Lucha popular en Perú

Perú: sangrienta represión de un gobierno rehén del fujimorismo

A pesar de la sangrienta represión, las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte -que ha incorporado elementos y discursos del ultraderechismo fujimorista- no dejan de crecer en Perú. En el campo y en la ciudad, en el norte, en el sur y en la capital, las protestas exigen democracia, la renuncia de Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones.

El gobierno de la que fuera vicepresidenta del depuesto y encarcelado Pedro Castillo, Dina Boluarte, ha ido modificando su gabinete «de salvación nacional», incorporando no sólo a tres ministros de la ultraderecha fujimorista (en las carteras de Justicia, Interior y Mujer), sino mimetizando su mensaje contra de que los partidarios de Castillo que protestan son peligrosos «terrucos» (terroristas de Sendero Luminoso) que deben ser detenidos a tiros si es preciso

El resultado de este discurso, que marca como «enemigos internos» a los que exigen la inmediata dimisión de Boluarte y nuevas elecciones, es la terrorífica cifra de 47 muertos -manifestantes abatidos por fuego de la policía- en poco más de 40 dias.

Aludir al terrorismo de Sendero o de los Tupamaros es una constante en el discurso de la extrema derecha fujimorista. En nombre del combate a la sangrienta guerrilla senderista, Alberto Fujimori -padre de la actual líder ultra Keiko Fujimori- dió un autogolpe en 1992 y desató una feroz represión, con miles de asesinatos, desapariciones forzadas, y masacres con crueldad y ensañamiento por parte del Ejército y policía no sólo contra los guerrileros, sino contra todo lo que oliera a izquierdista: lideres sindicales, campesinos, indígenas, estudiantiles, intelectuales. Todos eran «terrucos». Todos debían ser ejecutados como enemigos del Estado.

«La acusación de ‘terruqueo’ es una práctica habitual para deshumanizar a protestantes que tienen quejas legítimas. La policía peruana está acostumbrada a tratar a los manifestantes como terroristas”, dice mar Coronel, profesor de Sociología y de la Pontificia Universidad Católica de Perú. En su opinión, el gobierno de Boluarte ha formado una coalición tácita con poderosos legisladores de extrema derecha y ha tomado su discurso.

Las sangrientas cifras de la represión contra los partidarios de Castillo -o contra los que sin defender a un presidente que incurrió en actos inconstitucionales, se manifiestan exigiendo la inmediata dimisión del gobierno absolutamente interino e impopular de Dina Boluarte y la organización en el más breve plazo de tiempo de nuevas elecciones para que lo ciudadanos elijan a su legítimo gobierno- avalan esta sospecha.

Ya son 47 los civiles abatidos por las fuerzas policiales en poco menos de un mes, y en ningún momento Boluarte ha realizado crítica alguna a la actuación de las fuerzas represivas. Ni siquiera tras el informe forense de los muertos en Juliaca, en Puno, con 19 manifestantes abatidos. Todos ellos por armas de fuego, nueve de ellos con municiones metálicas dentro del cuerpo, seis con proyectiles de fusil 7.62 mm, dos con restos de perdigones de metal, uno con una bala de pistola. Dos eran menores de edad, tres tenían 18 años.

En cambio, la ahora presidenta dijo en televisión: «¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista?», para justificar las razones por las que no dimitirá, acatando a un Congreso hegemonizado por la ultraderecha que ha atrasado las elecciones… a abril de 2024.

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha constatado en su informe preliminar «un deterioro generalizado del debate público, una fuerte estigmatización por factores étnico, raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades que se han referido con generalizaciones hacia todas las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas -por Sendero Luminoso- o indios».

«No solo es un discurso de guerra, es una coalición de guerra, la que ha hecho con el fujimorismo, la Policía, la Fiscalía; están actuando coordinadamente», afirma Anahí Durand, socióloga y docente de la Universidad de San Marcos. «Dina está cada vez más cercada por la derecha más bruta, por el fujimorismo, ya tiene tres ministros fujimoristas, Justicia, Interior y Mujer, ha ido ganando terreno el fujimorismo. Creo que ellos son los que la están sosteniendo y obligando a dar la cara para mantener el régimen hasta 2024», asegura.

Sin embargo, a pesar de la sangrienta represión, las protestas no arrecian. Son especialmente intensas en el sur andino del país, de mayoría quechua y aimara, donde los partidarios de Pedro Castillo se cuentan por centenares de miles. Pero también se reproducen en la capital, Lima, donde la Central General de Trabajadores del Perú, el movimiento Nuevo Perú -cuyo local fue allanado por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) en diciembre-, y diversos colectivos sociales, barriales y culturales se movilizan por las calles exigiendo la renuncia de Boluarte, elecciones para 2023 y una asamblea constituyente.

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