Cargando...La política económica centrada única y exclusivamente en la austeridad, es decir, en lograr el objetivo de déficit a toda costa, no está dando los resultados esperados porque el enfoque de la misma no ha sido el más idóneo. Los quince primeros meses de Gobierno de Rajoy se saldan con un millón de parados más y con los ciudadanos que aún trabajan brutalmente empobrecidos. ¿Ha ido algún político al paro o se ha recortado la administración?
Aunque algunos prestigiosos economistas y determinadas instituciones financieras de ámbito internacional han felicitado al Gobierno por cerrar el ejercicio 2012 con una cifra de déficit del 6,74% (sin contar el rescate financiero y apoyándose en el maquillaje contable que supone el impago de multitud de facturas), la realidad es que el reparto desigual del ajuste ha provocado un empobrecimiento espectacular de las familias españolas y un aumento de la mortandad empresarial.
No representa ningún éxito conseguir esta aceptable cifra de déficit porque la contrapartida ha sido empobrecer a los españoles y continuar destruyendo nuestro tejido empresarial, formado mayoritariamente por pymes y autónomos. Teniendo en cuenta el entorno actual, la austeridad sería una estrategia económica efectiva si la misma estuviera centrada en erradicar la cultura basada en las subvenciones y el gasto público-político improductivo.
El Gobierno ha preferido reducir el gasto social y gravar fiscalmente a la economía productiva para poder mantener casi intacto el aparato político-administrativo autonómico y estatal.
Además, la escasamente profunda e incompleta reforma laboral (esperemos que pueda dar sus frutos en el futuro) no ha servido, hasta la fecha, para frenar la destrucción de empleo, sino que ha provocado el efecto contrario propiciando un aumento considerable del desempleo.
¿Servirá la reforma laboral para crear empleo cuando la economía española crezca? ¿Se hubieran destruido tantos puestos de trabajo sin el efecto de la reforma laboral? Además de destruir empleo, la reforma laboral también ha generado una reducción de los salarios provocando una pérdida de riqueza de las familias españolas. Y este efecto ha sido demoledor porque la rebaja de los salarios ha venido acompañada de un aumento excesivo de los impuestos.
El mayor fracaso de la reforma laboral radica en este punto: los empresarios disponen de facilidades para despedir pero los trabajadores, una vez despedidos, no tienen la misma facilidad para reintegrarse en el mercado de trabajo. Todo lo contrario de lo que sucede en algunos países anglosajones y del norte de Europa, cuyos mercados laborales disponen de la denominada «flexiseguridad». Posiblemente los denostados «minijobs» pudieran ayudar a los más jóvenes a emplearse aunque gozando de salarios inferiores (mejor ganar poco que no trabajar).
Mención a parte merece el rescate de los cajeros corruptos. Mariano Rajoy heredó un sistema financiero quebrado y un Banco de España que era cooperador necesario de la bancarrota generalizada. Tendría que haber dejado caer a aquellas cajas de ahorros inviables, pero prefirió salvar a los políticos y gestores causantes de la quiebra e indemnizarles con cantidades millonarias.
El rescate financiero supone el endeudamiento de las próximas generaciones de españoles y además no ha servido para reactivar el crédito. De igual modo, la obra social de las antiguas cajas de ahorros ha sido, en multitud de casos, reducida al mínimo o prácticamente eliminada. Y la liquidación de la obra social de algunas cajas de ahorros bancarizadas, conjuntamente con los recortes sociales en materia sanitaria y educativa ejecutados por el Gobierno, ha contribuido a empobrecer más aún a aquellos españoles necesitados de ayuda.
Zapatero negó la crisis y Rajoy niega ahora la existencia de un Estado corrupto hasta la médula. Y además reniega de la necesidad de instaurar una verdadera democracia que sustituya al actual sistema antidemocrático, que está sustentado en un modelo territorial obsoleto, inviable económicamente y despilfarrador al estar manejado, mayoritariamente, por una casta política indigna y corrupta.
La corrupción está institucionalizada y permite que cientos de miles de empleados públicos sin oposición (no funcionarios) y otros tantos enchufados cobren un sueldo que está por encima de la media del sector privado. Un sueldo que sale de los impuestos de los españoles. No olvidemos que el principal problema de España es de origen político.
Por otro lado, el Gobierno está permitiendo que los altísimos precios que imponen los monopolios (sector del gas) y los oligopolios (sector petrolífero, eléctrico y telecomunicaciones), además de las subvencionadas energías renovables, disparen las facturas y empobrezcan aún más a los españoles.
Siguiendo la estela económicamente destructiva emprendida por Zapatero, el Gobierno de Rajoy termina sus primeros 15 meses de gestión con un millón de nuevos parados y más de 30.000 empresas cerradas, todas ellas pertenecientes al sector privado porque apenas se han cerrado empresas públicas.