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La investigación de Amnistía Internacional en Perú confirma y demuestra -con la rigurosidad habitual de los informes de esta ONG- lo que ya nadie puede dudar. Tras el derribo del presidente Pedro Castillo y su sustitución «interina» por el gobierno de Dina Boluarte, la brutal represión contra los manifestantes que exigían democracia y la celebración de nuevas elecciones, fue ordenada de manera consciente, deliberada y planificada, por parte de las autoridades, incluido el uso de munición real contra los manifestantes.
Amnistía Internacional (AI) ha asegurado que en el asesinato de 49 manifestantes en Perú durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte hubo una «respuesta estatal deliberada y coordinada» que fue «ordenada o tolerada por altos cargos».
En un extenso y exhaustivo informe llamado ‘Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú’, Amnistía Internacional analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante las protestas en varios puntos del sur del país (Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca) y concluye que, de las 25 muertes, 20 «pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales».
En la presentación del informe, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, ha afirmado que «lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada».
«Las similitudes en el uso de la fuerza contra manifestantes en distintas partes del país indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos», ha asegurado Callamard. Además, la secretaria de AI ha asegurado que, «en lugar de condenar el uso excesivo de la fuerza, las altas autoridades de Perú lo fomentaron alabando públicamente las acciones de las fuerzas de seguridad, al tiempo que estigmatizaban a las personas que se manifestaban calificándolas de terroristas y difundiendo intencionadamente desinformación».
El Gobierno de Boluarte, según el informe de AI, hizo esfuerzos para presentar a los manifestantes como terroristas o delincuentes, pero recalca que los fallecidos eran manifestantes, observadores y transeúntes, y que casi todos ellos pertenecían a «entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal».
Las conclusiones del AI sobre la represión de Dina Boluarte coinciden y son consistentes con lo que afirman otros informes internacionales sobre las ejecuciones extrajudiciales en Perú tras la detención de Pedro Castillo.