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Paraguay: democracia quebrantada

Es meridianamente claro que el juicio político realizado ayer en contra el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, y la posterior destitución de que fue objeto por parte del Senado de ese país, no estuvieron motivados por un presunto mal desempeño del mandatario en sus funciones, como alegaron los legisladores que avalaron la revocación del mandato presidencial. La improcedencia de las acusaciones en contra del gobernante –a quien se achaca la responsabilidad directa por la muerte de 17 personas en el desalojo de una finca del ex senador Blas Riquelme, el pasado 15 de junio–; la celeridad con que se resolvió el proceso –en tan sólo dos días y sin tiempo suficiente para elaborar una adecuada defensa del acusado– y la clara prevaricación en que incurrieron los integrantes del Senado paraguayo erigido en tribunal –cuya sentencia se conocía con antelación a la realización del propio juicio–, hacen inevitable concluir que lo que ocurrió ayer en el país sudamericano, por más que haya estado revestido de formalidad legal, fue un acto golpista de la derecha oligárquica contra un gobierno progresista, con sentido popular y democráticamente constituido.

La asonada padecida por el gobierno de Asunción ha confirmado el talante antidemocrático del Partido Colorado (derecha), que gobernó ese país entre 1947 y 2008, y cuyo desempeño como fuerza opositora durante el mandato de Lugo se caracterizó por bloqueos legislativos sistemáticos a las reformas propuestas por el presidente y amagos recurrentes de juicio político en su contra. Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico, que formó parte de la alianza partidista que impulsó a Lugo a la presidencia de Paraguay en 2008, terminó por dar la espalda al mandatario, participó en la conjura con la formación política derechista y exhibió, así, su carácter oportunista, su vocación de traición a los electores y la miseria del conjunto de un grupo de políticos paraguayos que ha dado la espalda, desde hace mucho, a los ciudadanos.

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