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La Comisión Europea va a esgrimir de nuevo la tijera de los recortes. Utilizando una vez más la bandera de la reducción de la deuda y el déficit.
Resulta sorprendente que esta noticia, que va a determinar nuestras vidas, no haya ocupado apenas espacio en la campaña electoral, ni haya merecido una atención prioritaria de los grandes medios.
Preparan nuevos recortes, pero los ocultan para intentar evitar el rechazo social.
A partir de 2024, la UE volverá a imponer las reglas fiscales suspendidas temporalmente tras la pandemia. Obligando a todos los países a rebajar su deuda pública por debajo del 60% del PIB, y a que el déficit anual de las cuentas públicas no supere el 3% del PIB.
Los países que no cumplan estas normas entrarán en el “procedimiento de déficit excesivo”. Serán sometidos a una estrecha vigilancia por parte de Bruselas, deberán presentar planes para reducir la deuda entre cuatro y siete años, a un ritmo mínimo del 0,5% del PIB cada año, podrán recibir la visita de los “hombres de negro” de la UE y ser multados si no cumplen.
España está en el punto de mira de las nuevas reglas fiscales. Nuestra deuda pública se eleva al 113,2% del PIB, casi el doble que el mínimo exigido por Bruselas. Y 2022 se cerró con un déficit del 4,8% del PIB, casi dos puntos por encima del límite del 3%.
Los recortes jamás se fueron. Durante la pandemia se suspendieron las exigencias de reducción de deuda y déficit. Haberlas mantenido hubiera hundido el mercado europeo e incluso provocado la explosión de la UE. Ahora, con una Alemania en recesión, que está sufriendo su dependencia energética de Rusia, Berlín retoma el discurso más duro.
El ultraliberal ministro de Finanzas germano, Christian Lindner, ha verbalizado la amenaza, planteando que “la crisis del euro demostró que los recortes duros son necesarios cuando se duda de la fiabilidad de las finanzas públicas”.
Reducir la deuda no nos obliga a aceptar nuevos recortes. El camino es Redistribuir la Riqueza.
Ya se han puesto números a lo que van a suponer esos “recortes duros”.
La AiREF habla de la necesidad de recortar el gasto público al menos en 6.000 millones anuales. La Comisión Europea eleva la cuenta a 9.300 cada año. Y Alemania exige que la senda de reducción del déficit sea de al menos un 1% del PIB anual, lo que en el caso de España equivaldría a 13.300 millones.
Se empezará por desmantelar toda la batería de medidas, el llamado “escudo social”, que el gobierno ha presentado durante la campaña como uno de sus principales logros.
La UE exige retirar este año todas las ayudas aprobadas para hacer frente a los efectos de la pandemia que todavía se mantienen. Y suspender el año que viene las ayudas aprobadas por el gobierno para suavizar los efectos de la inflación.
Y en el “Programa de estabilidad 2023-2026”, negociado con Bruselas por el gobierno español, la UE nos impone recortes en sanidad, educación y gastos sociales. En 2026 se invertirá en sanidad más de medio punto menos del PIB que en 2021, y en educación 1,2 puntos menos del PIB que en 2009.
Para “cuadrar las cuentas públicas” nos exigen recortar la inversión en políticas sociales básicas, de las que depende nuestra salud o la educación de nuestros hijos o nietos.
Hay que reducir la deuda pública, que supera el 100% del PIB y supone una carga que dispara el saqueo sobre la población, a través del pago de unos interese que no paran de crecer.
Pero el camino para hacerlo es exactamente el contrario al que propone Bruselas. No se reduce la deuda a través de nuevos recortes sino Redistribuyendo la Riqueza. Si bancos, monopolios, capital extranjero y grandes fortunas pagan más impuestos, si la banca devuelve el dinero del rescate bancario, si eliminamos las subvenciones públicas entregadas a cambio de nada a eléctricas o multinacionales, entonces aumentarán los ingresos públicos, y podrá rebajarse la montaña de la deuda.
«La senda del ajuste»… o la pesadilla del austericidio
“La senda del ajuste”. Así titulaba su editorial uno de los principales periódicos nacionales. En él se desvelaba que “la hora de ajustar las cuentas públicas se acerca en la Unión Europea”.
