Primeros auxilios

El Consejo de Política Fiscal y Financiera del martes ha supuesto en la práctica una concesión de ayudas urgentes a las comunidades autónomas asfixiadas por su elevado endeudamiento o la falta de liquidez, pero sin contrapartidas claramente establecidas por parte de los gobiernos autonómicos. Por una parte, el ministro Montoro ha lanzado un salvavidas financiero, en forma de una línea de crédito del ICO (eso sí, sin precisar cuantía, precio ni condiciones), una ampliación de 5 a 10 años en el periodo de devolución de 31.000 millones de euros recibidos de más por las comunidades y un anticipo en seis meses de la entrega de 8.000 millones de euros, prevista para julio y que se llevará a efecto este mes. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, recibirá por esta vía de manera urgente 420 millones para pagar a sus proveedores. Por otra parte, el Gobierno ha amenazado a las autonomías réprobas con un control estricto de sus cuentas en caso de déficit excesivo y el ministro Montoro ha mencionado, para estupefacción de muchos por la inviabilidad de la medida, la posibilidad de que los gestores públicos puedan ser perseguidos penalmente si incumplen los presupuestos.