Cargando...Si la pena a Félix Millet no excede los dos años fruto de su arrepentimiento y que ha pagado 3 millones de euros y puesto a disposición del juez todo su patrimonio, entonces Millet no entrará en calabozo alguno. Además, el caso está en manos de un juez que ha afirmado que no irá más allá de los confesado por el «saqueador» del templo, en absoluta consonancia con la decisión de CiU y PSc de no crear una comisión parlamentaria para investigar el asunto Palau.
La institución catalana, que en los sesenta fue el temlo donde la generación de los Pujol y compañía retaron al régimen franquista mientras sus mentores hacían buenos negocios con él, hoy es el templo del régimen burocrático-administrativo en que se ha convertido la élite política y financiera catalana. En el libro “L’oasi català”, Andreu Farràs y Pere Cullell hablaban de las cien familias que se reparten el poder, algo que confirma el propio Millet: "Somos unos cuatrocientos y siempre somos los mismos", citando como lugares de encuentro el Orfeó Català, el Círculo del Liceo, la tribuna del FC Barcelona y La Caixa.”Si se ha mirado hacia otro lado durante treinta años no es sólo por la confianza que pudiera inspirar el “patricio” Millet por su linaje. Se estaba respetando un canal histórico de financiación de CiU en cuyo seno no practicaba nada diferente a lo que vienen practicando impunemente las administraciones catalanas desde la transición: informes falsos o inútiles, sobrevalorados, licencias de obra a grandes y medianas constructoras y exigencia de un peaje, pagos exagerados por servicios a empresas fantasma o del entorno y colocación de familiares y amigos más o menos cercanos en puestos de poder o como asesores. Lo que no se podrían imaginar era la dimensión del desfalco para fines personales, pero es imposible que los patronos de 200 empresas y más de cien familias de la élite catalana dieran permanentemente por buenos los balances de cuentas de Millet, un simple folio con entradas, salidas y superávit (tal como ha denunciado públicamente uno de los Patronos de la familia Rodés). ¿Acaso gestionan así sus empresas?Pero también hubo connivencia de los poderes públicos, auténticos titulares del Palau. La Sindicatura de Cuentas realizó su última auditoría al Palau de la Música y las instituciones que lo rodean en el año 2000. Detectó graves irregularidades, pero el informe se elaboró en 2002 y no llegó al Parlament hasta febrero de 2003. El Síndic se excusa diciendo que no se actuó por falta de recursos económicos y no se verificó con posterioridad si sus indicaciones se cumplían. Ninguna de las administraciones que tan generosamente habían financiado el Palau había detectado irregularidades. ¿Acaso gestionan así el dinero público en la Generalitat?Una institución privada que maneja subvenciones públicas y, a su vez, canaliza importantes donaciones hacia partidos políticos que gestionan las ayudas públicas. Estos partidos tienen fundaciones, en el caso de CDC la Trias Fargas, que canalizan de nuevos importantes donaciones de empresas privadas a las cuales CDC les concede licencias de obras públicas por valores enormes. ¿Podría ser este el 3% que insinuó Maragall se cobraba CiU en mordidas por la concesión de obras públicas? El director de la Fundació Trias Fargas, Agustí Colomines, insinuó que tiene muchas cartas en la manga caso de que se le asocie al caso Palau y se le requiera la devolución de los más de 630.000 euros recibidos del Palau de la Música y del Orfeó Català: “Si a uno le van presionando, al final uno dice: si me presionan, entonces nosotros lo explicaremos todo, extenderemos de forma generalizada la sospecha de todo y pondremos en crisis al sistema y esto es Italia”. Nunca mejor dicho. En Catalunya se está firmando un nuevo pacto d’Omertá (silencio para encubrir a la mafia).Por tanto, es imprescindible que la investigación judicial ponga el punto de mira no sólo en Millet, su socio, y familiares, sino que se debería de interrogar a todos los patronos y beneficiarios de la actividad de Millet, conocer su conocimiento y participación de la trama. Todos deben devolver lo robado, incluso los que alegan no conocer la procedencia de los fondos. Se deben imponer penas de cárcel e inhabilitación para cargo público a toda la trama, se deben imponer medidas disciplinarias (llegando a la expulsión) a los miembros de las fundaciones que han tolerado conscientemente esta situación. Se deben aplicar las máximas penas de cárcel que la ley prevea, tratando el problema no como enriquecimiento personal ilícito sino como trama organizada, bandas organizadas para el robo y el saqueo. Sería ahora el momento propicio para crear asociaciones ciudadanas contra los delitos de estado, formadas por abogados independientes respaldados socialmente por personalidades de todos los campos de la cultura y del pensamiento, que persiguieran estos delitos como tramas organizadas, impidiendo tanto la impunidad (conseguida aprovechando los vericuetos de las leyes y las conexiones con el poder) y que desaparezcan sus conesiones con aparatos y centros de poder nacionales o de fuera.