Dentro de poco más de veinte días entrará en vigor la nueva Ley Antidopaje. Según Albert Soler, director general de Deportes, es menos restrictiva hacia los deportistas en los controles fuera de competición; que ha sido hasta ahora – y seguirá siendo – el principal puntal de la lucha contra el dopaje en el deporte. La propia Unión Europea ha sido muy crítica con las restricciones a la libertad individual y al derecho a la intimidad de los deportistas que impone las normas de la Agencia Mundial Antidopaje – AMA -. Pero, ¿por qué la preocupación principal sigue siendo pillar a los deportistas que se dopan?
No es que no haya que hacerlo, sino que ante la arobación de una ley que, en parte, viene a corregir el disparate persecutorio que se ha estado ejerciendo sobre los profesionales del deporte, cabe preguntarse porque la industria farmacéutica nunca aparece públicamente señalada en el desmantelamiento de las redes mafiosas o sencillamente en los debates públicos sobre el tema. Ni que decir tiene en la articulación legal del problema. Si aplicásemos la misma lógica que se aplica con la piratería, de entrada, debería imponerse un “canon farmacéutico” en previsión del dopaje, que luego se invirtiera en la lucha contra el fraude deportivo, o en el mismo deporte. Al tiempo que podrían articularse incentivos a aquellas compañías que desarrollasen eficaces detectores de sustancias dopantes y suscribiesen compromisos vinculantes a efectos legales. A mediados del año pasado, el doctor Mario Granada Fraga – director del Laboratorio Antidoping de Cuba – advertía del peligroso avance de las investigaciones genéticas en este campo. Pese a que la AMA ha incluido el dopaje genético entre los métodos prohibidos, precisamente su cualidad los hace indetectables en estos momentos. No porque sea “imposible”, sino porque el desarrollo de las investigaciones farmacéuticas va muy por delante. Es decir, hoy por hoy, sin la colaboración de las compañías es imposible desarrollar métodos eficaces de detección. Claro, el problema no es que no colaboren, sino que contribuyan a la extensión del delito con ingentes ganancias a cambio. El Dr. Granada, explicaba las tres vías principales de investigación que se están desarrollando: “La introducción de genes en el torrente sanguíneo del deportista para mejorar la producción de la hormona Eritropoyetina (EPO) o implantar el gen de la EPO propiamente dentro de las células”, incrementando la capacidad anaerobia – oxigenación -. “El empleo de los genes adecuados para tratar pacientes con enfermedades musculares degenerativas como la distrofia muscular”, para mejorar enormemente la capacidad muscular de los deportistas. Y “la utilización de genes que ayuden a la formación de nuevos vasos sanguíneos para pacientes con problemas circulatorios periféricos, de modo que mejore el transporte del oxígeno y los nutrientes en los tejidos” No hay espacio para hablar de todos los efectos secundarios que pueden generarse de estos tratamientos. Hay que aplaudir todas las medidas que vayan a perseguir el dopaje y la “presunción de culpabilidad” que se cierne sobre los deportistas. Pero también ha de dirigirse la mirada hacía quien puede realmente promover activamente el delito. Más cuando son los cierres de cuentas y resultados lo que está de por medio.