Visto para sentencia el juicio a los dirigentes del procés

Que el juicio no tape la verdad

Los falsos disidentes

Una de las principales mentiras difundidas en este juicio es la de presentar que al enjuiciar a los políticos presos se están emprendiendo “una causa contra dos millones de votantes independentistas”.

No es verdad. El “procés” no ha sido nunca un movimiento asambleario impulsado desde las bases, y al que se sumaron los políticos de forma oportunista. 

El “procés” ha tenido siempre dueños. Y son los intereses de estas élites los que han determinado su desarrollo. Cuando en 2012 el “procés” se pone en marcha, España estaba siendo sometida a un brutal ataque para imponerle un draconiano programa de recortes. Es en estas condiciones que las élites independentistas valoran que “se ha abierto una ventana de oportunidades” para, en palabras de Artur mas “aprovechar la debilidad de España”.

Y pudieron hacerlo porque, frente a la falsa imagen de “disidentes” y “perseguidos” que se han auto-fabricado, los Pujol, Mas, Puigdemont, Torra o Junqueras, son una élite que ostenta el poder en Cataluña desde hace 40 años.

Ejercen el control sobre una comunidad, Cataluña, cuyo PIB, de 223.139 millones, es superior al de muchos países de la UE. Y administran en función de sus intereses un presupuesto autonómico de 35.000 millones, el doble de todo el dinero destinado a pagar subsidios a los más de 3 millones de parados.

Pueden controlar a un cuerpo de 278.000 funcionarios o emplear un entramado de más 200 empresas públicas. Y han levantado un enorme aparato de propaganda, con TV3 como punta de lanza.

Han creado un auténtico régimen clientelar, que actúa como un pulpo capaz de extender los tentáculos de su poder al ámbito económico, político, cultural, mediático…

Identificar a esta élite con “el movimiento independentista” es borrar su carácter depredador. Quieren la independencia para incrementar su poder y control sobre la sociedad catalana.

La mentira de que “los catalanes decidan”

Desde las defensas de los acusados se argumenta que en el juicio se está “persiguiendo la democracia”, y que el 1-O solo pretendía que “los catalanes votaran para poder decidir su futuro”.

La realidad es exactamente la contraria. 

Las élites independentistas se llenan la boca del “derecho a decidir”, pero en los hechos practican la imposición antidemocrática.

Cuando el pueblo catalán ha podido expresarse democráticamente quienes han apoyado a opciones independentistas jamás han superado el 38% del censo. Una mayoría, dos tercios, de los catalanes jamás han apoyado la independencia, pero Puigdemont o Junqueras se permiten hablar en su nombre para imponer la ruptura. 

Esta es una “estafa antidemocrática”, como lo fue el referéndum del 1-O. Se admite que en él votaron más de dos millones de catalanes, ¿pero quien lo acredita? El 1-O no existió poder electoral independiente, no se fiscalizó ni las condiciones del voto ni el recuento por parte de una autoridad donde estuvieran representadas todas las opciones. Careció de las más elementales condiciones democráticas, pero Puigdemont afirma que del 1-O “emana un mandato” que hay que imponer a todos los catalanes.

El extremo de este pensamiento excluyente es cuando se niega la condición de catalanes a quienes no están dispuestos a admitir la independencia. O se ampara desde la Generalitat que se amedrente y silencie al disidente, a quienes se sienten tan catalanes como españoles.

Las últimas elecciones municipales han sido una demostración más de cual es la auténtica realidad de Cataluña. Las formaciones que defendían la independencia han retrocedido desde el 42,34% de los votos cosechado en 2015 al 40,38% en 2019. Y quienes más han retrocedido son los representantes más agresivos de la fragmentación. Las candidaturas amparadas por la Assemblea Nacional Catalana, que reclamaban avanzar de forma efectiva hacia la independencia, han quedado reducidas a un lugar marginal, obteniendo representación solo en 14 ayuntamientos. Y Junts per Catalunya, llevando como emblema a Puigdemont, ha perdido en las municipales, donde se decidía poder efectivo, ha perdido 150.000 votos y 539 concejales respecto a los que CiU tenía hace cuatro años.

Este, y no la “justicia española”, es el principal problema para las élites del procés. No pueden conquistar una mayoría bajo medios democráticos, porque una mayoría de los catalanes rechaza la fragmentación y defiende la unidad.

Estas son verdades que conviene recordar ahora que, con el juicio del “procés” visto para sentencia, vamos a asistir a una nueva ofensiva para distorsionar la realidad.

Un comentario sobre “Que el juicio no tape la verdad”

  • Estupendo resumen pero yo más bien creo que los grandes poderes económicos catalanes más que ser clientes han sido discretos promotores de la cuestión hasta que en el último minuto se han dado cuenta de la inviabilidad y, de alguna manera, le han dado la espalda.

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