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¿Cómo es posible que las empresas catalogadas por hacienda como «de reducido tamaño» entreguen al fisco un 31,5% de sus beneficios, mientras que los grandes monopolios del selecto club bursátil del Bies-35 sólo paguen en impuestos un 21,01% de sus ganancias? ¿No debería ser, como mínimo, exactamente al revés? Impongamos una escala de 10 niveles de tributación fiscal. Que la escala impositiva sobre los beneficios de las empresas arranque, por abajo, con el 0% de impuestos para las pymes, autónomos etc… que acumulan muy pocos beneficios. Que por arriba, los grandes bancos y monopolios tengan un nivel impositivo del 90%. Por en medio, una escala que crece 10 puntos en cada escalón. A más beneficios sobre capital, más impuestos.
¿Cómo odemos soportar un sistema fiscal tan radicalmente injusto que obliga a los pequeños empresarios a entregar a hacienda un tercio de sus modestos beneficios, mientras permite a los principales oligarcas tributar sólo el 1% de las ganancias de las sicavs donde invierten sus fortunas? ¿Cómo es posible que en los registros oficiales de cuentas de bancos y monopolios se declararan inversiones en paraísos fiscales por valor de 20.000 millones de euros –los analistas afirman que la cifra real multiplica por siete estos números-, y el Estado no haya movido un dedo para cortar con este astronómico fraude fiscal? Los beneficios acumulados por las empresas del IBEX 35 en los últimos 8 años suman una cantidad prácticamente idéntica (alrededor de 213.000 millones de euros, 35 billones y medio de las antiguas pesetas) a lo que el Estado va a tener que endeudarse en los próximos años. ¿No es de justicia que quienes más se han llevado en estos años de crecimiento sean ahora los que lleven la carga principal de los gastos que su desenfrenada voracidad ha provocado? Pues ahora mismo está ocurriendo exactamente lo contrario. Sólo 334 entidades fiancieras –bancos, cajas…- acumularon en 2007 beneficios por valor de 23.680 millones de euros, prácticamente lo mismo que el 1.101.679 empresas que Hacienda cataloga como “de reducida dimensión”. Un ejemplo de la extraordinaria concentración del capital imperante en la economía española. Cada entidad financiera ganó una media de 70 veces más que esas pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, los bancos tributaron un 20,60% de sus ganancias, mientras que a las pequeñas y medianas empresas el Estado les obligó a entregar el 31,5% de sus modestos beneficios. Y la escandalosa desigualdad se agudiza si subimos a la cúspide de la escala empresarial. El Banco de Satander tributó un 20,90% de sus ganancias -10 puntos menos que las pymes- y el BBVA un 15,07%, la mitad que las empresas “de reducida dimensión”. Las 25336 mayores empresas del país suponen solamente un 1,9% del total de empresas, pero sin embargo acumulan el 58,6% de los beneficios. Pero, al contrario de los que cabría pensar, tributan 6,4 puntos menos que el millón largo de empresas que deben contentarse con repartirse el 41,4% de las ganancias. La banca tuvo en 2008 unos beneficios de 27.828 millones de euros. Subiendo un 50% los impuestos sobre esos beneficios, el Estado podría disponer de 13.000 millos de euros más para afrontar la crisis. Con esto se podrían sacar adelante 100.000 pymes y salvar unos 350.000 empleos. O crear 500.000 nuevos puestos de trabajo. Sólo con una resdistribución fiscal, donde paguen más quienes más beneficios tienen, y menos las pequeñas y medianas empresas con modestos beneficios, podría generarse una ingente cantidad de ahorro para invertir en la economía productiva. Supongamos que a los bancos y monopolios del IBEX-35 –que duplican los beneficios obtenidos por el 1,2 millones de pymes- les aplicaramos el doble de impuesto sobre los beneficios que a las pequeñas y medianas empresas, se liberarían 25.436 millones de euros. Si al resto de bancos –de mediano tamaño- y al conjunto de empresas calificadas como “grandes” por Hacienda, les aplicamos la misma carga fiscal que a las pymes –un 31,4%- obtendríamos 40.924,7 millones de euros. Con estas cantidades, y sin tener por ello que reducir el volumen de impuestos que el Estado recauda –lo que podría afectar a otras partidas, como los gastos sociales- podría aplicarse a las pymes un tipo fiscal ultrareducido del 5%, lo que salvaría a muchas de la quiebra. Y todavía tendríamos un saldo positivo de 44.920 millones de euros, que podría dedicarse a impulsar el desarrollo productivo. Con este ahorro, se podrían sacar adelante 300.000 pymes y salvar un millón de empleos.. O crear 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo. Algo similar ocurre cuando entramos a estudiar los gravámenes fiscales de las rentas indisviduales. España es uno de los países donde las rentas del trabajo contribuyen en mayor medida a sostener los impuestos, y donde las rentas del capital obtienen mayores beneficios fiscales. Según el Informe sobre la riqueza mundial, preparado por el Banco de Inversiones Merrill Lynch y la consultora Cap Gemini, hay en España 1.500 españoles que ganan más de 24 millones de euros al año, aun cuando, según la Agencia Tributaria Española, sólo 65 ciudadanos declaran tal nivel de renta. Según la mencionada Agencia Tributaria, el fraude fiscal alcanza el 10% del PIB y se concentra en los grupos más pudientes de la población. La expresión popular de que "los ricos no pagan impuestos" se corresponde a la realidad. Frente a esta insoportable realidad, establezcamos un sistema de imposición fiscal dividida en 10 tramos, del 0 al 90%. Quien más rentas disfruta, que pague más. Quien más se ha llevado en todos estos años de crecimiento, que ahora devuelva más en forma de pago de impuestos. Que la escala impositiva arranque, por abajo, con el 0% de impuestos para quien no dispone de rentas. Que por arriba, las grandes fortunas tengan un nivel impositivo del 90%. Y por en medio, una escala impositiva que crece 10 puntos en cada escalón de rentas. A más renta, más impuestos. Potenciar el ahorro de las economías modestas, gravar las grandes fortunas improductivas.