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Continúa la polémica sobre la reforma de las pensiones levantada a raíz de las declaraciones del gobernador de Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. En esta ocasión es el diario Expansión el que vuelve sobre las mismas, para insistir una vez más en que -dado lo traumático del asunto para millones de personas que ven amenazado su futuro- lo mejor es dar el «hachazo» cuanto antes.
Por su arte, el economista Juan Velarde toma en ABC como pretexto las declaraciones de la pasada cumbre del G-20 en Londres sobre la libertad de comercio para señalar una vez más el problema del crónico déficit comercial español –al que se le suma el déficit de financiación– que, a su juicio, ha creado el más grave problema de la crisis que afecta a España: una enorme deuda externa que crece sin cesar mientras nada se hace para remediar este problema de fondo. Problema al que, además, se suma otro; el de la creciente fractura del mercado interno español cuarteado por las múltiples leyes, regulaciones y disposiciones de distinto signo que cada uno de los gobiernos autonómicos aprueba sin tener en cuenta para nada los intereses de conjunto de la economía española y su mercado interior. Editorial. Expansión LA ETERNA POLÉMICA La necesidad de excluir las pensiones de la batalla política y la cooperación entre todos los partidos para asegurar el sistema público de previsión fue la razón fundamental que dio origen en 1995 al Pacto de Toledo. El acuerdo, que se firmó en el Parador de la vieja ciudad imperial, trataba de ser el final de aquel debate que inició Felipe González ante las cámaras de televisión, en las elecciones de 1993, al acusar al entonces candidato del PP, José María Aznar, de querer reducir las pensiones en lo que entonces eran ocho mil pesetas mensuales. Sin embargo, los partidos políticos tardaron poco tiempo en volver a utilizar las prestaciones y la Seguridad Social como arma arrojadiza. Sin ir más lejos, un año después del Pacto de Toledo llegó el PP al poder y acusó, indebidamente, al Gobierno socialista de provocar un agujero en la Seguridad Social de lo que hoy serían 3.000 millones de euros. La critica era injusta, porque el PP no reconoció nunca que, en el fondo, aquel problema se debía a que la financiación del sistema de protección estaba mal estructurada y que, entonces, las cotizaciones sociales estaban soportando, de forma inadecuada, prestaciones como la Sanidad, los Servicios Sociales, el Instituto Social de la Marina o los complementos de las pensiones que ni siquiera igualan a las más bajas del sistema. Precisamente, fue el Gobierno del PP el que empezó a resolver este problema y el que puso números al acuerdo político sobre el sistema de pensiones, mediante un pacto con los sindicatos UGT y CCOO, y el rechazo de CEOE. Por ejemplo, al ampliar de ocho a quince años el periodo de cotización exigido para calcular la cuantía de la pensión, o al bajar del 60% al 50% el nivel de renta que puede cobrar un jubilado si sólo ha contribuido durante quince años. Sin embargo, después de ese pacto, que también puso en marcha el Fondo de Reserva y, en definitiva, dio lugar a la reforma de la Seguridad Social de 1997, no se ha producido otro acuerdo de similar alcance. Gracias, entre otras cosas, a la tranquilidad que ha proporcionado a los gobiernos de turno, los partidos políticos y los sindicatos, que no a la patronal, los pasados años de bonanza económica y de fuerte crecimiento del empleo. Desde entonces, se han convertido en algo cíclico las polémicas suscitadas por las advertencias del gobernador de turno del Banco de España sobre la necesidad de reformar en profundidad el sistema de pensiones y, obviamente, sobre el mercado de trabajo. Ambos están esencialmente conectados. El Banco de España es una institución independiente del Ejecutivo, y su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cumple con una de sus funciones fundamentales para el interés público, como es la de analizar en profundidad todos los elementos que pueden influir en la marcha de la economía y de advertir sobre los riesgos que hay en el horizonte. Fernández Ordóñez no observa a los dieciocho millones de trabajadores ni a los ocho millones de pensionistas como una poderosa clientela electoral, como, con frecuencia, hacen el Gobierno, los partidos políticos y los sindicatos. Ni tampoco está favoreciendo los planes privados de pensiones. El gobernador está llamando la atención sobre tres hechos incontestables para todos los que conocen los sistemas públicos de pensiones. En primer lugar, que es necesario reformar el modelo, porque, por la propia evolución del mercado de trabajo, la población y el envejecimiento de ésta, las medidas tardan en notarse. En segundo lugar que, en este caso, reformar significa, cuando menos, aumentar el esfuerzo contributivo de los trabajadores, si queremos que, efectivamente, la Seguridad Social pueda garantizar en el tiempo un nivel de vida digno, no suntuario, a toda la población de pensionistas. Y, en tercer lugar que, precisamente, las medidas hay que adoptarlas cuanto antes para que se puedan hacer de la forma menos traumática posible. En lugar de descalificar a Fernández Ordóñez, el Gobierno, los partidos políticos, la patronal y los sindicatos harían mucho mejor en acometer estas reformas, explicando su necesidad a la opinión pública para, precisamente, garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. Es decir, se trata, en definitiva, de renovar el compromiso original del Pacto de Toledo para beneficio de todos. EXPANSIÓN. 