Cargando...Que se siga permitiendo que haya 42 ayuntamientos gobernados por los representantes políticos de ETA tiene sus siniestras consecuencias. El pleno del Ayuntamiento de Elorrio (Vizcaya), gobernado por ANV, ha continuado con sus declaraciones de apoyo y ensalzamiento de los terroristas. Ha llegado al extremo de pedir que «se respete el derecho a vivir libremente y sin condiciones en Euskal Herria» a los presos de ETA que salen de la cárcel.
Sin embargo, lo que edimos los demócratas, los que no pueden vivir en libertad en el País Vasco, sin haber cometido más “delito” que defender la democracia para todos, es que los terroristas no salgan de la cárcel porque se les apliquen beneficios penitenciarios. Lo que pedimos los demócratas es que, incluso, cuando salgan de la cárcel después del cumplimiento íntegro de la condena, reciban el repudio y el rechazo social, en lugar de que puedan dedicarse, con el apoyo del entorno de ETA, al acoso a las víctimas y a sus familiares. Estos sí que sufren un estado de excepción permanente, y no los cobardes elementos etarras que se aprovechan de los derechos y las libertades constitucionales existentes en toda España incluido el País Vasco para practicar el terror, las amenazas y los chantajes. La otra cara de esta moción, aprobada en el pleno en la tarde de ayer, fue que contó no sólo con los votos etarras de ANV sino con los del PNV a través de la cínica abstención, pero que obviamente expresa un voto afirmativo encubierto. Postura muy característica de los jerarcas del PNV y de la jerarquía católica vasca esta aparente posición de no estar ni con unos ni con otros, o de poner a los terroristas y a sus víctimas como partes igualmente sufrientes en un “conflicto político”. Pero ya sabemos que unos son los “arreadores” y otros son los “recogedores”. Dos caras del mismo régimen étnico, obligatorio y excluyente, que debe ser desalojado del poder si queremos garantizar la libertad en el País Vasco.