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El Fondo de Reserva de las pensiones en España es un enorme depósito de dinero (39.500 millones de euros), el sexto de la zona euro. Creado apenas hace 15 años, en 2011 llegó a acumular 71.000 millones, y de haber continuado creciendo a ese ritmo, hoy superaría los 100.000 millones de euros y garantizaría la jubilación de los actuales trabajadores. Sin embargo, desde 2012, el gobierno de Rajoy ha ido vaciando el fondo (hasta 37.701 millones), llevando al fondo a una evolución descendente -en una década quedaría agotado de ir como hasta ahora- y reavivando el debate sobre su ‘insostenibilidad’ y necesidad de reforma.
Las pensiones en España están a la cola de los países de la UE, y su poder adquisitivo no ha parado de bajar desde el inicio de la crisis. Frente a las tracas propagandísticas del gobierno de que ‘las pensiones con el PP suben un mínimo de 0,25% al año’, cualquier pensionista sabe que el coste de la vida sube mucho más. Gracias a los recortes, el poder de compra de los pensionistas, es decir su salario real, será una media de 142 euros menor en 2016. Y en 2050 su pensión real será un tercio más baja de la que tenían derecho antes de las sucesivas reformas.
«Necesitan atacar y desmantelar el actual sistema público de pensiones para que pueda despegar el gran negocio de los fondos privados de pensiones «
Pero no les basta con eso. Necesitan atacar y desmantelar el actual sistema público de pensiones para que pueda despegar el gran negocio de los fondos privados de pensiones.
El sistema público de pensiones es uno de los mercados más amplios y suculentos –110.000 millones de euros se recaudan cada año por cotizaciones sociales– sobre el que busca abalanzarse el gran capital financiero internacional. A diferencia de los intereses de la deuda, ni corre el riesgo de impago, ni está sometido a las fluctuaciones del mercado, ni repunta unos años para descender otros. Sencillamente es un flujo masivo de dinero que se descuenta mensualmente de la nómina de todos y cada uno de los 17 millones de trabajadores asalariados que existen en España.
Buscan quedarse con esta “caja de resistencia”, uno de los mayores bocados que el hegemonismo puede dar a la riqueza del país. Y segundo, abrir un gigantesco nicho de negocio -que en España no puede prosperar mientras exista un sistema universal de sanidad y pensiones-que sus mismos estudios estiman que puede generar beneficios por valor de 1 billón de euros en nuestro país.
El requisito, claro está, es hacer ‘insostenible’ un sistema de pensiones que hasta 2011 había demostrado ser capaz de crear enormes superávits, creciendo cada año incluso con una situación de paro por encima del 25% y sirviendo además para recomprar una parte de la deuda pública española y evitar que fuera a manos de bancos y capital extranjero. Incluso con esta política de mínimo riesgo, el Fondo de Reserva llegó a ganar 24.000 millones de euros extra desde su creación en 2000.
El problema llegó a partir de 2012, momento en el que el gobierno de Rajoy empezó a sacar grandes cantidades de dinero del Fondo -hasta 37.701 millones-con el pretexto de pagar la paga extra a los pensionistas cada año. Esas pagas extras se venían recaudando de otras partidas presupuestarias, pero la reforma del artículo 135 de la Constitución -impuesta por Merkel en los últimos meses de Zapatero- que estipulaba el pago de la deuda externa a los bancos extranjeros como prioridad absoluta presupuestaria, por encima de la sanidad o las pensiones de los españoles, dio la excusa perfecta para empezar a vaciar un fondo que habría seguido creciendo hasta los 100.000 millones en la actualidad de haber seguido la misma política de ahorro.
Una imposición germana dio pie a crear artificialmente la insostenibilidad del sistema de pensiones español y preparar las condiciones de su colapso y sustitución por un sistema de lucrativos fondos privados.
Frente a este intolerable ataque, la Mesa Pro Referéndum de las Pensiones (MERP) impulsa un referéndum para blindar las pensiones en la Constitución, impidiendo que cualquier gobierno pueda recortar o privatizar total o parcialmente, las pensiones públicas. Y estableciendo que tengan que subir obligatoriamente con el IPC. Una alternativa que interesa al 90%.