Un juzgado madrileño dictamina que incumplir el programa electoral no es delito

Pues deberí­a serlo

El juzgado mercantil número cuatro de Madrid acaba de publicar una de las sentencias más sustanciosas de los últimos años. Ha rechazado la demanda por publicidad engañosa que presentó un abogado contra el programa electoral del PSOE de 2004, flagrantemente incumplido en numerosos puntos. Y ha dictaminado que no se puede reclamar a los gobiernos ni a los partidos polí­ticos el cumplimiento de sus programas polí­ticos. Es decir, según el actual sistema legal, nuestra clase polí­tica goza de absoluta impunidad para mentir, engañar y manipular a sus votantes, para decir una cosa en la campaña electoral y luego hacer desde el poder exactamente lo contrario. ¿No deberí­a ser un delito, y especialmente castigado, el incumplimiento de las promesas electorales? ¿No deberí­amos disponer los ciudadanos de mecanismos, incluso penales, para exigir a los polí­ticos que respondan de sus compromisos?

La regeneración democrática es ciertamente una de las asignaturas endientes de la política española. Padecemos una “partitocracia” que otorga a los principales partidos un poder omnímodo, encumbrados como una casta intocable y blindada ante los ciudadanos que dicen representar.Estamos hartos de que prometan y prometan… y luego incumplan e incumplan. Recordamos el “OTAN, de entrada no”, transformado después en OTAN más bases. Y está demasiado cerca el “no nos falles” gritado a Zapatero durante la noche electoral de 2004, que ahora resuena cuando el actual presidente regala planes multimillonarios a los banqueros mientras mantiene a un millón y medio de parados sin cobrar prestación alguna.El más alto ejemplo del desprecio a los votantes lo protagonizó López Aguilar, cuando tras dejar el cargo de ministro de Justicia para presentarse como candidato a la presidencia de Canarias, plagió literalmente el programa electoral que llevó a Ciudadanos al parlamento catalán. El PSOE y López Aguilar estaban en contra de todas las medidas que proponía el partido de Albert Rivera. ¿Pero qué más da lo que pongamos en el programa electoral, si no vamos a hacer nada de lo que digamos? Pues copia este mismo.Hasta aquí llega la desvergüenza de nuestra clase política.La sentencia del juzgado madrileño tiene la virtud de poner el problema encima de la mesa. El abogado José Luis Mazón presentó una demanda contra el PSOE, acusándolo de incumplir el programa electoral de 2004. Para ello, Monzón esgrimía el artículo 2 de la Ley General de Publicidad (LGP), que establece el deber de veracidad de ésta. Y denunció al PSOE por publicidad engañosa.El juez ha rechazado la demanda alegando que los partidos no son empresas mercantiles, y por tanto no deben someterse a dicha ley. Pero a continuación añade que “no se puede reclamar a los gobiernos ni a los partidos políticos el cumplimiento de sus programas políticos”. Y este es el fondo del problema. ¿Por qué no existe ninguna obligación legal de que un candidato responda de su programa? ¿Por qué nose ha promulgado ninguna ley que persiga penalmente a los políticos que incumplan flagrantemente su programa electoral? ¿Por qué no disponemos los votantes de medios para solicitar el amparo de la justicia ante los desmanes de los políticos?Los políticos deben de responder de sus programas. Y sobre todo, los votantes debemos poder controlar a los políticos.Es imprescindible la formación de Asambleas de Electores, donde los representantes políticos deban responder de los compromisos contraídos con los votantes, y los ciudadanos podamos someter a control y fiscalizar a los políticos.Ya está bien de que la democracia se reduzca a votar cada cuatro años, y luego si te he visto no me acuerdo… o donde dije digo, digo Diego.

Deja una respuesta