Nos dijeron que “la UE y Alemania han abandonado el paradigma de los recortes”. Era mentira. Alemania aceptó suspender las reglas que obligaban a draconianos plazos de reducción del déficit porque la paralización impuesta por la pandemia podía poner en peligro el mercado europeo, su principal fuente de ganancias. Y abrió la mano, permitiendo incrementar la deuda, para que los gastos de la pandemia se cargarán sobre las cuentas públicas, sin tocar los beneficios de bancos y monopolios.
Ahora, la misma Alemania vuelve a empuñar las tijeras, que nunca había abandonado.
A partir de 2024, la UE volverá a imponer las reglas fiscales. Obligando a todos los países a rebajar su deuda pública por debajo del 60% del PIB, y a que el déficit anual de las cuentas públicas no supere el 3% del PIB.
Los países que no cumplan estas normas serán sometidos a una estrecha vigilancia por parte de Bruselas, deberán presentar planes para reducir la deuda, podrán recibir la visita de los “hombres de negro” de la UE y ser multados si no cumplen.
Sorprendentemente, estas noticias, que auguran nuevos recortes, han pasado desapercibidas, y apenas han recibido atención durante la campaña electoral.
Lo que nos va a costar
España está en el punto de mira. Nuestra deuda pública se eleva al 113,2% del PIB, casi el doble que el mínimo exigido por Bruselas. Y 2022 se cerró con un déficit del 4,8% del PIB, casi dos puntos por encima del límite del 3%.
El gobierno de Pedro Sánchez promete lograr “una consolidación fiscal sin aplicar recortes”, reduciendo la deuda gracias al crecimiento económico” y a “la creación de empleo”. Pero el ministro de finanzas alemán, Christian Lindner, calificado como un “halcón”, acaba de declarar que “la crisis del euro demostró que los recortes duros son necesarios”.
Ya sabemos a cuánto puede ascender esos recortes.
La AiREF habla de la necesidad de recortar el gasto público al menos en 6.000 millones anuales. La Comisión Europea eleva la cuenta a 9.300 cada año. Y Alemania exige que la senda de reducción del déficit sea de al menos un 1% del PIB anual, lo que en el caso de España equivaldría a 13.300 millones.
¿De dónde saldrá ese dinero? ¿De aumentar los impuestos a bancos, monopolios y multinacionales? El camino que dicta Bruselas es el contrario.
La UE exige retirar este año todas las ayudas para hacer frente a los efectos de la pandemia que todavía se mantienen. Y suspender el año que viene las ayudas aprobadas por el gobierno para suavizar los efectos de la inflación.
Y en el “Programa de estabilidad 2023-2026”, negociado con Bruselas por el gobierno español, la UE nos impone recortes en sanidad, educación y gastos sociales.
Allí se establece que el gasto público sanitario será en 2026 del 6,9%, más de un punto menos que la media europea… y 0,6 puntos menos de lo invertido por España en 2020. En lugar de aumentar la inversión pública se reduce, condenándonos a sufrir una sanidad por debajo de nuestras posibilidades.
Lo mismo sucede con el gasto público en educación. El porcentaje del PIB destinado a educación era del 5,7% en 2009… y en 2026 será del 4,5%. Somos el quinto país de la UE que menos invierte en educación.
Y a estos recortes hay que añadir el expolio para las cuentas públicas que supone el pago de intereses de la deuda. Con la subida de los tipos de interés decretada por el Banco Central Europeo esta partida de gasto va a dispararse. Según varios estudios en 2026 pagaremos solo en intereses entre 13.400 y 20.000 millones más cada año. Que se llevarán los fondos y bancos extranjeros propietarios, en más de un 70%, de la deuda pública española.
¿Y por qué no Redistribuir la Riqueza?
No podemos seguir aguantando una deuda pública por encima del 100% del PIB. Supone una sangría y una hipoteca para el futuro del país.
Pero no es verdad que la única forma de reducir la deuda sea a través de recortes que atenten contra el bienestar de la mayoría. Se puede limitar la deuda y el déficit a través de una política de Redistribución de la Riqueza, que disponga de los enormes recursos acaparados por bancos, monopolios y capital extranjero para incrementar los ingresos públicos, destinándolos a impulsar un crecimiento independiente que genere riqueza y empleo.