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Feas deben estar las cosas cuando El País dedica su editorial del domingo y buena parte de sus suplemento económico Negocios a conjurar el fantasma de la deflación, «la nueva frontera del pánico económico» como la denomina el diario. Pánico al que califica de ancestral y al que, como todos los miedos atávicos, otorga el poder de crear un «estado de ánimo… que impide el crecimiento y tiene consecuencias devastadoras para todos aquellos agentes económicos que sufren un elevado endeudamiento». Es decir, en el caso de nuestro país, todos.
El Correo llama la atención sobre dos untos de las recientes medidas del gobierno. En primer lugar la ampliación en 1.500 millones de euros de las partidas dedicadas a la protección de los parados. Dinero que sale de la reducción de gastos del Estado en otros capítulos. Lo que, a juicio del periódico bilbaíno, pone de manifiesto “que las cuentas públicas pueden ser siempre objeto de una revisión a la baja sin que ello afecte negativamente al servicio que se presta a la sociedad”. Es decir, que nuestra propuesta de reducción de un 10% de los gastos del Estado no va tan desencaminada. Por el otro, advierte que las medidas contempladas en la ayuda al sector del automóvil, que incluyen la posibilidad de retrasar los pagos al Estado sin recargo por parte de las empresas, crea un agravio comparativo con miles de pymes asfixiadas por la falta de liquidez y la caída de la demanda, pero obligadas a pagar impuestos y cuotas en las fechas fijadas. Por último, El Mundo aprovecha la más que presunta implicación del ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid en la trama de corrupción investigada por Garzón para pedir que el juez de la Audiencia nacional pase el caso al Supremo, ante su condición de aforado. ¡Qué no habrá en esa trama por tener tanta urgencia en sacarlo de las manos de Garzón! De momento y por si acaso, El Mundo ya empieza a romper amarras con Esperanza Aguirre por el “grave error al nombrarle consejero”. Editorial. El País PROFECÍAS DEFLACIONISTAS La amenaza de deflación es la nueva frontera del pánico económico. La raíz del miedo deflacionista es, como no podía ser de otra forma, la depresión de 1929, una crisis en cuyo origen aparecen episodios de hundimientos de precios que los economistas exquisitos atribuyen a excesos de la oferta sobre la demanda después de la Gran Guerra y que, precisamente por ellos, tuvo una convalecencia difícil y prolongada. El pavor a la deflación explica la desaforada carrera por generar una liquidez de proporciones oceánicas iniciada por el tándem Bernanke-Paulson en EE UU, con resultados o éxitos perfectamente descriptibles hasta el momento. Una característica de los pánicos ancestrales es que no cesan hasta que aparecen otros nuevos, y, lo que es peor, se agudizan cuando aparece el menor síntoma que parece confirmarlos, como el hipocondríaco se alarma hasta la exasperación ante cualquier malestar momentáneo. Es inútil negar que el riesgo existe, pero se trata de calcular su probabilidad y las condiciones en las que ese riesgo puede multiplicarse o concretarse de forma catastrófica. Para diagnosticar un estado de deflación no basta con que se produzcan tasas negativas de inflación de manera circunstancial; de hecho, es más que probable que en la zona euro se produzcan tasas de inflación negativas en mayo, junio y julio, y que una situación similar se produzca en España entre mayo y septiembre. La evolución de los precios en enero ya sugiere ese descenso, con la tasa interanual de inflación registrada del 0,8%, la más baja de los últimos 40 años. Esta caída se debe en parte a la depresión de la demanda de bienes y servicios y en parte a efectos estadísticos, es decir, la comparación con las subidas de precios causadas por el petróleo en 2008. Pero la deflación genuina y peligrosa requiere al menos una tasa de inflación negativa durante un año y la expectativa generalizada en todos los agentes económicos y mercados de que los precios van a seguir bajando de forma indefinida o durante un plazo indeterminado, de forma que se considera conveniente aplazar decisiones de consumo. Eso sucede en España con el mercado de la vivienda. Ese estado de ánimo deflacionista es el que impide el crecimiento y tiene consecuencias devastadoras para todos aquellos agentes económicos que sufren un elevado endeudamiento. En Europa, la probabilidad de que se inicie una etapa deflacionista es muy reducida, aunque no debe descartarse sin más. Dependerá principalmente de la evolución del mercado crediticio. Si las instituciones financieras no canalizan esos océanos de liquidez servicialmente creados por los bancos centrales hacia el crédito, el retroceso de la demanda interna acabará por hacer buena la profecía deflacionista. La probabilidad de deflación queda reducida además por la presunción de que los Gobiernos tendrán que generar, por las buenas o por las malas, liquidez suficiente para financiar los elevados déficit públicos que se esperan como efecto principal de los cuantiosos programas de estímulo económico y los costes sociales derivados de la recesión. El tratamiento del riesgo deflacionista es tan poco original como el de la propia recesión: estimular la demanda. ELPAÍS. 