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«Se dice que la presión fiscal sobre las grandes fortunas no puede incrementarse para no desincentivar la iniciativa inversora y porque los capitales huirían a otros países con fiscalidades menos fuertes. Se repite con la misma insistencia que la acumulación de capital es una condición previa para la actividad económica y el bienestar general. Estos estereotipos forman parte de las convicciones más sólidas de quienes toman las grandes decisiones económicas y políticas, y acaban calando en la conciencia pública. Pero son una trampa»
Los tres mitos forman arte de un mismo paquete, que habría que abordar con medidas combinadas como fuertes gravámenes fiscales sobre las grandes fortunas y la armonización impositiva en la Unión Europea; límites estrictos a la circulación de capitales; la erradicación de los paraísos fiscales; y armonización al alza de los derechos laborales y sociales en la UE. El dinero que va a las clases populares genera una demanda de bienes y servicios que es la base de una economía sana, mientras que el que va al bolsillo de los más ricos alimenta el potencial de especulación de estos. (PÚBLICO) EXPANSIÓN.- El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, se ha mostrado partidario de que en casos extremos y si un país no cumple con sus compromisos dentro del Eurogrupo se vea obligado a abandonar la Unión Monetaria. "Si un Estado del Eurogrupo no es capaz de recuperar la capacidad de competencia de su economía ni de sanear sus presupuestos públicos, como ‘última ratio’ debería abandonar la Unión Monetaria, aunque podría continuar siendo miembro de la Unión Europea (UE)", afirma Schäuble en un artículo que publica hoy el diario Financial Times Deutschland. LA VANGUARDIA.- Los bancos arremetieron ayer con una dureza no vista hasta ahora contra las cajas de ahorros a causa de la tardanza en el proceso de reestructuración del sector, que en los últimos meses ha avanzado con extrema lentitud, hasta el punto de que no se ha concretado aún ninguna fusión. Las diatribas provinieron de la Asociación Española de la Banca (AEB) –que agrupa a los bancos y que está presidida por Miguel Martín, ex subgobernador del Banco de España– y del Santander y el Popular. Opinión. Público Que paguen los ricos Joaquín Sempere Se dice que la presión fiscal sobre las grandes fortunas no puede incrementarse para no desincentivar la iniciativa inversora y porque los capitales huirían a otros países con fiscalidades menos fuertes. Se repite con la misma insistencia que la acumulación de capital es una condición previa para la actividad económica y el bienestar general. Estos estereotipos forman parte de las convicciones más sólidas de quienes toman las grandes decisiones económicas y políticas, y acaban calando en la conciencia pública. Pero son una trampa. Veamos lo ocurrido con los impuestos a los ricos en el país más liberal e individualista de Occidente: Estados Unidos. En años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la presión fiscal para la franja más elevada de ingresos pasó del 25% al 63% en 1932, como medio para combatir la Gran Depresión. Desde entonces hasta 1981, es decir, durante medio siglo, se mantuvo sin interrupción por encima del 63% –alcanzando picos del 94% en 1944-1945, como contribución al esfuerzo de guerra– y entre el 82% y el 91% durante los 20 años que van desde el final de la guerra hasta 1963. Luego no cesó de disminuir, hasta alcanzar el 35% el año 2009. Aquella larga experiencia de cinco decenios muestra que una clase capitalista, incluso tan poderosa como la de Estados Unidos, puede acomodarse a una presión fiscal muy alta, y que esta elevada fiscalidad es compatible con un alto crecimiento económico. Los 50 años en que la presión fiscal estadounidense estuvo por encima –o muy por encima– del 50% para la franja más rica fueron años de máxima prosperidad del país. La recaudación de impuestos en Estados Unidos hubiera podido servir para mejorar las prestaciones y los servicios públicos en beneficio de los más pobres si el presupuesto de guerra no se hubiera llevado