Cargando...En junio del año pasado el Consejo de la UE aprobó la Directiva de Retorno, la que ha sido denominada mayoritariamente como la «Directiva de la Vergüenza». El organismo europeo estableció un plazo máximo de dos años para que los estados miembros adapten su legislación a las exigencias normativas. Esta directiva supuso un endurecimiento de la ya severa normativa aprobada en el 2005: cuatro semanas es el plazo para «el retorno voluntario» con la obligación de «presentarse regularmente ante las autoridades, depositar una garantía financiera, entregar documentos o residir en un lugar determinado». Ahora el Gobierno pretende otra vuelta de tuerca:
El asado 19 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, cuyo artículo 53 considera delictiva “la promoción de la permanencia irregular en España de un extranjero”, y añade “cuando el extranjero dependa económicamente del infractor”. Juristas, sacerdotes, artistas y profesionales de todo tipo – hasta 3.500 firmas – se han unido en el manifiesto “Salvemos la hospitalidad”, exigiendo que se incorpore al texto el “ánimo de lucro” como condición para que haya delito y sanción.Hay que ver como las necesidades creadas por la crisis agudiza el ingenio para garantizar el negocio y la máxima ganancia. No basta con alargar la jornada a 65 horas para extraer mayor beneficio del tiempo de vida de cada trabajador, ni basta con deshacerse de la fuerza de trabajo “sobrante”. También hay que romper cualquier lazo entre españoles e inmigrantes persiguiendo la solidaridad que, especialmente, caracteriza al pueblo español.Volviendo a la Directiva de la Vergüenza, hay que recordar que establece que si el “retorno voluntario” no se produce, las autoridades aplicarán la política de “externalización” creada hace 10 años que quedó sin concreción. Dieciocho meses de retención en Centros de Internamiento para Extranjeros – CIEs – es el periodo en el que los avanzados países europeos se pusieron de acuerdo. En casos de “urgencia” no es necesario que medien las autoridades judiciales, la orden puede ser cursada por vía administrativa directamente.Hace tres años el Instituto de Estudios Autonómicos catalán presentó un informe en el que se afirmaba que España necesitaría un aumento del orden de 4 millones de inmigrantes hasta el 2020 para satisfacer la demanda de trabajo y crecimiento de la economía española. El informe llegaba a afirmar que en la última década el PIB habría retrocedido un 0,64% sin la fuerza de trabajo inmigrante. Evidentemente este estudio se basaba en una tasa de crecimiento del PIB del 3%, y del empleo de entre el 2% y el 3%.Es en función de estas necesidades que el Gobierno legisla. No hay más que matices entre supuestas políticas progresistas o conservadoras en materia de inmigración, lo que manda son las necesidades de los grandes capitales, la banca y los principales monopolios.Aunque el Gobierno se ha apresurado a calificar de “desenfocadas” las críticas, considerando todo un malentendido porque no se perseguirán “situaciones de vulnerabilidad ni a las ONG”. Pero esto es como cuando Chavez, el presidente venezolano, advirtió de que revisaría las inversiones de los países que apliquen la directiva de inmigración aprobada por la UE. Zapatero encargó a Moratinos que le explicara correctamente las cosas a Chavez porque “a veces se oyen opiniones que poco tienen que ver con lo que la directiva dice".O hay un problema de comunicación del Gobierno con el resto de la Humanidad, o las leyes que se aprueban tienen un problema: dicen lo que dicen.