Reforma de la ley electoral

Pucherazo caciquil

La irrupción de un poderoso viento popular y patriótico en las pasadas elecciones europeas, sostenido por una progresión creciente de las movilizaciones populares y expresión de cómo una mayorí­a social está buscando dotarse de un programa polí­tico que sea capaz de cambiar la correlación de fuerzas, arrinconar a los partidos de la troika y convertirse en una alternativa de gobierno, ha sacudido el modelo bipartidista y obligado a sus mentores a reaccionar de inmediato.

El espectacular ascenso de Podemos que todas las encuestas pronostican, el crecimiento de IU, UPyD y Ciudadanos y la aparición en numerosas ciudades de movimientos que buscan crear una candidatura de unidad popular entre fuerzas políticas y movimientos sociales para las municipales, han obligado al gobierno a mover ficha. “Junto a la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma de la ley electoral marca una auténtica regresión democrática” Presentándola desvergonzadamente como una medida de “regeneración democrática”, la reforma ideada por el PP busca otorgar una prima de sobre-representación a los partidos más votados -que, en gran medida serían PP y PSOE a escala nacional, y CiU y PNV en muchas de las más importantes localidades de Cataluña y Euskadi-, de tal forma que bastaría con sacar el 40% de los votos, y una ventaja de 5 puntos sobre el siguiente partido más votado, para obtener la mayoría absoluta de concejales. Asegurándose con ello no sólo la elección del alcalde, sino su mantenimiento durante los siguientes cuatro años, al quedar excluida de antemano la posibilidad de que las fuerzas de oposición, pese a que juntas representen mucho más del 40% obtenido por el partido ganador, puedan coaligarse para presentar una moción de censura. ¿Se atreverán a hacerlo?Por el momento, el PP se ha encontrado con el rechazo frontal del resto de fuerzas políticas, a excepción de CiU que ha manifestado tibiamente que está dispuesto a estudiar la propuesta. El PSOE, por su parte, dice estar predispuesto a negociar una reforma de la ley electoral para que en los municipios gobierne la lista más votada -de hecho es uno de los puntos de su programa electoral-, pero no antes de las próximas municipales ni con el formato de sobre-representación, sino a través de una segunda vuelta electoral entre las dos listas más votadas. Pedro Sánchez, el nuevo líder socialista, se enfrenta a un dilema de difícil solución. Por un lado, una reforma de la ley electoral quizás le permitiría, al menos teóricamente, “salvar los muebles” en muchos municipios, utilizando una argucia legal para que su hundimiento electoral no se traduzca en una nueva hemorragia de pérdida de representación institucional. Pero, por otro, su dirección actual es consciente de que llegar a un acuerdo con el PP sobre este tema contra el resto de fuerzas políticas sería, en estos momentos, poco menos que el harakiri definitivo para su organización.Para el PP, atreverse a hacer en solitario una reforma de este calado, usando el rodillo de su mayoría absoluta, puede reportarle beneficios a corto plazo, permitiéndole retener algunas de sus alcaldías más emblemáticas (Madrid, Valencia, Sevilla,…) que ahora mismo corre el riesgo de perder. Sin embargo, una maniobra de este tipo tiene también su coste político y electoral. Si ya el pasado 25-M perdieron a millones de votantes como consecuencia de su política de empobrecimiento y recortes, un pucherazo caciquil de este tipo, que supone un auténtico recorte democrático en toda regla, puede costarle también un alto precio. Junto a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma de la ley electoral marca el principio de los recortes democráticos. Avanzar en la degradación y el saqueo exige recortar la democracia y los derechos y libertades. A mayor explotación y saqueo de los trabajadores y los ciudadanos, más oposición y rebelión encuentran. Y más necesario se hace recortar las libertades y secuestrar la democracia para tratar de impedir que el rechazo popular se manifieste y se organice políticamente.Por una verdadera regeneración democráticaSi de verdad cualquier fuerza del bipartidismo estuviera dispuesta a atender las reclamaciones ciudadanas de una regeneración democrática de nuestro sistema político, lo primero que tendrían que hacer es cambiar la actual ley electoral basada en las reglas D’Hont por otro sistema más democrático, proporcional y equitativo. En el que las fuerzas políticas minoritarias no salgamos, de entrada, con una desventaja enorme con respecto a los grandes partidos en todos los terrenos: desde el recuento electoral, hasta en la aparición en los medios de comunicación pasando por la financiación pública. Esta es una exigencia común en el programa de numerosas fuerzas, corrientes y personalidades democráticas, de izquierdas y progresistas: la reforma de la Ley electoral, la ampliación del derecho al referéndum y la iniciativa legislativa popular, la introducción de una mayor transparencia en las cuentas públicas y mecanismos de control ciudadano… Sin embargo, sólo con esto no basta para una auténtica regeneración democrática. Desde hace ya más de 20 años, nuestro partido, UCE, viene defendiendo la necesidad de las Asambleas de Electores, como expresión de un nuevo tipo de democracia, de una nueva relación entre electores y elegidos.Para regenerar la democracia, Asambleas de ElectoresE. P.La impunidad que disfruta la clase política le permite imponernos una catarata de recortes que viola abiertamente el compromiso adoptado en sus programas electorales. Y lo peor es que no pasada nada.“Cuanta más capacidad de decisión tengamos la mayoría, mejor podremos defender nuestros intereses” Todo el sistema político español está diseñado para blindar a unas élites políticas que acatan los dictados del FMI o Berlín. Y para impedir que la voz popular pueda expresarse políticamente.Nuestro partido, y la Agrupación Electoral Recortes Cero que en las pasadas elecciones europeas hizo suya y empezó a desarrollar en la práctica esta idea, proponemos darle la vuelta a esta situación. A través de Asambleas de Electores que impongan un severo control popular sobre los representantes políticos. Se trata de una apuesta por ampliar la democracia, cada vez más estrecha para la inmensa mayoría sin voz o con la voz distorsionada por unas leyes cada vez más restrictivas.Nuestro programa propone formar Asambleas de Electores en cada barrio, pueblo o ciudad, un instrumento de participación democrática y capacidad de decisión popular.Donde los cargos públicos electos estén obligados a responder ante sus votantes, y en la que los electores tengan la capacidad de revocar el mandato otorgado en caso de incumplimiento del programa para el que fueron votados.Asambleas de electores en cada distrito que realizan reuniones periódicas para valorar el trabajo de los candidatos, seguir la aplicación del programa electoral y presentar nuevas propuestas y demandas. Asambleas vinculantes, ante las que los candidatos se comprometen a acudir periódicamente para rendir cuentas y someterse a las decisiones democráticamente aprobadas. Asambleas decisorias, que dispongan del poder de renovar la confianza a los candidatos o, por el contrario, de revocarlos, si estos han sido elegidos e incumplen el contrato político por el que fueron votados.Una alternativa que conecta directamente con la exigencia de “democracia real” expresada por movimientos como el 15-M, y que apoya la gran mayoría de la población. Una alternativa para asentar los principios y la práctica de una participación ciudadana que se convierta en garantía fundamental de una nueva democracia.Cuanta más capacidad de decisión tengamos la mayoría, mejor podremos defender nuestros intereses. Cuanto más control ciudadano se imponga sobre los representantes políticos, menor margen tendrán para ejecutar sus abusos y desmanes.

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