El gobierno anuncia un acuerdo para instalar una fábrica de microchips en España. Bienvenido un proyecto industrial con tecnología punta y de un sector estratégico. El pero es que se le entregarán a una multinacional norteamericana cientos de millones de euros sin ninguna condición.

“Estoy emocionado de anunciar nuestra decisión de invertir en el ecosistema de semiconductores de España en el marco del Perte Chip” publicó en su twitter el presidente de la compañía Broadcom (acompañando el texto con una foto de una de sus reuniones en Moncloa). No es para menos, ese marco al que se refiere (Perte Chip) es el montante del dinero de fondos europeos que aportará el gobierno para este sector: 12.250 millones de euros. Una parte será para la nueva fábrica que a los norteamericanos les va a salir regalada.

Atraer industria al país es clave para crear riqueza, mejorar los salarios y la calidad de los empleos; y para reducir la enorme dependencia actual del monocultivo del turismo y de las cadenas de montaje de automóviles.

Pero cuando estas inversiones están basadas en el dinero público debía ser obligado que se hagan incluyendo en el proyecto unas condiciones de participación estatal en el accionariado y de acceso a los beneficios por tanto. Así como también mecanismos para la participación en la propiedad y gestión de los trabajadores, en un porcentaje. Esta es la única manera de que la reindustrialización suponga un avance en la redistribución de la riqueza y al tiempo se blinde una posible futura deslocalización de la compañía, como estamos cansados de ver.

Lo opuesto a redistribuir

El camino parece el contrario. El plegamiento del gobierno recuerda más una escena actualizada de bienvenido Mr Marshall. Se negoció directamente desde Moncloa con la dirección de la compañía, colocando a un monopolio a la altura del Gobierno. No se incluye ninguna cláusula sobre cuánto debe invertir la empresa por cada euro de ayuda que va a recibir, ni su retorno en metálico o en transferencia de tecnología… ni se plantea que la inversión resultante sirva para crear una empresa mixta con un beneficio mutuo.

Sin unas condiciones de beneficio mutuo no se debe subvencionar a monopolios

Este caso es muy clarificador del nivel de dependencia que la Unión Europea (UE) y España en particular mantiene respecto a EEUU. El plan europeo que permite que se hayan dotados esos fondos, es un programa para que teóricamente la UE tenga autonomía estratégica en la producción de un elemento básico para la industria como el microchip, cuya producción está concentrada en China y Taiwan, Korea y EEUU. Pero de esa definición de objetivos iniciales ha pasado a ser un plan para aceptar la continuidad de la dependencia y financiar la expansión de los monopolios norteamericanos del sector. Aquí el ganador es Washington que se garantiza controlar esa rama tecnológica y reservarse para sí el mercado europeo.

El despliegue estadounidense comprende más inversiones. Al calor de esa lluvia de dinero público, la multinacional Cisco también instalará su centro de diseño de chips en Europa, en Barcelona. E Intel levantará un laboratorio de diseño de microchips invirtiendo 20 millones anuales durante un decenio; Eso sí, a cambio recibirá 200 millones públicos desde el inicio.

Se crearán algunos puestos de trabajo pero con estos criterios de inversión la riqueza se concentra, no se redistribuye, y esta industrialización no cuestiona la dependencia que tenemos de la superpotencia americana, principal lastre económico, y como se ve político, que arrastra nuestro país.

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La compañía estatal de electricidad de Austria se extiende en España

Otra venta humillante

La compañía austriaca Verbund ya es la tercera empresa con más potencia de energía verde en proyectos para instalar en España. Además acaba de realizar dos grandes compras de parques eólicos y fotovoltaicos en Asturias, Cádiz, Salamanca, Zaragoza, Soria y Albacete.

Y es una empresa estatal de otra nación, lo que se niega a España.

Ya van dos. Endesa (la ex empresa nacional de electricidad) se vendió en nombre de la falacia de que lo privado era más eficaz, y resultó que su comprador fue otra empresa estatal pero de Italia (Enel). Ahora nuevamente una empresa estatal, Verbund, en este caso austriaca, se apunta a copar el creciente parque de generación de energía renovable de España.

Resulta humillante porque en España los sucesivos gobiernos respetan como un campo intocable todo el sector eléctrico ya privatizado, pero permiten a empresas estatales de otras naciones quedarse parte del pastel. Los estados italiano o austriaco reciben ingresos para sus presupuestos de lo que les renta la explotación de empresas de energía en España.

Prácticamente Alemania y nuestro país son las excepciones en el Mundo de países que no tienen compañías nacionales de electricidad. Incluso quince de las mayores 50 empresas de energía del Mundo son públicas (ver cuadro), demostrando que la gestión no debe ser necesariamente privada para garantizar un gran resultado económico.

Urge una empresa estatal de energía y una ley para que no se concentre la producción.

Perdiendo la oportunidad

Molinos para energía eólica y paneles solares aparecieron como una gran oportunidad para que la generación de energía no dependiera de uno o dos monopolios, sino de miles de pequeños y medianos productores.

Esta tecnología no requiere de los gigantescos desembolsos necesarios para construir una central nuclear, un embalse o una central térmica…. Y por tanto permitía que una gran red de productores, desde PYMES, hasta asociaciones de consumidores, o ayuntamientos fueran los productores. La competencia favorecería un bajo precio. Mientras que ahora tres grandes compañías controlan el mercado imponiendo condiciones draconianas a los consumidores. Además los beneficios estarían muy repartidos pudiendo haber sido una fuente de riqueza muy distribuida. Bastaría con legislar para impedir su concentración.

Y era también un complemento perfecto para procurar un mayor nivel de ingresos a las zonas rurales o más despobladas.

En su lugar se ha convertido en otro sector monopolizado, que instala gigantescos molinos (de hasta 160 metros se están levantando) sin tener en cuenta criterio alguno de quebranto del paisaje, ruidos en zonas rurales, peligro para la fauna, devaluación del valle para el turismo, y nunca con el acuerdo de los habitantes de la zona.

Y la riqueza allí generada se va… ahora hasta Austria, EEUU, Alemania o Canadá… principales países inversores en el sector España.