), ha agotado las medidas legales, y la justicia les ha dado la razón. La Ley de Cine de diciembre de 2007 no impone requisitos mínimos para acceder a las ayudas complementarias que vengan determinados por el presupuesto de la película. La orden ministerial, que desarrolla las ayudas en la citada ley, impide acceder a estas ayudas en función del presupuesto del filme. Guardans ha decidido, por su cuenta y riesgo, prestar dinero sólo a los ricos, y esta contradicción es la razón fundamental que ha llevado a Cineastas contra la Orden a impugnar el texto. A partir de ahí empieza la contienda verbal y el espectáculo bochornoso. Bajo el pretexto de que algunos rodajes previstos para las próximas semanas se han visto paralizados por el bloqueo de la ayuda institucional, los centenares de directores que se han unido para defender sus derechos se han convertido en “culpables” de situar al cine Español en punto muerto y en encargados de dividir al sector. Resulta algo más que una coincidencia que los grupos mediáticos encargados de cargar las tintas contra nuestros directores, sean precisamente los únicos monopolios que se iban a ver beneficiados con la dichosa orden, repartiéndose cada vez más grandes pedazos del pastel con el que financiar sus superproducciones en detrimento de otro cine creado con menos recursos e intenciones claramente diferentes. Pero, ¿Qué hay de verdad en estás gravísimas acusaciones? En palabras del cineasta Juan Vicente Córdoba, "En lugar de hablar de los éxitos de nuestro cine y de que hay películas que están arrasando en la taquilla, como Ágora o Celda 211 y otras más, estamos dando un espectáculo. Todas estas películas de éxito se han hecho con la anterior orden, con lo que queda claro que no es necesaria una nueva para hacer buen cine. Queremos cine para todos y no sólo para unos pocos. Queremos un cine que defienda la excepción, la diversidad y la pluralidad cultural". Además, los rodajes de grandes películas previstos para los próximos meses no se van a ver afectados por esta decisión de Bruselas, porque todos ellos optan a subvenciones a la amortización, aquéllas que se consiguen con lo recaudado en taquilla, y que se cobran dos años después. A quién si afecta negativamente, es precisamente a los nuevos realizadores y los que necesiten de la ayuda anticipada para poder empezar el rodaje.Queda claro por tanto que quién divide al cine español, haciendo gala de demagogia y culpabilizando a las víctimas, son precisamente las grandes productoras (Mediapro, Antena 3, Telecinco cinema, Sogecine), que no dudan en recurrir a sus complejos aparatos mediáticos para difamar a lo más selecto de nuestros profesionales del cine, y acaparar todo el suculento montante de dinero que su amigo Guardans pretendía regalarles ilegalmente.