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El disparate de la Ley de Dependencia ha alcanzado ya cuotas de burla atroz. Ahora resulta que nueve Comunidades transmiten sus datos directamente al ordenador central del Gobierno – el SISAAD -, mientras las otras siete vuelcan sus cifras desde sistemas informáticos propios, de tal manera que hay Autonomías en las que la cantidad de gente con prestaciones coincide con la cantidad de ciudadanos que viven en ellas… como que te metan la mano en el bolsillo y te roben directamente la cartera. Solo que además, en este caso estamos hablando de dinero destinado a personas dependientes, con necesidades vitales.
Murcia o Extremadura iden que todas usen la aplicación informática del ministerio, un sistema que costó 22 millones de euros, para transmitir los datos al Gobierno. El Gobierno financia en parte esta ley atendiendo al número de personas con derecho a una ayuda; las comunidades que vuelcan sus datos por libre tienen la posibilidad de retener el número de solicitudes de los ciudadanos para que los porcentajes de personas con derecho a prestación les salgan más ventajosos; o incluso meter como dictaminados a quienes todavía están en proceso.Cataluña y Castilla y León usan su propio sistema. Una alega problemas de infraestructura para conectarse internamente a otros sistemas, y la otra que "cuando llegó la Ley de Dependencia presentamos nuestro sistema informático como proyecto piloto, y recibimos el beneplácito, e incluso subvenciones del Gobierno".Hay que recordar que hasta 55.000 personas habían sido incluidas en las listas de ayudas concedidas cuando ya habían fallecido, algunas de ellas esperando esas mismas ayudas. ¿No debería el Gobierno, y más después de “la burbuja” de ayudas, imponer de forma inmediata la centralización y fiscalización de la información?La guerra no es de cifras, sino contra los intereses de la gente. No se trata de si unas Comunidades salen mejor en la foto que otras, sino de que con las condiciones de vida de los ciudadanos se pueda “trajinar” para engrosar las arcas con las partidas presupuestarias destinadas a la aplicación de la Ley de Dependencia, que, en definitiva, significa mejorar la vida – y evitar el sufrimiento – de cientos de miles de personas, y sus familias.Robar debe pagarse con la cárcel y la devolución del dinero, pero si se descubre que un solo euro ha sido “desviado” o que se ha estafado en las “cifras”, que son personas – recordemos que 55.000 ya fallecidas -, la inhabilitación y la reposición del daño personal y social debe cuantificarse y aplicarse.La responsabilidad es del Gobierno. No cabe recordarlo, ni documentarlo. Debe por lo tanto resolverlo sin dilación. El daño que se hace puede medirse en el sufrimiento de decenas de miles de personas, por minutos… no es “picaresca” como se decía desde el gobierno extremeño, es robo y, en todo caso, irresponsabilidad criminal.