Lo anunciábamos en estas mismas páginas hace unos días, se preparaba toda una hondonada a favor de la impunidad tras la aparición en El País un artículo titulado «Audiencia Universal» que cuestionaba que España admitiera casos de crímenes a la humanidad fuera de nuestras fronteras. Convirtiendo, de la noche a la mañana, algo que debería ser un objeto de orgullo para nuestro país, nuestro papel destacado en la lucha contra la impunidad, en un objeto de debate público. Ahora sabemos el por qué.
La Audiencia Nacional esañola es, sin lugar a dudas, la vanguardia mundial en el terreno de la “justicia universal”. Pero los casos de Guantánamo y de Gaza ya habían puesto la voz de alarma. Dos casos cuya querella se lleva adelante en España y que creaban incómodos roces con Washington y su gran aliado, Israel. Antes, los casos del genocidio al pueblo maya en Guatemala, la dictadura de Chile, las Juntas militares Argentinas o la querella del pueblo saharaui… habían levantado ampollas entre los sectores de la justicia y la política española más prohegemonistas. El peligro de las últimas querellas es que en los tribunales españoles pudiesen empezar a juzgar crímenes a la humanidad tan recientes como el ataque a Gaza del 2002 o las torturas de Guantánamo, dejando la puerta abierta por ejemplo, a juzgar el bombardeo de Gaza del 2009. Y que, además, lo hicieran llamado -no a sus simples ejecutores- sino a sus principales responsables (altos cargos de la administración Bush, en el caso de Guantánamo o mandos militares de Israel, en el caso del ataque a Gaza del 2002). Un avance significativo en la lucha contra la impunidad que permitiría abarcar los crímenes presentes y llegar hasta los últimos y auténticos responsables. Por ello, tras un rápido e intenso revuelo mediático en el que se ponía en cuestión la justicia universal en nuestro país –que permite juzgar cualquier crimen contra la humanidad no importa dónde y cuándo haya sido cometido- las dos principales fuerzas políticas de nuestro país (el PP y el PSOE) se alían para recortar su aplicación en los tribunasles españoles. A pesar de sus aparentes diferencias en otros terrenos, cuando se trata de proteger la impunidad de Washington en los peores crímenes contra la humanidad, el PP y el PSOE, actuán como dos fieles soldados. El consenso y la envergadura del asunto es tal que en pocos días se ha resuelto una reforma de la justicia, cambio que normalmente tardaría meses e incluso años en poder realizarse. El pleno del Congreso de los Diputados tenía previsto hoy limitar la actuación de los jueces tribunales españoles. Una restricción de la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional que sólo podrá juzgar casos de crímenes a la humanidad cometidos fuera de nuestro territorio en caso de que hubiese españoles afectados. Una medida absolutamente injustificada que impedirá que continúe la actual querella contra el ataque a Gaza del 2002; que, en el pasado, habría impedido que se juzgaran los casos de Chile o Argentina y que, en el futuro, impedirá que querellas contra graves delitos contra la humanidad puedan encontrar un refugio en la justicia española. En España se están llevando a cabo 13 procesos de crímenes contra la humanidad, la mayoría de ellos no tienen a algún español afectado. Con esta restricción el PSOE y PP hacen un franco servicio a los centros de poder mundial, especialmente a Washington, la cuna de los peores crímenes contra la humanidad pasados y presentes.