la parte del león. Pero lo que aquí nos interesa es comprobar que durante 50 largos años la clase capitalista de la primera potencia del mundo aceptó una presión fiscal que ahora muchos pretenden que es totalmente prohibitiva e insensata. El tipo máximo del impuesto sobre la renta en España se situó en el 43% en 2008 y el de sociedades en el 30% (en ambos casos cinco puntos por debajo de los tipos máximos vigentes en 2000), y no se contempla la posibilidad de un aumento substancial de esos tipos máximos, los que pagan los más ricos. El otro estereotipo es que las diferencias de presión fiscal fomentan la fuga de capitales de los países con mayor presión a los de menor. Pero esto ocurre desde que se eliminó el control de cambios y se implantó una libertad irrestricta de circulación de los capitales. Limítese o elimínese esta libertad y desaparecerá la amenaza de fuga de capitales. Esto no es una fantasía: es también algo que ocurrió ya en épocas pasadas, y no tan remotas. Basta volver la mirada a los años anteriores a la contrarrevolución neoliberal. Algún día hay que atreverse a reimplantar marcos institucionales que lo hagan posible. El tercer mito es que hace falta dejar que los capitales puedan acumular beneficios sin límite para que la actividad económica funcione y todos salgamos ganando. Así se justifica la libertad que se concede a los capitales para desinvertir y deslocalizar –al precio de la desindustrialización de regiones enteras y de la condena de miles de trabajadores al paro– en aras de la sagrada libertad del capital para acumular, cuando lo que ocurre es que en el mundo sobra liquidez. La sobreacumulación es justamente la culpable de que se especule con cualquier cosa –con las monedas, con la deuda externa de países enteros, con la vivienda, con el petróleo, con los alimentos, etc.– buscando rentabilidades desorbitadas que no se consiguen en la economía productiva. Vivimos en un sistema enfermo que lo sacrifica todo a una acumulación de dinero no sólo innecesaria, sino perjudicial. Los tres mitos forman parte de un mismo paquete, que habría que abordar con medidas combinadas como fuertes gravámenes fiscales sobre las grandes fortunas y la armonización impositiva en la Unión Europea; límites estrictos a la circulación de capitales; la erradicación de los paraísos fiscales; y armonización al alza de los derechos laborales y sociales en la UE. El dinero que va a las clases populares genera una demanda de bienes y servicios que es la base de una economía sana, mientras que el que va al bolsillo de los más ricos alimenta el potencial de especulación de estos. (Algunos sectores populares sólo se dejan engatusar por los fondos de inversión y de pensiones cuando se les amenaza con la quiebra de la Seguridad Social, como se ha hecho tramposamente en España en los últimos 15 años). El establishment hace gestos demagógicos para la galería, como la petición al FMI por parte del Consejo Europeo (11-12-2009) de una tasa Tobin para reducir las transacciones financieras especulativas y para recaudar dinero. O promesas incumplidas de que se erradicarán los paraísos fiscales. Pero son gestos que dan la razón a quienes piensan que medidas de este tipo son las que convienen, y que no es verdad que no se pueda hacer más de lo que se hace. Las subidas de impuestos, por su parte, empezaban a figurar en la agenda europea ya en el verano pasado, favorecidas por países como Suecia y Finlandia, con una larga tradición de elevada presión fiscal y a la vez de prosperidad y buenos servicios públicos. En nuestro país, el debate sobre las pensiones y sobre la viabilidad del Estado del bienestar no puede ni debe dejar estos temas al margen. Centrar el asunto en torno a la reforma del mercado de trabajo o la prolongación de la edad de jubilación es una nueva agresión contra derechos de los trabajadores por parte de la oligarquía internacional del dinero y sus secuaces. PÚBLICO. 