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Bolsonaro ha comenzado a gobernar de forma frenética, adoptando medidas de forma inmediata. Muchas de ellas son una continuación de las ya aplicadas por Michel Temer (anterior Presidente de Brasil). Otras forman parte de su propio programa, y representan un salto cualitativo en los ataques a los derechos y las condiciones de vida de las clases populares y los trabajadores, así como en la entrega de las fuentes de riqueza a la oligarquía financiera y los terratenientes de Brasil, y, en especial, al capital extranjero.
Bolsonaro le ofrece a la superpotencia estadounidense un Brasil completamente encuadrado. “La época en la que los brasileños elegían a presidentes que, por alguna razón, eran enemigos de EE.UU. ha terminado”, aseguró Bolsonaro el día después de su investidura a Mike Pompeo (Secretario de Estado de Trump y ex jefe de la CIA).
Sin embargo, la presidencia de Bolsonaro no se augura tranquila. Si bien su mandato está respaldado por los sectores más reaccionarios de la clase dominante brasileña y por todo el poder del hegemonismo estadounidense, enfrente tiene a millones de luchadores de la izquierda y los movimientos sociales del país. Unas fuerzas populares y revolucionarias que han aumentado su nivel de organización, unidad y lucha durante el mandato de Temer y que prometen dar la batalla con todas sus fuerzas.
Podando derechos laborales y obsequiando al capital extranjero
Recién asumido el cargo, el presidente ultraderechista ha arremetido contra los trabajadores, decretando una reducción del salario mínimo real de 96 reales anuales, lo que afectará directamente a 48 millones de trabajadores y también a millones de jubilaciones, ya que en Brasil están vinculadas al salario mínimo.
En 2017, Temer ya impuso una reforma laboral que derogaba hasta 100 leyes nacidas en los años de Lula da Silva y Dilma Rousseff, abarataba los costos laborales, daba enormes ventajas al capital y estrangulaba económicamente a los sindicatos. El marco laboral de Temer hacía que lo establecido en cada empresa prevaleciera sobre el convenio colectivo en cuestiones tales como la jornada laboral, las vacaciones, el tiempo de descanso o los salarios, instaurando así una legislación idónea para que las grandes empresas y el capital extranjero triturasen las conquistas de las últimas décadas.
Pero el nuevo presidente brasileño quiere ir más lejos aún y está preparando una ley para extinguir la Justicia del Trabajo. “Brasil es el país de los derechos en exceso, pero faltan empleos. ¿Qué país del mundo tiene [Justicia del Trabajo]? Ya tenemos la justicia común. No se puede permitir que la gente que produce sea atacada por una minoría”, dijo Bolsonaro en una entrevista con la cadena de televisión SBT. En la misma entrevista, el presidente puso como modelo la legislación laboral estadounidense: “No sirve de nada tener derechos si no hay trabajo. Cuando uno piensa en producir algo, cuando ve la cuestión de los costes laborales, que molestan a todos en Brasil, esa persona desiste de emprender. […] Mira EE.UU., allí casi no hay derechos. Nuestra idea es profundizar en una reforma laboral.”
Paulo Guedes, el nuevo Ministro de Economía (un liberal formado en la conocida Escuela de Chicago), trabaja en la creación de una libreta de trabajo “verde y amarilla”, que incluiría un conjunto de nuevas normas para la “flexibilización de los contratos”, liquidando lo que se estipula en la Constitución Federal en materia laboral y en las actuales Leyes de Trabajo.
Guedes prepara, además, un decreto para desvincular las jubilaciones del salario mínimo, imponiendo un ajuste de hasta 12.900 millones de dólares en la próxima década. El objetivo final, reconocido por el propio ministro, es la adopción de un sistema de fondos privados, similar al que existe en Chile.
Guedes ha ratificado que impulsará un vasto plan de privatizaciones, que reducirá a mínimos el “intervencionismo” del Estado en la economía y liberará de las “amarras” a la empresa privada. Bolsonaro, utilizando su dirección sobre el Gobierno y el Estado, entregará a manos privadas, principalmente a inversores extranjeros, importantes empresas públicas, como Eletrobras, así como concesiones ferroviarias, 12 aeropuertos y 4 terminales portuarias.
Entregar el Amazonas a sus peores enemigos
Alrededor del 12,5% del área total de Brasil está ocupada por la mayor selva del planeta, el Amazonas, habitada por medio millón de indígenas y poblaciones quilombolas, esto es, comunidades de negros cimarrones descendientes de antiguos esclavos fugados. Los indígenas y quilombolas -gran parte de ellos organizados en la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) o en el potente Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)- están en permanente conflicto con los grandes terratenientes y las multinacionales, que buscan incesantemente ampliar sus tierras, expropiándoselas a los primeros.
