El PSOE y PP aprobaron el 25 de junio en el Congreso reducir el alcance de la justicia universal en Espa a casos en los que haya víctimas españolas, limitando profundamente el alcance de los tribunales españoles para juzgar crímenes contra la humanidad cometidos fuera de nuestras fronteras.
¿Por qué es un asunto tan imortante en el que nuestras principales fuerzas políticas no tienen ninguna discrepancia? Baste con tener en cuenta los casos que dieron origen al rápido, casi inmediato, decreto con el que se ha castrado la justicia universal en España: el caso que juzga a los máximos responsables de la creación de Guantánamo de la administración Bush y el caso por el ataque de Israel a Gaza del 2002, que acusa a altos mandos militares del Estado de Israel. Estos casos, ambos con una fuerte implicación de Washington y su principal gendarme (Israel), han puesto como prioridad máxima ponerle freno a la “molesta” justicia española, y nuestras principales fuerzas políticas han actuado inmediatamente sin ningún tipo de fisura entre ellas. Ahora, sindicatos y más de veinte asociaciones piden al Senado que no se limite la jurisdicción universal, tras su aprobación en el Congreso. Pero dada la envergadura del asunto entre manos y el cierre de filas del PP y el PSOE para preservar la impunidad de los crímenes de Washington y sus aliados, será difícil que esta reforma no prospere. Las declaraciones de Joan Garcés (ex asesor del presidente chileno Salvador Allende y abogado de la acusación particular por los crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina) destruyen los argumentos del gobierno para justificar esta medida contra la justicia universal. El gobierno afirma que los jueces españoles tienen ya bastante trabajo en el país como para procesar a nadie fuera, Garcés responde "De los miles de tribunales jurisdiccionales, sólo seis tienen competencias internacionales. Actualmente, hay 14 procesos". El gobierno dice que es un proceso “muy costoso”, a lo que Garcés dice: "El derecho de asistencia humanitaria ha costado vidas (a los soldados), dinero y choques diplomáticos (Kosovo), mientras que los tribunales internacionales tienen un coste bajo".A la idea de que estos procesos van contra los intereses económicos de España en el mundo, Garcés pone el siguiente ejemplo: "En 1996, la inversión española en Chile era de 100 millones de dólares. Tras la orden de detención de Garzón en 1998 contra Pinochet, que era jefe de Estado, las inversiones españoles se dispararon hasta los 4.000 millones de euros".