Cargando...El Congreso de los Diputados y el Parlament de Cataluña dieron ayer cumplida cuenta de su imprescindible utilidad en el control de la vida democrática, la vigilancia sobre los dirigentes y la fiscalización de las conductas deshonestas a cuenta del caso del ex presidente de la Generalitat y ex Molt Honorable Jordi Pujol.
El hemiciclo autonómico decidió por unanimidad citar a Pujol para que comparezca y explique su caso de fraude fiscal ininterrumpido y ocultado durante 34 años. La noticia indica que las instituciones, incluso las monopolizadas por círculos cerrados durante años, son capaces de contribuir a la decencia pública. Lo discutible es el formato, que no prevé preguntas ni respuestas, lo que reducirá la claridad pretendida. Pero si Pujol se negase a aclarar las cosas, anteponiendo (como en su obstruccionista deposición ante Hacienda, negando que hubiese nada que declarar) su táctica defensiva a la promesa de transparencia que lanzó en su comunicado del 25 de julio, o los intereses de su clan patrimonial/familiar a su deber como ciudadano, quedará abierta la puerta al establecimiento de una comisión de investigación.
Esta acabará imponiéndose como necesaria, a medida que las explicaciones se revelen insuficientes. Una comisión que no duplique las tareas de fiscales y jueces al elucidar las eventuales responsabilidades penales del expresidente, sino que se dedique a averiguar —y en su caso, cuantificar— los posibles perjuicios ocasionados por los Pujol a los ciudadanos mediante la distorsión y/o corrupción en los contratos, las concesiones, las licitaciones y los proyectos de la Generalitat que el principal de ellos presidió durante 23 años. Hace falta que se sepa si se ha producido un saqueo como el ocurrido en el Palau de la Musica —el más grave asunto de corrupción en Cataluña— un caso por el que el partido pujolista, Convergència Democràtica, tiene judicialmente embargada su sede, como presunto beneficiario. Adicionalmente, convendrá conocer las cuantías en que el expresidente, esposa e hijos defraudaron a la Hacienda española (y por tanto, a la catalana), aunque solo sea para saber si su entrega a la patria tuvo episodios gratuitos o fue enteramente gravosa para los contribuyentes.
Ante el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue rotundo sobre la presunción de culpabilidad de Pujol (no descartó “uno o varios delitos”); al alabar la labor policial y de la Agencia Tributaria como factores que forzaron la afloración del caso; y al ligar el fraude al independentismo. Sobraron demasiadas interpretaciones sobre esto último porque de lo que se trataba era de ofrecer información a la ciudadanía y colmar así su legítimo deseo de saber; y no de establecer juicios ideológicos. Y faltaron datos: el más relevante, si desde finales de 2012 se investiga oficialmente el caso, ¿por qué entonces se demoró la interposición de una denuncia, que habría impedido la obstrucción de un eventual procedimiento penal, a la espera de la “confesión” del jefe del clan?
Aunque varias críticas de Montoro a la conducta fiscal de Pujol sean compartibles, su contribución tampoco aumentó mucho la luz sobre el caso.