15-2-2009 Bilbao. El Correo URGENCIAS CON MATICES El mismo día en que la UE confirmaba la gravedad de su recesión y que los datos de sectores estratégicos, como la máquina-herramienta o la siderurgia, mostraban el agudizamiento de la crisis en la economía vasca, el Consejo de Ministros adoptó dos iniciativas que, por necesarias que sean en su urgencia, no dejan de merecer una reflexión crítica: la reducción de 1.500 millones de euros del gasto corriente presupuestado y la puesta en marcha del Plan Integral de Automoción. Aunque la rebaja de un 2,6% en el gasto corriente constituye una medida en principio saludable, su efecto real para tratar de paliar el desembolso que están suponiendo las prestaciones por desempleo apenas representará el 5% de esa partida en 2009. Si cabe valorar la iniciativa es porque atiende a una imperiosa contención presupuestaria; y, sobre todo, porque permitirá demostrar que las cuentas públicas pueden ser siempre objeto de una revisión a la baja sin que ello afecte negativamente al servicio que se presta a la sociedad (…) El llamado Plan Integral de Automoción está orientado a paliar los efectos de la crisis sobre un sector que aglutina un gran número de empresas auxiliares de las grandes plantas de fabricación y montaje. Pero el dinero público no podría garantizar la continuidad de las marcas instaladas en nuestro país más allá del importante esfuerzo anunciado sin cuestionar el carácter privado de las mismas o generar un agravio comparativo, tanto desde el punto de vista industrial como del social, respecto a las empresas y trabajadores pertenecientes a otros sectores de la economía. Ha de tenerse en cuenta que la viabilidad de la automoción en España depende de los ratios de productividad y de los costes que representan los actuales procesos de fabricación. Además, las dificultades económicas que hoy atraviesa el sector responden fundamentalmente al retraimiento general de la demanda, sin cuya activación en los próximos años la automoción se vería obligada a replantearse su propia dimensión a escala global. En este sentido, ni el monto de la línea crediticia adscrita al plan Vive ni su eventual ampliación podrían más que paliar levemente el problema de fondo. Por otra parte, una de las cuestiones que el Gobierno debería medir a la hora de aplicar planes sectoriales de impulso tiene que ver con los compromisos que se establezcan en cuanto a las relaciones laborales, puesto que sería inconveniente que se introdujesen condiciones desiguales según distintas ramas industriales -así podría suceder con las reducciones y aplazamientos de los pagos a la Seguridad Social contemplados en el Plan- o contradictorias con las conclusiones que a raíz de la propia crisis se extraigan para el futuro del mercado laboral en España. EL CORREO. 14-2-2009 Editorial. El Mundo QUE EL TRIBUNAL COMPETENTE PUEDA IMPUTAR A LÓPEZ VIEJO En una entrevista que publica hoy nuestro periódico, dice Dolores de Cospedal que «si hay manzanas podridas en el PP, hay que eliminarlas cuanto antes». EL MUNDO revela que, según documentos que obran en el sumario que instruye Baltasar Garzón, el ex consejero Alberto López Viejo, destituido hace pocos días por Esperanza Aguirre, recibía sobornos a cambio de contratos de la Comunidad de Madrid para las empresas de Francisco Correa. Uno de los documentos refleja que López Viejo recibió tres pagos por importe total de 38.000 euros en 2007, según apuntes de Pablo Crespo, socio de Correa, en los que consta: «Entregado a ALV».Otro recoge pagos de 200.000 euros. Igualmente, nuestro periódico revela hoy que el ex consejero de Deportes otorgó en un año a las empresas de Correa contratos que ascendían a casi 600.000 euros, todos ellos fraccionados en 76 facturas de menos de 12.000 euros. Garzón anunciaba en su auto del pasado viernes que en su investigación habían aparecido personas aforadas sin citar nombre alguno. Resulta evidente que una de ellas es Alberto López Viejo, que sigue siendo diputado autonómico. Dado que existen fundados indicios de que el ex consejero aceptó fuertes sumas a cambio de contratos, Garzón debe apartarse de la causa y remitir las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el órgano competente para investigar penalmente a personas aforadas de esta comunidad. La imputación a López Viejo arrastraría el caso a este Tribunal, ya que carecería de sentido -como decíamos ayer- fragmentar un sumario en el que hay unas personas que sobornan y otras que aceptan esos sobornos. Da la sensación de que Garzón quiere mantenerse como instructor del caso durante más tiempo para seguir haciendo daño al PP, por lo que ha evitado imputar a López Viejo, lo que determinaría su apartamiento de la causa. El problema del juez es que lo que ha encontrado contra el ex consejero de Deportes no son meras referencias de otros imputados sino que en su poder obran documentos que le incriminan de manera bien concreta. No puede ni aparcar el asunto ni seguir investigándole sin bordear la prevaricación. Lo pertinente sería que el Tribunal Superior de Justicia se hiciera cargo de la instrucción, lo que supondría las máximas garantías de una instrucción imparcial y un juicio justo. Hasta que haya una resolución judicial, el PP tiene que suspender de militancia a López Viejo, realizar una investigación interna y cooperar con la Justicia sin perjuicio de que queda en evidencia el grave error de Esperanza Aguirre al nombrarle consejero a pesar de su turbio pasado EL MUNDO. 15-2-2009