Otro paso atrás de Obama

Primero dijo que no juzgarí­a a los agentes de la CIA o del ejército que ejecutaron las torturas, a principios de semana dio marcha atrás en la publicación de las imágenes de los malos tratos y ayer comunicó que la cárcel de Guantánamo serí­a desmantelada para -en los hechos- volver a construirla en suelo norteamericano. Hoy, la Casa Blanca ha confirmado el restablecimiento de los tribunales militares de Guantánamo. Dí­a a dí­a, los defensores de los derechos civiles en EEUU ven defraudadas sus expectativas, y las razones de Estado y las presiones del `stablishment´ arrollan las brillantes promesas electorales de Obama.

Los tribunales militares que rehabilita Obama ara juzgar a los presos de Guantánamo tendrán ciertamente limitaciones respecto a los instituidos por Bush. No podrán utilizar pruebas o testimonios obtenidos mediante tortura y tampoco las declaraciones escuchadas a terceras personas, y los acusados podrán escoger a su abogado militar. Pero se trata de tribunales en los que los reos tiene un grado de garantías sensiblemente menor al que cualquier ciudadano disfruta en una democracia occidental. La división de posiciones se hacía patente hoy en Washington. Mientras los republicanos celebraban la decisión, los grupos de derechos civiles mostraban su disgusto. "Ésta es una buena oportunidad de volver a endurecer nuestra política sobre los detenidos", decía exultante el senador republicano Lindsey Graham, satisfecho de que el mismo Obama que en 2006 votó en contra de los tribunales especiales para los presos de Guantánamo, ahora los mantenga en lo fundamental. “Es decepcionante que Obama reviva un experimento fallido en lugar de acabar con él”, lamentaba un portavoz de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), la organización que lanzó la denuncia de la que se originó el asunto de los malos tratos en las cárceles de la CIA. El gobierno asegura que tales tribunales sólo podrán juzgar a una veintena de presos considerados extremadamente peligrosos, cinco de los cuales son presentados como responsables directos de los atentados del 11-S. Pero al mismo tiempo, otras voces, como las del senador Graham no descartan que este refundado sistema de comisiones militares pueda ser utilizado contra otros futuros prisioneros de la “guerra contra el terrorismo” que EEUU todavía mantiene. La Casa Blanca asegura que el destino del cerca del centenar de presos contra los que no se pueden presentar pruebas será otro. Se los trasladará a otros países, serán juzgados por un tribunal ordinario y en algunos casos serán puestos en libertad, pero no pocas voces en Washington están en contra de esto, y defienden la conveniencia de mantenerlos prisioneros por tiempo indefinido “hasta que EEUU no haya derrotado a sus enemigos terroristas”.