Puigdemont, anuncia para el 1 de octubre el referéndum sobre la independencia

Independencia unilateral de Cataluña en octubre de este mismo año. Este escenario, impensable para muchos hace pocas semanas, ha pasado de ser una amenaza latente a convertirse en un proyecto político concreto que avanza de forma efectiva.

El procés soberanista en Cataluña ha entrado en una nueva fase de aceleración y agudización donde el peligro de secesión se ha convertido en una amenaza real que puede consumarse en el plazo de unos pocos meses.

No sabemos todavía su desenlace, pero la sociedad española debemos ser conscientes de que enfrentamos un momento crítico cuyo desenlace va a tener hondas consecuencias para todos.

No son opiniones. Son hechos contundentes. Se ha producido un salto cualitativo en los proyectos de fragmentación, caminando ya abiertamente hacia un enfrentamiento cuyo contenido principal ya no es la celebración o no de un referéndum sino la ejecución de la fragmentación de Cataluña del resto de España, en un plazo fijado para el comienzo del próximo otoño.

Nunca antes habían coincidido los grandes medios de Madrid y Barcelona en advertir sobre los riesgos reales de fractura. Mientras El Mundo editorializa que “el desafío secesionista es una realidad que el soberanismo pretende ejecutar en los próximos meses”, La Vanguardia advierte de que “el órdago está echado” y que “por primera vez el procés empieza a verse como una amenaza real”.«Se abre un periodo con un final incierto, donde la consumación de la ruptura entre Cataluña y España está encima de la mesa como una opción real»

Pero al margen de valoraciones, que pueden ser acertadas o erróneas, los hechos confirman tozudamente que afrontamos, no un nuevo episodio de agudización del procés que como en otras ocasiones acabará reconduciéndose, sino ante un nuevo escenario, un momento de máximo riesgo para la unidad.

Desde la Generalitat encabezada por Carles Puigdemont se ha lanzado un auténtico ultimátum al Estado: o un referéndum imposible de aceptar o independencia unilateral. Pero, a pesar de toda su propaganda, Puigdemont no está preparando la celebración de un referéndum, sino las condiciones para hacer efectiva la independencia.

El grupo parlamentario de Junts pel Si -en el que se integran la ex Convergencia y ERC- ha preparado, en secreto y a espaldas del propio parlamento catalán, las medidas que harían posible la fragmentación. A través de una “ley de transitoriedad” -entre la legislación española y la catalana- que planifica hasta el último detalle de un nuevo Estado independiente.

Legisla sobre aspectos nodulares como la obtención de la ciudadanía catalana. Impone el control de los medios de comunicación, ya previamente a la celebración del referéndum. Coloca la justicia bajo la dirección del poder político, vulnerando la división de poderes. Se apropia de todos los bienes pertenecientes al Estado español. Coloca a todos los funcionarios bajo el control directo de la Generalitat…

Este cuerpo legal no tiene como objetivo la celebración de un referéndum, sino la ejecución de la independencia antes de que los votantes se pronuncien. «Dar una respuesta adecuada exige enfrentar la realidad, y los peligros y consecuencias que entraña para el país y toda la sociedad «

Por eso se ha mantenido en secreto. Y, en una inaudita maniobra, se ha reformado el reglamento del Parlament para imponer su tramitación de urgencia, eliminando los mecanismos de control del propio Parlament. La oposición dispondrá tan solo de 48 horas desde su presentación para estudiarlas antes de ser aprobadas.

No se puede someter a un debate democrático en el Parlament. La ruptura debe ser impuesta a golpe de rodillo.

Un desafío de ruptura que ya no admite marcha atrás por parte de las cabezas de la fragmentación (Puigdemont y el PDeCAT, pero tampoco ERC), y que vuelve a colocar en primer plano la amenaza contra la unidad.

Han pisado el acelerador de la propaganda, en una campaña dirigida no a la exigencia de un referéndum sino a defender el sí a la independencia. Lanzando a las organizaciones que han actuado como fuerza de choque social de la ruptura, como la Assemblea Nacional Catalana, Omnium Cultural o la Associació de Municipis per la Independéncia. Creando una “radio del sí” que cada día difundirá una razón que avale la independencia. Toda una ofensiva que busca el objetivo de ampliar la base de masas que cuanto menos acepte una independencia unilateral.

La respuesta del Estado y de la oligarquía español corrobora la gravedad de los ataques. Con un Rajoy anticipando que no va a consentir esta vez la celebración de “otro 9-N”, incluso aunque no tenga validez jurídica, que ya ha declarado estar dispuesto a “utilizar todos los medios para impedirlo” y ha advertido que “el Estado tiene democráticamente mucho poder”.

Las posiciones que minusvaloran la gravedad de la amenaza, alegando que la ruptura es un escenario imposible y que este nuevo órdago es solo una carta desde Barcelona para obtener mejores réditos en una futura negociación, contribuyen a desarmar a la sociedad española.

Se abre un periodo con un final incierto, donde la consumación de la ruptura entre Cataluña y España está encima de la mesa como una opción real, y que anticipa en un futuro inmediato convulsiones de imprevisibles consecuencias.

Dar una respuesta adecuada exige enfrentar la realidad, y los peligros y consecuencias que entraña para el país y toda la sociedad, especialmente para unas clases populares que sufrirían en primer término los efectos de una ruptura.