Las cajas de ahorros en manos de las castas locales

¿»Politización» o saqueo a manos llenas?

La intervención de Caja Castilla La Mancha y la crí­tica situación que viven muchas cajas de ahorros -por su excesiva exposición al ladrillo y una agresiva expansión salpicada de riegos- ha puesto de moda el diagnóstico de que la «politización» -la presencia de polí­ticos en los órganos de dirección de las cajas- es el virus que ha las ha hecho más vulnerables que los bancos ante la crisis. Pero este es sólo uno de los sí­ntomas. El mal es mucho más grave. Y debemos buscarlo en la usurpación por parte de las castas locales -una extraña mezcla entre la clase polí­tica, los viejos caciques y los nuevos ricos- de los depósitos de las cajas, que ha saqueado a manos llenas para financiar su expansión.

Un conocido eriódico económico afirmaba esos días que “son los políticos quienes, al entrar por la puerta de las cajas de ahorro, hacen saltar el dinero por la ventana”. La “politización” –la entrega de la dirección de las cajas a políticos que no conocen el negocio y que colocan por delante criterios partidistas- sería el error del que nos debemos proteger. Den la dirección a “gestores eficaces” y el peligro desaparecerá. Demasiado fácil. Y sobre todo, demasiado falso. ¿Por qué la dirección de las cajas está llena de representantes políticos? La razón está anclada en el origen histórico de las cajas. Fueron montes de piedad en su día, y en sus estatutos todavía se definen como “entidades sin ánimo de lucro”. La presencia política en las cúpulas de las cajas se vendió como la mejor manera de asegurar esa función social. Pero lo que empezó siendo doncella pronto se transformó en meretriz. La España de las autonomías, con la construcción de un gigantesco aparato burocrático local, enormes presupuestos regionales, y la formación de una clase política autonómica elevaron a un grado superior las históricas vinculaciones entre los políticos regionales y las élites locales. Conformando auténticas burguesías autonómicas, donde se fundían sin solución de continuidad los viejos caciques del franquismo, la nueva clase política autonómica, y los nuevos ricos que surgían, por ejemplo, del auge de la construcción. Y en el centro de esas nuevas burguesías locales se situaba una auténtica casta política, que acapara durante décadas el poder autonómico y local. Los ingentes presupuestos autonómicos –que ya superan a los del gobierno central- son la gasolina que hace funcionar la máquina. Los contratos, adjudicaciones o licitaciones de la administración autonómica mueven cantidades astronómicas, y son concedidos a unos pocos nombres que afianzan su posición de privilegio. La cercanía e influencia respecto al poder autonómico es pues un elemento clave para desarrollarse económicamente. Y en las cajas de ahorros es donde de una forma más pura se ha materializado esa fusión. En sus consejos de administración se sientan los políticos locales, los representantes de la patronal regional, los hombres de los industriales o constructores más adinerados… Y todos ellos, en santa alianza, usan y disponen de los depósitos de las cajas, teóricamente destinados a promover obras sociales y a impulsar el desarrollo regional. En cada comunidad esta fusión se ha dado de una forma particular, pero siempre respetando las leyes generales. En Caja Castilla la Mancha se estableció un estrecho vínculo entre la Junta autonómica y un reducido grupo de constructores, a través de la figura de Juan Pedro Hernández Moltó. Esa élite local del ladrillo (los Ignacio Barco, Román Sanahuja, Ignacio Barco, Aurelio González Villarejo, Antonio Méndez Pozo, Domingo Díaz de Mera…) recibieron miles de millones a fondo perdido para financiar sus más arriesgadas aventuras inmobiliarias. Y tanto se estiraron las cuentas, que CCM ha acabado quebrando. En Catalunya, los nódulos de la burguesía catalana encontraron en La Caixa una forma exitosa de dotarse de un poderoso brazo financiero protegido por el poder político. En Euskadi, la red de cajas vascas –trufada en su dirección de hombres del PNV- ha sido soporte económico de los proyectos del nacionalismo étnico. En Andalucía, Unicaza, presidida por Braulio Medel, ex consejero de Economía y Hacienda de la Junta, es la expresión más acabada. Diferentes versiones de un mismo tema: la usurpación por parte de las burguesías locales de un capital que, en justicia, nos pertenece. ¿No son las cajas oficialmente “entidades sin ánimo de lucro”? ¿No son organismos semipúblicos en los que debe primar la promoción del bien común? ¿Entonces por qué se han dilapidado sus recursos en alimentar la desenfrenada expansión de un ínfimo puñado de caciques locales? No sólo hay que “despolitizar” las cajas. Hay que sustraerlas de la influencia de estas burguesías locales para que sus depósitos estén al servicio de financiar un plan de choque contra la crisis en beneficio de la mayoría.

Deja una respuesta