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Se equivoca quien piense que las redadas policiales contra los inmigrantes han terminado sólo porque lo dijera el ministro Rubalcaba. Cualquiera puede entrar el You Tube y mirar algunos de los vídeos grabados diariamente en el barrio madrileño de Lavapiés que muestran las indignantes redadas policiales.
En ellas una docena de olicías, algunos de paisano, abordan a los inmigrantes que van tranquilamente por la calle. En pocas horas llenan tres furgonetas con unos 36 inmigrantes supuestamente “sin papeles”, tratados como auténticos hampones. Finalmente, las furgonetas se van con destino incierto -probablemente hacia algún tenebroso Centro de Internamiento- ante el estupor y los silbidos de los vecinos. Una vez denunciada por la policía la existencia de “cupos” de detención de inmigrantes el Ministerio del Interior ha quedado en evidencia. La suya es una auténtica política de criminalización que, no nos equivoquemos, no busca expulsar a todos los “sin papeles”, sino aterrorizar al conjunto de los inmigrantes que viven y trabajan en nuestro país. Acometer un brutal recorte a las libertades del eslabón más débil de la clase obrera. Casi 200 asociaciones sociales y culturales presentaron ayer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra las redadas y las órdenes policiales que se han venido dando en los últimos meses. Son métodos propios del fascismo y contrarios a la Constitución Española, señalas los demandantes. Completamente cierto. Bocas de Metro, parques, salidas de los colegios, locutorios, y hasta duchas públicas… cualquier lugar es bueno para “cazar” a esta “presa”. La denuncia presentada a la Fiscalía tiene una triple importancia. Primero, pone los medios para cortar con esta práctica policial que atenta contra las libertades y derechos de los inmigrantes y, por extensión, contra el conjunto de la sociedad española de la que ya forman parte. Segundo, sienta un precedente para que no salgan impunes los responsables del Ministerio del Interior que ordenaron los “cupos” a la policía. Tercero, permite que los inmigrantes sin papeles -de la mano con la sociedad española- puedan rebelarse contra los abusos de la que son objeto desde el inicio de la crisis. Abusos que, previsiblemente, irán en aumento por la política de criminalización de la inmigración que no se atrevió a realizar ni el gobierno de Aznar y de la que está haciendo gala el gobierno socialista.