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Según la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial debe renovarse cada cinco años. El actual lleva nueve años con la misma composición. El PP ha llevado hasta el final una estrategia de bloqueo que ha llevado al órgano de gobierno de la justicia a una parálisis casi completa.
¿Cuáles son las razones de se ha llegado a esta situación extrema? ¿Se trata solamente de una disputa partidista entre el PP y el PSOE, o hay mucho más en juego? ¿Por qué ahora Feijóo parece dispuesto a llegar a un acuerdo?
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es un tema de conversación popular, como si lo es la subida de la luz o de los precios de los alimentos. Pero es capital dentro de la estructura del Estado.
No es el ministerio de Justicia quien administra el día a día de un poder tan importante como el judicial. El órgano de gobierno de los jueces es el CGPJ. Nombra a los magistrados de todos los juzgados del país. O impone el régimen disciplinario, pudiendo expulsar a jueces díscolos de la carrera judicial.
El bloqueo de la justicia no puede explicarse solo por las disputas entre el PP y el PSOE
Y nombra a los más altos cargos judiciales: al presidente del Tribunal Supremo, a algunos miembros del Constitucional, al magistrado del Supremo que puede autorizar las actividades del CNI -el Centro Nacional de Inteligencia, los servicios secretos españoles-.
De ellos dependen cuestiones decisivas. Cuando se intentó aprobar un cambio en la ley hipotecaria que perjudicaba a los bancos, el presidente del Supremo intervino para defender los intereses… de la banca.
Esto, y no disputas entre el PP y el PSOE, está en juego cuando se dirime la composición del CGPJ.
¿Por qué lleva cuatro años bloqueado? En otras ocasiones, siempre por responsabilidad del PP, se habían producido retrasos en su renovación, pero jamás de la magnitud actual. La situación actual no se explica solo por la “intransigencia de una derecha que se salta la ley”. Es algo más profundo.
El PP se negó a renovar al CGPJ al tiempo que tildaba de “ilegítimo” al actual gobierno. Desde los grandes centros de poder internacionales y nacionales se había vetado la formación de un gobierno de coalición de izquierdas. Pero la sociedad española votó por dos veces -fue necesario repetir las generales- para que eso se produjera.
Un pacto para renovar el CGPJ abriría las puertas a futuros acuerdos entre PP y PSOE que impongan una nueva versión del bipartidismo.
El bloqueo de la renovación del CGPJ perseguía que no se trasladara a un órgano clave del Estado una correlación política donde pudiera ganar peso la influencia de la mayoría social progresista. Utilizando los mecanismos antidemocráticos de control sobre un órgano cuya composición no emana, como el parlamento, directamente de las urnas.
Si ahora parece que puede alcanzarse un acuerdo entre PP y PSOE es porque el nuevo CGPJ tendrá una vida corta. Deberá volver a renovarse cuando, en un plazo máximo de poco más de un año, vuelvan a celebrarse elecciones generales.
Abriendo paso a nuevos “pactos de Estado” donde los dos grandes, PSOE y PP, lleguen a acuerdos en los que se coloquen límites a la izquierda.