Cargando...En la pasada Eurocopa de fútbol, celebrada en Polonia y Ucrania, me sorprendió leer una noticia en la que dos de las principales constructoras polacas habían presentado concurso de acreedores por las grandes pérdidas derivadas del sobrecoste de la construcción de varios de los estadios de fútbol del país. Es decir, ganaron el concurso público, pero sus costes de construcción fueron muy superiores a los previstos, lo que les provocó grandes pérdidas y la suspensión de pagos.
Ya no me acordaba de que una empresa constructora tenía riesgos en sus proyectos, ya que en España cualquier obra pública adjudicada por el Estado acaba costando mucho más y habitualmente es asumido por el Estado. Eso no quita que estas mismas constructoras estén muy bien consideras internacionalmente por la calidad de sus proyectos, con adjudicaciones de obras en las principales ciudades del mundo. Seguramente, esta buena imagen internacional ha contribuido a que el gestor de las inversiones de Bill Gates, Michael Larson, posiblemente a través de la sociedad Cascade Investment LLC, con la que suelen invertir en empresas cotizadas, haya invertido algo más de 110 millones de euros en la española FCC (6% de la compañía) de Esther Koplowitz.
Vamos a analizar la operación financiera del ya famoso proyecto Castor de almacenaje submarino de gas delante de la costa mediterránea, ya que en mi opinión recoge todos los típicos vicios de la estrategia propia de la relación entre algunas constructoras y los políticos.
La compañía ACS, de Florentino Pérez, vio una gran oportunidad en la necesidad española de tener suficientes reservas de gas almacenadas. No sé si lideró la creación inicial del proyecto, pero en cualquier caso sí que le dio el impulso necesario y se hizo con la mayoría de las acciones del proyecto.
El pasado 21 de diciembre de 2007, la empresa ACS publicó el siguiente anuncio oficial:
«Por este acuerdo, ACS aumentará su participación en Escal UGS S.L. (la compañía española que desarrolla el proyecto) desde el 5% hasta el 66,67%. Castor Limited Partnership (CLP), de la que Eurogas posee un 73,7%, tendrá el 33,33% de Escal UGS. Cuando entre en funcionamiento el almacenamiento subterráneo de Castor, ACS venderá a Enagás la mitad de su participación del 66,67%. A partir de ese momento CLP, ACS y Enagás poseerán un 33,33% de Escal UGS cada una. La inversión total se estima actualmente en más de 1.200 millones de euros».
Ni ACS ni Enagás han publicado los términos del acuerdo, es decir, el precio de la compraventa, aunque algunos medios lo cifran en unos 400 millones de euros para este 33,33%.
A partir de los datos públicos, puede intuirse que este ha sido el proceso:
1.- La sociedad propietaria del Castor pide un préstamo a siete años, que le conceden 19 bancos para iniciar las inversiones del proyecto.
2.- En julio de 2013, la financiación bancaria es sustituida por una emisión de bonos en Luxemburgo a 21,5 años al 5,756% de interés, por una cifra de 1.400 millones. Por suerte, la mayoría son inversores internacionales, aunque otra vez se resiente la marca España. En esta emisión, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) invierte directa e indirectamente nada menos que 500 millones.
3.- Al mismo tiempo, ACS negocia con la empresa semipública Enagás la venta de la mitad de sus acciones, un 33%, manteniendo a priori el resto y quedando el accionariado final repartido a partes iguales entre ACS, Enagás y CLP.
4.- Para cuadrar el círculo, la empresa de Florentino Pérez firmó una cláusula que todo empresario soñaría en cualquier proyecto. En el caso que el proyecto Castor sea un completo desastre económico, incluso aunque sea por negligencia de sus gestores, la compañía recibirá una indemnización por parte del Estado.
5.- Florentino consiguió incluso mejorar el valor del proyecto al elevar el tratamiento del Ministerio de Energía en un real decreto firmado por el ministro Soria en diciembre de 2012, aumentando el valor de la misma.
Los costes que debería asumir el Estado español si se cierra el proyecto son de unos 1.700 millones de euros, según ha declarado recientemente el ministro Soria. “Esta cantidad incluye un coste de inversión reconocido de 1.272 millones de euros, 200 millones por la compra del gas colchón ya inyectado y otros 200 millones en costes financieros”. El Estado paga incluso los intereses de la deuda de la operación. No me extraña que todo se financiase con deuda y que, como parece, ACS no haya aportado un céntimo en la financiación de la operación.
Qué gran operación para ACS: coordina un proyecto que lo financia con deuda sin aportar capital, teniendo pactada una salida parcial con una empresa semipública, en la que diversos ministros de todos los Gobiernos del PSOE-PP firmaron las distintas fases en el tiempo y que, si finalmente el proyecto fracasa, lo paga el Estado. Para desgracia de la compañía constructora, por no realizar los estudios suficientes, por ir a un ritmo de inyección de gas demasiado rápido o por mala suerte, los terremotos en la zona han lanzado el proyecto a la luz pública. De hecho, con estas garantías del Estado, ¿para qué necesitas hacer grandes estudios geológicos si no asumes ningún riesgo financiero en el proyecto ni en los escenarios negativos?