Cargando...La Junta ha sido un instrumento capital para lograr el gran avance que ha registrado Andalucía en los últimos años. Pero ha acumulado tantos defectos y ha producido una corrupción tan indeseada a su alrededor que corre el peligro de convertirse en un lastre.
Cuando es más necesario que nunca crear empresas y empleo, encontrar fórmulas para obtener ingresos de donde no las hay y sacar de nosotros mismos toda la inteligencia y la fuerza que tenemos dentro, la Junta se nos muestra como un monstruo que en lugar de ayudar paraliza y que lejos de llevarnos hacia nuevos horizontes nos distrae y hace aún más costoso que nos pongamos en marcha.
Quien desee abrir un negocio tiene que empezar a pagar a la Administración mucho antes de que pueda obtener ingresos, ir de una oficina a otra y esperar meses, cuando no años, para obtener un sinfín de permisos frente a trabas, muchas veces contradictorias, en los diferentes Ayuntamientos, organismos o consejerías, que solo un milagro permite superar a la primera. Se ofrecen multitud de pequeñas ayudas pero a nadie parece que se le haya ocurrido que la mejor es simplificar todos esos trámites que generan costes y frustración a veces letales. Y cuando se trata de otras más importantes generan tal engorro que las empresas eficientes terminan por renunciar a ellas, pues no les compensa dedicarse en cuerpo y alma durante semanas a satisfacer los caprichos muchas veces irracionales de los legisladores. En abril de 2011 se convocaron ayudas a industrias ecológicas, un ámbito que debería ser estratégico para Andalucía, pero a día de hoy aún no se han resuelto los permisos para el inicio de la actividad correspondiente, y podrían ponerse multitud de ejemplos como ese que indican que así no es posible que salgamos adelante.
La normativa de las consejerías se ha multiplicado pero generando ineficiencia y una dificultad tras otra. En materia urbanística había, en abril de este año, un total de 94 normas (16 leyes, 5 decretos leyes, 31 decretos, 27 órdenes, 2 resoluciones, 8 acuerdos, 1 anuncio, 1 convenio, 2 instrucciones y un pacto) a las que habría que añadir otras 50 de rango estatal. Pero a pesar de todo ello, ¿o no habrá sido por su causa?, nuestra comunidad ha sufrido una degradación urbanística gigantesca que ahora hipoteca nuestro futuro.
En lugar de simplificar las normas y trámites y de dar ejemplo de eficacia, la Junta dificulta la creación de actividad y sus responsables se pasan día y noche lamentando que no hay recursos, cuando somos incapaces de gastar todo lo que tenemos y de hacerlo eficazmente. Por mucho que moleste que se diga, la verdad es que venimos tirando millones de euros en subvenciones y ayudas sin contrapartida alguna (salvo la partidista o electoral) que no crean ni un euro de riqueza, mientras que encarecemos el esfuerzo de quienes tienen ideas y proyectos que pueden crearla.
Y la cuestión no estriba, como se nos quiere hacer creer, en discutir sobre si hay muchos o pocos empleados públicos o si la Junta tiene más o menos grasa sobrante, sino en definir qué debe hacer el servicio público andaluz y cómo debe organizarse para promover la justicia, la creación de riqueza y el bienestar.
No soy optimista al respecto. Los partidos políticos andaluces no pueden resolver un problema que ellos han creado y del que se benefician. El partido socialista es su principal responsable, no se puede imaginar que el PP haga aquí lo contrario de lo que hace en otras comunidades o en el Estado, Izquierda Unida es parte del sistema y del problema conformándose con ser cabeza de ratón bien alimentado, y los tres están cómodos repartiéndose en las instituciones la respectiva cuota de poder y privilegios con que alimentan a sus aparatos. En ellos está el origen del problema y no su solución
Hace falta otro empuje, una combinación de fuerza e inteligencia ciudadanas de nuevo tipo que acaben de raíz con la fuente de ineficacia e injusticia en que se ha convertido la Junta.