12-2-2010 Euro. Expansión Alemania quiere echar del euro a países díscolos El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, se ha mostrado partidario de que en casos extremos y si un país no cumple con sus compromisos dentro del Eurogrupo se vea obligado a abandonar la Unión Monetaria. "Si un Estado del Eurogrupo no es capaz de recuperar la capacidad de competencia de su economía ni de sanear sus presupuestos públicos, como ‘última ratio’ debería abandonar la Unión Monetaria, aunque podría continuar siendo miembro de la Unión Europea (UE)", afirma Schäuble en un artículo que publica hoy el diario Financial Times Deutschland. "Un Estado que no controle sus finanzas no puede decidir sobre las finanzas de otros miembros del Eurogrupo", señala el ministro alemán, quien exige que para que la Unión Monetaria continúe siendo operativa, "se debe poder suspender el derecho de voto de un país miembro no cooperativo". Schäuble ofrece además los primeros detalles de su iniciativa para la creación de un Fondo Monetario Europeo, del que debería hacerse uso solo en situaciones extremas y casos inevitables para rescatar a miembros de la Eurozona altamente endeudados. "Para garantizar la liquidez podrían ser concedidas ayudas de emergencia por un ‘Fondo Monetario Europeo’ con el fin de limitar el peligro de una incapacidad de pago", explica el ministro. Añade que esas asistencias solo deberían concederse en "casos de emergencia inevitables" que trajeran consigo un peligro para la estabilidad financiera de la totalidad del espacio del euro, señala Schäuble, quien las liga además a estrictas condiciones. Asimismo señala que "la decisión política sobre la concesión de esas ayudas debería tomarse en el seno del Eurogrupo de acuerdo con el Banco Central Europeo" y comenta que esas aportaciones podrían verse obligatoriamente vinculadas a severas sanciones dentro del marco del procedimiento sobre los déficit presupuestarios. "Se aplicarían y ejecutarían multas contra el país miembro inmediatamente después de aplicado el programa de ayuda y tras un tiempo de carencia", añade el político cristianodemócrata. La posibilidad de conceder aportaciones ligadas a severas medidas de corrección político financieras reforzaría la confianza de los mercados, evitaría que se agudizara una crisis y haría superfluo para los países del Eurogrupo acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), considera el ministro. "Sin embargo no se debe dar por hecha la concesión de ayudas de emergencia para garantizar la liquidez. Debe mantenerse la posibilidad de que un Estado caiga en la insolvencia", afirma el jefe del Tesoro alemán. EXPANSIÓN. 12-3-2010 Finanzas. La Vanguardia Los bancos acusan a la Cajas de Ahorro de ser inoperantes Lalo Agustina Los bancos arremetieron ayer con una dureza no vista hasta ahora contra las cajas de ahorros a causa de la tardanza en el proceso de reestructuración del sector, que en los últimos meses ha avanzado con extrema lentitud, hasta el punto de que no se ha concretado aún ninguna fusión. Las diatribas provinieron de la Asociación Española de la Banca (AEB) –que agrupa a los bancos y que está presidida por Miguel Martín, ex subgobernador del Banco de España– y del Santander y el Popular, por boca de Alfredo Sáenz, vicepresidente segundo y consejero delegado del primero y Ángel Ron, presidente del segundo, respectivamente. Entre los tres, que participaron en unas jornadas sobre el sector financiero organizadas por la APD y Deloitte, no dejaron títere con cabeza. Martín especialmente, que tuvo para todos. A las cajas les exigió "que revisen su modelo" y que actúen ya, sin buscar excusas en las dificultades externas, como las trabas de las comunidades autónomas o las dudas normativas que hay ahora en torno al Fondo de Reestructuración ordenada Bancaria (FROB) o el Sistema Institucional de Protección, la figura que regula las denominadas fusiones frías. Según el presidente de la asociación bancaria, "cada entidad es la máxima responsable de su destino". La segunda andanada fue, sin nombrarlo, contra el Banco de España. Martín dijo que no sería aceptable determinado uso de recursos públicos. "¿Por qué dar dinero a entidades viables? No lo entiendo, que se las apañen como todos". Junto con la crítica, el consejo: la reestructuración debe