19-4-2009 Opinión. ABC REFLEXIÓN ESPAÑOLA TRAS LA CUMBRE DE LONDRES Juan Velarde (…) La cumbre de Londres del G-20 y asociados sirvió para ratificar todo esto. Léanse los apartados 22 a 24 sobre la «resistencia al proteccionismo y la promoción de un comercio y una inversión globales» en la «Declaración de los dirigentes». Naturalmente en España debe meditarse sobre esta postura que se afianza porque, en un doble sentido, tenemos ante nosotros una realidad muy preocupante. Por lo que respecta al comercio internacional, las últimas informaciones conocidas indican que en los doce meses que concluyen en enero de 2009, el déficit comercial de España alcanzó los 131.700 millones de dólares, aumentados a los 145.200 millones al estimar el déficit por cuenta corriente. Esto crea una formidable crisis de la deuda externa que, es en el fondo, una de las que más violentamente zarandea a nuestra economía. Y he aquí que desde que este déficit creció durante un lustro con fuerza y saltó del 3,5% del PIB en 2003 al 9,6% en 2008, nada realmente se ha hecho, sobre todo en el terreno de la política industrial. Meditemos sobre un riesgo que acaba de exponer Anatole Kaletsky en el artículo «Euro exit or default a cost-benefit analysis» (…) donde señala la crecientemente difícil posición en la Eurozona de «economías tales como las de Irlanda, Portugal y posiblemente España, que tienen fuertes déficit presupuestarios amén de pobre competitividad comercial y muy amplios déficit por cuenta corriente». En cifra absoluta, sólo es superior a este déficit español el norteamericano. Y eso no se arregla por arte de birlibirloque (…) Pero es que España tiene otro problema: a causa de la política autonómica desarrollada se ha roto el mercado interior. Recuérdese que Alfredo Marshall en «Official Papers» (…) calificó la Zollverein, o sea la liquidación alemana de todas las trabas interiores del mercado germano, como «el movimiento más importante hacia el comercio libre que el mundo nunca había contemplado, excepto las reformas aduaneras británicas». Y por su lado, el gran Gottfried Haberler, en su artículo «Integration and growth of the world economy in historical perspective» (…) señaló que la «unificación económica nacional era un prerrequisito indispensable, no sólo para el desarrollo económico de los diversos países interesados, sino también para el incremento de la economía mundial». Y en España, no sólo se ha retrocedido , sino que da la impresión de que el proceso se amplía. Y si no resolvemos la cuestión del déficit exterior y de la fractura del mercado interior, ¿no nos veremos golpeados muy seriamente por la coyuntura internacional, sea ésta cual fuere? ABC. 20-4-2009 Editorial. La Gaceta de los Negocios CAMBIOS CONTABLES EN LA BANCA La crisis ha traído consigo importantes cambios en la consideración, valoración y provisión de riesgos financieros, basados en la idea extendida de que gran parte de los problemas se han debido a una insuficiente e ineficaz regulación por parte de las autoridades. Pero si hay un mercado controlado, no ya administrativa sino incluso políticamente, es el sistema financiero. A pesar de los pasos dados en las tres últimas décadas para liberalizar tales transacciones, la libertad de acción, decisión y contratación en el sistema financiero es realmente estrecha, y aún más tras la cumbre del G-20 donde, sin apenas una reflexión más profunda o sutil, simplemente se han condenado y suprimido los denominados paraísos fiscales. Mucho antes de la crisis, que ha servido como pretexto para aumentar una intervención inoperante, el sistema bancario ya era un club presidido por una autoridad monopolista, con amplios poderes y mayor responsabilidad que en cualquier otro sector, cuyos miembros operan en régimen de oligopolio, muy intervenido, regulado e inspeccionado. En ese negocio se fijan y revisan las proporciones de capital y las coberturas del pasivo; los límites del crédito; los activos que pueden sacarse de balance; la captación de depósitos; qué tipo de obligaciones pueden emitirse; las relaciones con los depositantes; se fijan precios y tipos… y un largo etcétera. Eso, cuando no sucede que el 50% del sistema (Cajas de Ahorro) está directamente en manos de gobiernos autonómicos o locales, donde las decisiones de inversión no es que se orienten, sino que directamente se determinan. Ciertamente, la Fed ha sido más permisiva que el BCE con sus entidades a la hora de que sacasen fuera de sus balances muchos más activos y los vendiesen a terceros en forma de activos reestructurados. El Banco de España ha sido aún más riguroso en su exigencia a bancos y cajas sobre provisiones y tenencias de fondos propios y computables (a requerimiento del BCE), así como en limitar la saca de activos fuera de balance. Pero tras la insolvencia y quiebra de muchas entidades en EEUU, y para facilitar su salida, la autoridad contable (FASB) ha levantado la obligación de reflejar o valorar los activos en balance a precios de mercado (hundidos tras el crack), lo que a su vez ha evitado a las entidades tener que aprovisionar riesgos y pérdidas muy cuantiosos, elevando así su valor bursátil y financiero. La medida es justo opuesta a lo que la prudencia exige y puede tener graves consecuencias en los planes de rescate. LA GACETA DE LOS NEGOCIOS. 17-4-2009