Hasta ahora, había dos organismos responsables de la identificación y demarcación de las tierras amazónicas, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que establecían y aplicaban las políticas relacionadas con los pueblos indígenas. Bolsonaro ha entregado la gestión de las tierras indígenas y quilombolas a sus peores enemigos, ya que la ha traspasado al Ministerio de Agricultura, a cuyo frente está Tereza Cristina Correa, una conocida latifundista que, hasta ahora, coordinaba la bancada de los propietarios rurales en el Congreso.
La nueva jurisdicción sobre el Amazonas también tendrá consecuencias para la protección del medio ambiente. Bolsonaro es partidario de eliminar una serie de barreras legales para que las multinacionales puedan explotar libremente el territorio, y la Ministra de Agricultura es conocida como “la musa del veneno”, por haber dirigido una comisión parlamentaria que aprobó normas para despenalizar el uso de agrotóxicos en el país.
Caza de brujas y ataques a las libertades
El nuevo Ministerio de Mujer, Familia y Derechos Humanos está dirigido por la ultraconservadora pastora evangélica Damares Alves, furibunda enemiga de las feministas, el aborto o la educación sexual. En unas imágenes de su celebración del triunfo electoral, exclamó que, “en el nuevo Brasil, los niños vestirían de azul y las niñas de rosa”.
Una de las primeras medidas adoptadas por Alves ha sido la de eliminar al colectivo LGTBI como sujeto de las políticas y directrices en favor de los derechos humanos, cuando se trata de un grupo muy vulnerable en Brasil, sujeto a continuas agresiones y asesinatos.
Por otra parte, el nuevo Ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni, ha anunciado una auténtica purga ideológica de la administración, anunciando que se destituirá a todos los funcionarios que defiendan ideales “comunistas”. El primer paso para ello ha sido el despido fulminante de 300 funcionarios con contratos temporales. “No tiene sentido tener un Gobierno como el que tenemos ahora, con personas que defiendan otras ideas u otra forma de organización de la sociedad”, ha declarado Lorenzoni, que dice “obedecer al mandato de las urnas”. Como si los millones de izquierdistas no existieran (incluidos los más de 47 millones de brasileños (el 44%) que votaron por Fernando Haddad en las pasadas elecciones), añadió: “la sociedad brasileña dijo basta a las ideas socialistas y comunistas que en los últimos 30 años nos llevaron al caos actual”.
A los pies de Washington
Ha sido el propio Secretario de Estado estadounidense, y anterior jefe de la CIA, Mike Pompeo, el que ha hecho público el ofrecimiento de Bolsonaro. El ultraderechista (admirador confeso de Donald Trump, al que alaba como “salvador de Occidente”) ha ofrecido a EE.UU. instalar una base militar en el territorio brasileño. Aunque la superpotencia lleva muchas décadas perfundiendo orgánicamente las arterias y los nervios de las fuerzas armadas brasileñas, en especial entre los altos mandos, Washington no había tenido bases en Brasil desde 1943, en plena segunda guerra mundial.
“Estamos satisfechos con la oferta. Esto es algo que estamos siempre evaluando, cuál es la mejor forma de tener buenos aliados en la región, en el mundo, dónde y cuándo instalar nuestras bases militares”, dijo Pompeo. Pompeo celebró la investidura de Bolsonaro “como un giro hacia EE.UU. en Sudamérica”. “Estamos entusiasmados ante esta perspectiva y vislumbramos oportunidades”, confesó. Reveló un encuentro en Brasilia con el Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, donde repasaron la situación venezolana. “Queremos trabajar para que la democracia sea restaurada” en Venezuela, dijo, y sugirió una cumbre para tratar ese tema, a la que asistirían, además de Trump y Bolsonaro, los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera.
El realineamiento del Brasil de Bolsonaro con EE.UU. también abarca el plano económico y comercial, aunque se enfrenta al hecho de que, en la actualidad, el principal socio comercial de Brasil es China, país al que el Pompeo acusa de “hacer negocios depredadores” en América Latina. EE.UU. es el segundo socio comercial del gigante sudamericano, “algo que podría cambiar pronto”, dijo el Secretario de Estado tras anunciar que había invitado a Bolsonaro a visitar a Trump en Washington, posiblemente a partir de marzo.