La regionalización del Plan Colombia

Perú un nuevo narcoestado

No hay dudas que en estos momentos asistimos a una catarata mediática impresionante respecto a estos temas. La sensación que se transmite a diario por los medios de comunicación de Mexico, Centroamerica y ahora Perú. Alimentada realmente por hechos concretos, es que las mafias del narcotráfico «tienen de rodillas a la población». Todo ello, igual que sucedió años atrás en Colombia, justifica perfectamente la implementación de planes antidrogas salvadores.

En ese sentido uede entenderse que la actual explosión de narcoactividad y crimen organizado es totalmente funcional a una estrategia de control regional, donde el mensaje mediático (la Guerra de Cuarta Generación, según llaman los estrategas del Pentágono) prepara las condiciones para posteriores intervenciones.Las recientes muertes de militares en la ceja de selva bastión de narcotraficantes y militares corruptos hacen que el gobierno de Alan Garcí­a Pérez, se saquen de la chistera, los remanentes de Sendero Luminoso y la guerra antisubversiva contra los fantasmas guerrilleros como si los narcotraficantes no estuvieran armados hasta los dientes en defensa del multimillonario negocio de la cocaí­na en el paí­s. Existe en el paí­s una producción de 116,800 toneladas de hoja de coca de las cuales apenas 9,000 son utilizadas en el consumo tradicional e industrial, el resto se va a la fabricación de la cocaí­na ante las propias narices del gobierno o con el beneplácito de policí­a y militares.Y lo sorprendente de estas verificaciones está en que el paí­s ha logrado darle un gran valor agregado a la producción, justo lo que no ha podido hacer con la industria ni con la minerí­a; aquí­ sí­ la tecnologí­a ha logrado progresos enormes, pues Perú pasado de ser un paí­s productor de PBC (pasta básica de cocaí­na) a uno productor y exportador de cocaí­na de la fina.Este gigantesco paso industrial, ha llevado a la producción de 260 toneladas de cocaí­na refinada exportable lo cual significa un valor de dieciocho mil doscientos millones de dólares en los mercados de consumo, escasamente cien millones de dólares menos que el total de las exportaciones mineras del año 2008 (equivalente a casi el 50% del total de las exportaciones peruanas.) Por supuesto, la gran diferencia estriba en que la minerí­a es una actividad de exportaciones legales y la de la cocaí­na ilegal hasta cierto punto, porque tan enorme flujo de capital no es posible sin la connivencia de las estructuras del aparato de estado peruano.Alrededor de tan cuantiosa producción, 260.000 kilos de cocaí­na, lo que en dinero efectivo significa 18.200 millones de dólares, el problema en el paí­s no es de subversión polí­tica guerrillera sino de bandas armadas de sicarios dispuestos a defender la producción y el negocio. Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que el gobierno de Alan Garcí­a como antes el de Fujimori, distorsionan la verdad a fin de encubrir la marcha de esa industria. No hay peor ciego que el que no quiere ver. A nadie más que al gobierno de Alan Garcí­a y a los sectores del japonés sentenciado, Alberto Fujimori, les conviene resucitar a Sendero Luminoso y a su «ejército guerrillero popular» bajo la palabrilla de remanentes o rezagos de lo que fue el partido comunista de Abimael Guzmán, condenado a cadena perpetua en la base naval del Callao. Desde Fujimori a la fecha, el narcotráfico importante del paí­s goza de impunidad para actuar, financiar candidatos, premiar a las autoridades y a los jueces, promover presidentes y congresistas, de allí­ que los representantes menores como alcaldes, prefectos y gobernadores, no se atrevan a denunciar a nadie. Conocidos son los casos de lí­deres apristas comprometidos con el narcotráfico y ni qué se diga de los fujimoristas, quienes dieron oficialmente la protección del gobierno al ilí­cito negocio de las drogas hasta convertirnos en exportadores de cocaí­na (recordemos que se descubrieron naves de la armada y hasta el avión presidencial transportando la droga.) El gobierno, sabe de memoria que el terrorismo actual es en defensa de la industria de la cocaí­na; sabe de la existencia de las grandes pozas de maceración, de los quí­micos que ingresan a las zonas productivas, de los aeropuertos clandestinos, de los campamentos; y lo más grave de la penetración de los intereses económicos relacionados a esta industria en el propio gobierno. Saben mucho, digamos, como para hacerse los tontos reinventando el peligro senderista en el paí­s.Estos planes antinarcóticos se ubican en el contexto de criminalización de las luchas sociales de la región. Reforzará las guerras de baja intensidad y los distintos planes de contrainsurgencia en la zona, al tiempo que es de esperarse un incremento en los abusos de las fuerzas policí­acas y militares. Luchar contra este demonio, así­ como sucede en la lucha contra el «temible fundamentalismo musulmán», puede justificar todo. Como ya ha sucedido en Colombia, impedir el surgimiento de un movimiento social, patriótico antihegemonista en Perú es uno de sus principales objetivos.El llamado peligro del narcotráfico, es el nuevo banderí­n de enganche de la polí­tica del imperio en Latinoamérica para regionalizar y extender el plan Colombia. La corrupción y la connivencia del estado con el narcotráfico, son producto de este por si solo, pero no podrí­a funcionar sin el beneplácito del imperio que además es uno de sus principales beneficiarios. Estas mismas elites corruptas, aliadas de Washington que ya han firmado el tratado de libre comercio con EE UU y que reciben suculentas cantidades de dinero en «ayuda militar» en su guerra contra el narcotráfico. Están seriamente decididas a recibir con los brazos abiertos, a la IV flota norteamericana y las nuevas bases militares proyectadas en Perú.La lucha contra el narcotráfico se convierte en la escusa perfecta para cercar militarmente una zona geoestratégica crucial. Su expansión militar no solo con bases militares, sino con empresas de mercenarios a sueldo de la CIA que llegaron a la zona con el plan Colombia., Le permiten por un lado seguir manteniendo un cinturón de fuego a los Paí­ses del frente antihegemonista en este caso Bolivia y Ecuador y sobre todo contener el avance de Brasil como potencia regional en la zona.

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