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La elección de Josep María Álvarez, como nuevo secretario general de UGT, partidario del «derecho a decidir y la celebración de un referéndum en Cataluña» ha abierto un amplio debate sobre las implicaciones y consecuencias que puede tener la instalación de una línea con estas posiciones al frente de la UGT. UGT es uno de los dos sindicatos mayoritarios del país, con 128 años de historia y una larga trayectoria de lucha al servicio de la clase obrera y el pueblo trabajador, y en defensa de la unidad del pueblo de todas las nacionalidades y regiones de España.
Álvarez, elegido con el coto del 51,1% de los delegados, ha declarado que su defensa del “derecho a decidir” no implica la independencia y que él lo defiende desde la permanencia de Cataluña en España.
El problema que se plantea no es porque defienda un derecho democrático, sino por las posiciones políticas prácticas -y sus consecuencias- que ha mantenido en sus 26 años al frente de la UGT de Cataluña.
Josep María Álvarez se ha alineado con las posiciones de Convergencia y Artur Mas, adoptando un papel colaboracionista activo. Colaborando con las entidades encargadas de dar un barniz social al “proceso independentista”, como Ómnium Cultural, entidad civil subvencionada por la Generalitat que trabaja por la independencia, y con el propio gobierno de Convergencia, al que ha aportado dos de sus principales dirigentes como consejeros de los gobiernos de Junts Pel Si, como Neus Munté (consejera de Presidencia y Portavoz) o Dolors Bassa (consejera de Empleo y Asuntos Sociales).
La UGT presidida por Álvarez se presentó en la primera reunión del “Pacto Nacional por el Derecho a Decidir” convocada por Artur Mas. Incluso ha ido más lejos, asumiendo las posiciones prácticas del gobierno independentista como la defensa de un “marco de relaciones laborales propio”. Posiciones que sólo sirven para fraccionar la lucha y dividir a los trabajadores catalanes de los del resto de España.
Estas posiciones significan negar que la clase obrera y el pueblo trabajador tenemos el mismo marco de relaciones laborales, el que en cualquier rincón de España imponen los mismos enemigos (la Troika y la oligarquía española y sus gestores en Madrid o en Barcelona, Bilbao o Sevilla) con idénticas políticas de saqueo y recorte de derechos.La Unión General de Trabajadores ha defendido históricamente un sólo marco de relaciones laborales, la unidad de la lucha de la clase obrera y el pueblo trabajador en un frente único o la caja única de la Seguridad Social. Como recordaban muchos delegados del congreso y el propio secretario general saliente Cándido Méndez.
Álvarez ha declarado que él nunca ha planteado a la UGT “la ruptura del marco de relaciones laborales”. Cierto. Pero las consecuencias prácticas para la lucha de la clase obrera y el pueblo trabajador, si estas posiciones se imponen o se trasladan al conjunto de la lucha sindical del resto de España, sólo pueden contribuir a fraccionar las luchas por territorios y dividir a los trabajadores frente a sus enemigos.
Hoy la defensa de los intereses de la clase obrera y el pueblo trabajador pasan por que el movimiento obrero mantenga una posición firme en la defensa de la unidad del pueblo trabajador de toda España frente a la fragmentación y la división que nos debilitan.