hacerse de forma "ordenada y no precipitada", como parece que acabará ocurriendo. Por último, el representante de los banqueros también se acordó de los gobiernos autonómicos al censurar veladamente lo que hay detrás de algunos de los movimientos de integración entre las cajas. Para Martín, que evocó sus recuerdos de otros momentos duros para el sector financiero, "las crisis se resuelven con más apertura y liberalización". Por eso, "no deberíamos ir a guetos y departamentos estancos" o a crear "17 sistemas financieros españoles". Alfredo Sáenz, mano derecha de Emilio Botín en el primer grupo bancario español, no dijo apenas una palabra sobre el Santander. En cambio, enumeró los errores que hay que evitar en la reordenación del sector: "permitir que sigan operando bancos débiles; salvar bancos a los que no se fuerce a reestructurar su negocio, su gestión y su capacidad instalada; no premiar la prudencia de los buenos y dar ventaja a los zombis; y salvar con dinero público lo que se puede salvar con el privado". Trasladados a España, los cuatro puntos anteriores de Sáenz implican toda una llamada al Banco de España a intervenir entidades, acometer fuertes reducciones de oficinas y de entidades, vigilar la competencia desleal y abrir a las cajas nuevas vías para que capten capital con mayor facilidad. El tercer banquero en liza, Ángel Ron (Popular), también pidió que se debatiera sobre este último punto de la capitalización de las cajas. Para este directivo, "el proceso de reestructuración del sector financiero va muy lento y es necesario que se concrete cuanto antes". Al margen de sus convicciones, el mensaje de los bancos obedece también a un interés evidente: ante la parálisis en España, los mercados están penalizando al conjunto del sector, tanto en aspectos tangibles –como su cotización en bolsa– como en su imagen externa. Ayer, la agencia de calificación de riesgos Moody’s lo avisó en una nota en la que decía que el retraso en la reestructuración del sistema financiero y el acceso con cuentagotas al dinero del FROB puede provocar la bajada de la calificación de riesgo a las entidades financieras. Y, ya se sabe, si produce una bajada generalizada en las calificaciones de la deuda, las emisiones nuevas serán más caras, con lo que todos pierden. En un momento de márgenes estrechos y morosidad creciente, es mucho lo que está en juego. Esto lo saben también las cajas. En el mismo foro financiero en el que participaron los representantes de los bancos, José Antonio Olavarrieta, director general de la CECA, repasó la situación –"es la que es, pero no peor", dijo– y pidió dos cosas. En primer lugar, insistió en la cantinela de las últimas semanas sobre las fusiones frías que, a su entender, deben poder realizarse como "agrupaciones de cajas" y no a través de un holding que sea un banco. Además, reclamó que "se flexibilicen instrumentos para captar capital". Olavarrieta se quejó del ruido que rodea a las cajas, a veces con mensajes muy negativos sobre su papel en el sector y su viabilidad. No hay para tanto, según el responsable de la CECA, a tenor de los datos. Así, los fallidos de las cajas alcanzaron los 49.400 millones en diciembre, pero estarían perfectamente cubiertos con unas provisiones de 27.500 millones. Esto se explica porque el índice esperado de severidad –los fallidos que nunca se recuperan– es del 15%, mientras que las provisiones actuales alcanzarían un escenario catastrófico en el que esa ratio se disparara hasta el 56%. Junto con esto, Olavarrieta trajo a colación las ratios de capital de las cajas, que mejoraron en el último año. Los recursos propios de primera categoría –core capital– pasaron del 6,9% al 7,1% entre diciembre del 2008 y el mismomes del 2009. Y la ratio de solvencia se elevó del 11% al 11,7% en el mismo periodo. ¿Y sobre el ritmo y el cariz de las fusiones? Olavarrieta respondió a la AEB y a Sáenz: "No entiendo lo de los guetos ni conozco ninguna entidad que no sea viable, pero las cajas tienen muy claro lo que hay que hacer". Si no han actuado antes es porque no les dejan o falla el marco legal. LA VANGUARDIA. 12-3-2010