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Según el Anteproyecto de Ley que prepara el ministerio de Seguridad Social los planes de empresa permitirán reducir a las empresas las cotizaciones por trabajador a la Seguridad Social, lo que supondría un recorte de la pensión pública futura del trabajador inscrito en un plan de pensiones de empleo. Menos cotizaciones, menos pensión pública.
Aprobada de rebote la reforma laboral, las pensiones vuelven a la mesa de negociaciones donde se ha de discutir la propuesta del gobierno para impulsar los planes de empresa antes de su tramitación parlamentaria. Una reforma que ha de estar aprobada antes del 30 junio, según el plazo comprometido con Bruselas para poder acceder al nuevo pago del Fondo de Recuperación de 12.000 millones de euros.
El anteproyecto no está terminado y tenemos que esperar a conocerlo en su conjunto para hacer una valoración completa. Pero las primeras revelaciones de su contenido son, cuanto menos, para encender las luces rojas.
En el borrador conocido se propone que las aportaciones empresariales a los planes de empresa estén excluidas de la base de cotización de los trabajadores. Es decir que la empresa podrá desgravarse en la base de las cotizaciones que ha de pagar a la Seguridad Social una cantidad por cada trabajador que se adscriba a los planes de empresa. Simplificando: lo que el ministerio que dirige Escrivá propone son rebajas en las cotizaciones que las empresas han de pagar a la Seguridad Social para incentivar a las empresas a que se comprometan a impulsar estos planes.
Según un estudio del diario económico El Economista a partir del borrador del propio ministerio, la empresa podría dejar de pagar en cotizaciones sociales 301 euros por año y trabajador. Un incentivo que los empresarios consideran insuficiente y pretenden aumentar en las negociaciones.
Un recorte de la pensión pública
La propuesta, un incentivo sobre todo a las grandes empresas, esconde un lado oscuro, un recorte de su pensión pública futura para cada trabajador inscrito en un plan de empresa. A menos cotización menos pensión pública. Incentivar los planes de empresa recortando la pensión pública.
Recortar y degradar las pensiones públicas para abrir camino a las pensiones privadas. Esta máxima que define la estrategia de los grandes fondos y bancos interesados en hacerse con la gestión de los más de 120.000 millones de euros anuales que mueve el sistema público de pensiones, está encerrada en esta propuesta.
Los planes de pensiones de empresa no son pensiones públicas, sino planes de pensiones privadas impulsadas desde el Estado pero con gestión privada. Serán bancos seleccionados quienes gestionarán un fondo con cientos de miles de millones de euros en diez años, el 50% de la población activa integrada, frente al 10% actual que tiene un plan de empresa, a cambio de suculentas comisiones y otros beneficios por su gestión.
Con las luces rojas encendidas habrá que esperar a seguir conociendo cómo se van a imponer estos planes de pensiones.
Cada vez es más cierto que solo hay una alternativa para defender el sistema público de pensiones con garantía de que ni se recorten ni se privaticen: blindar las pensiones en la Constitución como un derecho fundamental, tal y como propone la MERP (Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones).