Otro favor de Zapatero a los bancos

De seguir así­, no es descartable que la Asociación de la Banca Española, en su próxima junta directiva, otorgue a José Luis Rodrí­guez Zapatero la distinción honorí­fica de «máximo protector de los bancos hispanos». Por si no fuera bastante con los 250.000 millones de euros entregados o la subida de los márgenes de beneficio por repartir los créditos del ICO, ahora el gobierno está a punto de aprobar una reforma de la ley de suspensión de pagos para asegurar que la banca es la primera en cobrar las deudas de las empresas quebradas.

La liebre ha saltado a raíz de la quiebra de la inmobiliaria Martinsa Fadesa, la mayor susensión de pagos de la historia española. En su proceso de investigación, los administradores judiciales descubrieron que las entidades bancarias que financiaron en febrero de 2007 la compra de Fadesa por parte de Martinsa, al comprobar un año después las dificultades de la nueva empresa para devolver en plazo los pagos acordados, negociaron una refinanciación de la deuda. Refinanciación que no consistía en otra cosa que en alargar la fecha de los vencimientos, sin aportar nuevo capital ni préstamos. Pero eso sí, estableciendo una cláusula por la que adquirían una serie de activos de la inmobiliaria en concepto de”prenda” o garantía de cobro y, además, comprometiéndola mediante contrato a ser las primeras en cobrar en caso de quiebra, por encima de las prioridades de pagos dispuestas por el Código Civil y por la Ley Concursal que se aplica a las empresas y personas insolventes. Una Ley Concursal que, sin embargo, otorgaba hasta ahora potestad a los administradores judiciales encargados del proceso de liquidación de la empresa en quiebra a modificar ese tipo de contratos leoninos impuestos por los bancos y ordenar una nueva prioridad en los pagos a los acreedores. Exactamente lo que han recomendado los administradores judiciales de Martinsa, que al observar “mala fe” en la actuación de las entidades bancarias, proponen que sean las últimas en cobrar. Lo que, de ser aprobado por el juez y una vez conocida la verdadera situación patrimonial de la inmobiliaria, significa que probablemente nunca llegarían a cobrar la totalidad de la deuda. Esto es lo que los bancos han exigido al gobierno Zapatero que se elimine, y esto es lo que el gobierno Zapatero está a punto de eliminar. La reforma de la Ley Concursal, presentada como una fórmula para agilizar los trámites, no busca otra cosa que excluir explícita y taxativamente las renegociaciones de deuda (como las que han tenido lugar con Martinsa y otras grandes inmobiliarias) del ámbito de las acciones que los administradores judiciales pueden rescindir si la empresa finalmente cae en suspensión de pagos. Hace tiempo que sabemos que los Estados no son más que los consejos de administración de los intereses monopolistas y los gobiernos los gestores de sus intereses. Pero la actuación de Zapatero ha llevado a la ciencia política a descubrir un nuevo concepto: hay gobiernos gestores de los intereses bancarios, pero también existen los que se conforman con ser, simplemente, los botones de la casa.