Cargando...
Es el “día de la marmota”, un trágico deja vú. Hace casi un año, la chispa prendía en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén. Las provocaciones de israelíes ultraortodoxos degeneraban en enfrentamientos entre palestinos y policía en este lugar sagrado. Hamás respondía lanzando cohetes desde la Franja de Gaza, que acabaron con la vida de 13 civiles israelíes. Y como respuesta, como tantas otras veces, Tel Aviv desencadenaba una tormenta de fuego y muerte, un castigo colectivo contra los 2 millones de palestinos que subsisten en la Franja de Gaza, el trozo de tierra más empobrecido y maltratado del planeta. Durante 10 días de bombardeos sobre el enclave, murieron más de 250 personas (docenas de niños incluidos) y decenas de infraestructura claves quedaron destrozadas.
En estas semanas de abril, en las que coinciden el Ramadán musulmán y la pascua hebrea, todo se ha vuelto a repetir casi con exactitud. Centenares de ultranacionalistas judíos de extrema derecha se paseaban por los barrios palestinos de Jerusalén al grito de «muerte a los árabes», llegando a las cercanías de la Puerta de Damasco. Pocas chispas hacen falta para inflamar los ánimos en la ciudad vieja, y tras los rezos del viernes, se volvían a repetir los enfrentamientos en la Explanada de las Mezquitas, dejando un saldo de siete muertos, 150 heridos y más de 400 detenidos en el lado palestino. Otra vez un cohete era disparado desde la Franja de Gaza, el primero en meses. Tras interceptarlo, el Ejército israelí lanzaba la represalia, bombardeando con tres misiles la localidad de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Nadie sabe si la espiral pasará a más y desencadenará un nuevo y mortífero castigo militar sobre la Franja.
“Estamos profundamente preocupados por la escalada de violencia en el territorio palestino ocupado durante el último mes”, decía sobre el ataque de Israel sobre la Mezquita Al-Aqsa en Jerusalén la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Ravina Shamdasani. Subrayando que “el uso de la fuerza [por parte de Israel] fue generalizado, innecesario e indiscriminado”.
Esta espiral de violencia se produce casi un año después de que una moción de censura descabalgara del poder a Benjamín Netanyahu, que durante sus 15 años de mandato perpetró innumerables ofensivas militares y crímenes de guerra contra Gaza, y elevó hasta el extremo el grado de opresión contra los palestinos de Cisjordania. Pero su sucesor, Naftalí Bennet, promete ser igual o peor.
“Son las políticas de EEUU las que permiten la violencia de Israel e impiden la paz»
Bennet es el líder del partido ultranacionalista Yamina (en hebreo: «a la derecha») es -más aún que Netanyahu- un auténtico «halcón sionista», representante del ala dura de los colonos, defensor de la anexión sin contemplaciones de Cisjordania o de borrar Gaza del mapa. Ha formado parte de los gobiernos del Likud y la razón de que pasara a traicionarle y a apoyar la moción de censura hay que buscarla en Washington. La línea Biden necesitaba sustituir a un Netanyahu excesivamente alineado con el trumpismo por un halcón igualmente agresivo, pero más obediente a las directrices de la Casa Blanca. Con Bennet, la superpotencia ganaba capacidad de controlar y manejar a su principal gendarme militar en Oriente Medio.
¿Hasta cuándo este sangriento “día de la marmota” contra el pueblo palestino? La escritora y activista norteamericana Alison Weir -autora de ‘La historia oculta de la creación del Estado de Israel’- lo tiene claro. «La mayor oportunidad para la paz la justicia palestina surgirá cuando la opinión pública estadounidense conozca lo que ocurre y fuerce a cambiar nuestras políticas. Porque son las políticas de EEUU las que permiten la violencia de Israel e impiden la paz».
.
Informe de Amnistía Internacional sobre Palestina
El apartheid israelí contra la población palestina: Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad
Semanas antes de la actual espiral de violencia, Amnistía Internacional (AI) publicaba un nuevo y demoledor informe, en el que afirma que «las autoridades israelíes deben rendir cuentas por cometer el crimen de apartheid contra la población palestina”. La investigación detalla cómo Israel impone un sistema de opresión y dominación a la población palestina en los lugares donde tiene el control de los derechos de ésta. Esto abarca a los palestinos y palestinas que viven en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, y también a la población refugiada desplazada en otros países.
El exhaustivo informe, de 182 páginas está basado en investigaciones sobre el terreno de ONGs palestinas, israelíes e internacionales, y documenta cómo las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ilegítimos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulación y la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a la población palestina son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale a un apartheid. Este sistema constituye un crimen de lesa humanidad según las definiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención contra el Apartheid.
“Vivan en Gaza, Jerusalén Oriental, Hebrón o en la propia Israel, los palestinos y palestinas son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos. Las crueles políticas de segregación, desposesión y exclusión en los territorios que están bajo control de Israel constituyen sin duda un apartheid. La comunidad internacional tiene la obligación de actuar”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional pide expresamente a la Corte Penal Internacional (CPI) que considere el crimen de apartheid en su investigación en curso en los territorios palestinos ocupados
Las autoridades israelíes promulgan múltiples medidas para negar deliberadamente a la población palestina sus derechos y libertades fundamentales, como las draconianas restricciones a la circulación en los territorios palestinos ocupados, la falta de inversión crónica y discriminatoria en las comunidades palestinas en Israel, y la negación a la población palestina refugiada de su derecho a retornar. El informe documenta también traslados forzosos, detenciones administrativas, torturas y asesinatos por parte de las fuerzas israelíes, tanto en Israel como en la Palestina ocupada.
Desde su creación en 1948, Israel persigue una política etnicista para mantener una mayoría demográfica judía y de maximizar el control sobre las tierras y los recursos para beneficiar a la población israelí. En 1967, Israel amplió esta política a Cisjordania y la Franja de Gaza. Hoy, todos los territorios controlados por Israel siguen administrándose con el propósito de beneficiar a la población israelí judía en detrimento de la palestina, mientras las personas refugiadas palestinas siguen excluidas.
Amnistía Internacional pide expresamente a la Corte Penal Internacional (CPI) que considere el crimen de apartheid en su investigación en curso en los territorios palestinos ocupados y pide al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo integral de armas a Israel, que deberá abarcar todas las armas y municiones, así como equipos para hacer cumplir la ley, habida cuenta de los miles de civiles palestinos que han muerto víctimas de homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas israelíes. El Consejo de Seguridad de la ONU debe asimismo imponer sanciones selectivas, como el bloqueo de activos, a las autoridades israelíes más implicadas en el crimen de apartheid.