Cargando...
No se puede consentir bajo ningún concepto la victoria de la izquierda en Perú. Esto es lo que exigen un grupo de militares retirados a sus compañeros de armas en activo. Les piden que si no prosperan en los tribunales las acusaciones de fraude electoral que ha lanzado la ultraderechista Keiko Fujimori, las Fuerzas Armadas deberían levantarse contra «un presidente ilegal e ilegítimamente proclamado».
Un ruido de sables que deja entrever que poderosos sectores de la clase dominante peruana y de los centros de poder hegemonistas, están barajando todas las opciones, incluídas la del golpe de Estado, antes de consentir que la izquierda antiimperialista gobierne en Perú.
Tras más de dos semanas de la celebración de la segunda vuelta, y tras casi diez días de escrutinio completo, que dio como ganador -con el 50,2% de los votos y casi 70.000 sufragios de ventaja sobre su oponente, la ultraderechista Keiko Fujimori- al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo aún no ha sido proclamado oficialmente como ganador, y el país se mantiene en una tensa espera. La razón es que en la noche electoral, y de manera «trumpista» -sin esgrimir ninguna prueba más allá de irregularidades aisladas- los fujimoristas denunciaron «fraude sistemático» y pidieron anular medio millón de votos. Una acusación tan absurda que ni siquiera la Organización de Estados Americanos (OEA), instrumento de Washington y cuyo papel en el golpe de Bolivia está más que denunciado, pudo secundar.
Lo hicieron sacando el talonario, pues una vez que las actas han sido revisadas y avaladas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), volver a revisarlas cuesta 1.100 soles (unos 235 euros) por acta. Lo que sea para alimentar su ficción tóxica e incendiaria y mantener a la sociedad peruana altamente tensionada. Y de momento la inspección ha fracasado de forma miserable: los Jurados Electorales Especiales (JEE) han desestimado hasta 943 recursos de nulidad presentados por el equipo de asesores de la candidata fujimorista.
El caso es que hay un grupo de militares retirados -cientos de ellos, todos en activo durante los años en los que el padre de la ultraderechista, el dictador de facto Alberto Fujimori, dirigía con mano de hierro (y sangre) Perú, y cometía todo tipo de violaciones contra los derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo senderista- han decidido que, sea cual sea el resultado de la inestigación en los tribunales de la acusación de fraude, no se debe consentir en ningún caso que un izquierdista pase a dirigir los destinos de la nación inca. La carta pide a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que desconozcan la validez de la victoria de Pedro Castillo en los comicios presidenciales. Si la maniobra de Fujimori no prospera, el Ejército debería levantarse contra «un presidente ilegal e ilegítimamente proclamado».
La carta, que sostiene idénticos argumentos a la infundada acusación de Keiko Fujimori, y que afirma que las autoridades militares «no podrían aceptar a un jefe supremo ilegítimamente investido producto de un fraude» o fruto de «irregularidades», llegó a los jefes del Comando Conjunto de las FF.AA, según ha informado el propio Ministerio de Defensa.
Se trata de una clara amenaza contra la democracia, que muestra que hay un fuerte «ruido de sables» en el Ejército y las fuerzas represivas del Perú. Reflejo a su vez de las deliberaciones golpistas de los sectores más reaccionarios de la clase dominante peruana y de los centros de poder hegemonistas, a los que las fuerzas armadas están carnalmente ligadas.
La posiblidad de que se produzca una asonada militar que reconduzca por la fuerza a un Perú que puede tener ahora -por primera vez en muchas décadas- un gobierno de signo antiimperialista, es más que real.
Reacciones institucionales
El presidente interino de Perú Francisco Sagasti -acompañado de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y de la ministra de Defensa, Nuria Esparch- ha calificado como «inaceptable» esta carta. «Es inaceptable que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos para que quebranten el Estado de Derecho», aseguró Sagasti. «Rechazo este tipo de comunicaciones que no solo son contrarias a los valores y a la institucionalidad democráticas sino que también son actos reñidos con la Constitución y las leyes».
Sagasti recordó que, «en una democracia, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son absolutamente neutrales y escrupulosamente respetuosas de la Constitución». «Nos ha costado mucho tiempo y esfuerzo construir nuestra institucionalidad democrática a lo largo de nuestros turbulentos 200 años de vida republicana. No la pongamos en peligro», advirtió el presidente interino.
Por su parte, la ministra de Defensa interina, Nuria Esparch, afirmó que desde el gobierno “se está haciendo un esfuerzo para mantener una estricta neutralidad en este proceso electoral”. Y añadió que “Un golpe de Estado en este momento en la región es insostenible. Si hay personas que creen que pueden soliviantar a nuestras FF.AA., se equivocan”.
Las fuerzas populares se movilizan.
Ante las amenazas golpistas, decenas de organizaciones sociales, civiles, sindicatos, universitarios, ronderos, partidos políticos y personalidades, han convocado grandes movilizaciones. Protestas que tienen como objetivo, como dice el manifiesto de los convocantes, “hacer respetar y defender el resultado electoral democrático frente a toda intención de golpe de Estado, tras los intentos de deslegitimar la elección por parte de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, quien insiste en que hubo fraude y no reconoce aún los resultados emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)».
En la conferencia que llamó a la movilización estuvieron el congresista Lenin Checco, del Frente Amplio; el congresista electo Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú; el integrante del equipo de Perú Libre, Avelino Guillén; la excandidata Verónika Mendoza, así como representantes magisteriales, universitarios, ronderos, entre otros.
Para Lenin Checco, esta convocatoria a marcha se hace tras “un hecho totalmente inédito al intentar impugnar actas fuera de tiempo previsto y sin los requisitos de fondo”. La agrupación Fuerza Popular habría usado 27 vales en diferentes expedientes y en distintas regiones.
“Hemos venido a defender esa voluntad popular que nos quitaron en el 90, que fue manejada por los medios de comunicación, los poderes del Estado, queriendo hacer del país una chacra. Los ciudadanos que de verdad respetamos la democracia haremos hacer respetar el voto que ya ha sido emitido”, expresó.
Por su parte, Roberto Sánchez expresó su rechazo a “una voluntad antidemocrática y un esfuerzo sistemático por desconocer la voluntad de los ciudadanos” por parte del fujimorismo, lo que ha generando “una ruptura en la peor crisis no reconociendo el ejercicio democrático y la justicia electoral”.
“No debemos pisar el palito ni responder a este animo de agresión, de insulto, porque justamente están queriendo la confrontación. Nuestra movilización tiene que ser firme, democrática, con paz, con respeto, discriminando todo tipo de prácticas antidemocráticas que desconocen el voto ciudadano que ya ha dicho quién será el presidente del bicentenario”, señaló.
Finalmente, Verónika Mendoza sostuvo que “algunos han olvidado que en democracia todos los votos valen exactamente igual, el voto de un rondero, de una maestra, de un campesino, un agricultor, un empresario o un multimillonario”.
Para Mendoza existe una preocupación colectiva en el país, ya que Fuerza Popular “pretende con argucias legales, con mentiras, con hostigamiento y acoso también a las autoridades electorales y a periodistas independientes desconocer el resultado electoral”. En esa misma línea, aseguró que estas acciones solo “generan caos e inestabilidad, y con ello golpear la democracia”.
“Llamamos a todas las fuerzas democráticas a poner el hombro. Nos sumamos y convocamos también a esta gran movilización nacional en todas las calles y plazas del país, donde saldremos con firmeza y de manera pacífica”.