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El “mastergate” se ha convertido en un terremoto que sacude la política española. No solo ha dilapidado el futuro político de Cristina Cifuentes, hasta hace muy poco una de las figuras emergentes de la nueva derecha. Es que ha golpeado de lleno al PP, cuya pretendida fortaleza, a prueba de recortes y escándalos, está puesta en cuestión.
Pero, sobre todo, el “escándalo Cifuentes” ha vuelto a poner sobre la mesa lo que algunos se empeñan en impedir pero que reaparece persistentemente: el horizonte de un gobierno de progreso.
La sucesión de tratos de favor, mentiras y falsificaciones que rodean el ya llamado “caso Cifuentes” ha llegado a un punto de no retorno.
La presidenta de la Comunidad de Madrid utilizó la influencia del PP en la Universidad Rey Juan Carlos para acceder a un master, sin acudir a clase y sin realizar los exámenes. Mintió en el parlamento autonómico al asegurar que todo estaba en regla. Y se falsificaron documentos -entre ellos un acta de la universidad que la propia Cifuentes exhibió como prueba exculpatoria- para fabricar una coartada.
La oleada de indignación -en un momento donde el abusivo precio de los másters excluye a muchas familias o hipoteca durante muchos años a otras- está más que justificado. Según las últimas encuestas, el 90% de los madrileños -un porcentaje que necesariamente incluye a una mayoría de votantes del PP- exige a Cifuentes que dimita.
Pero el “mastergate” ha adquirido una dimensión de consecuencias imprevisibles, que amenaza con ser mayor que otros escándalos de corrupción de mayor magnitud, como los casos Gürtell o Púnica.
En primer lugar, golpea de lleno en la línea de flotación del partido gobernante. Nos han repetido que al PP parecían no pasarle factura la ejecución de los recortes o los escándalos de corrupción. Era falso antes, cuando el partido de Rajoy perdió tres millones de votos en la doble vuelta de las pasadas generales. Y es más falso ahora, cuando su caída en las encuestas, persistente pero limitada, amenaza con acelerarse.
El caso Cifuentes cobra mayor importancia porque afecta al gobierno de la Comunidad de Madrid, la principal plaza política, tras el gobierno central, que el PP todavía atesora. Perder Madrid sería una hecatombe para el PP, agudizaría todas sus contradicciones, y pondría en un importante aprieto a un gobierno de Rajoy en minoría, que todavía no tiene asegurada la aprobación de los presupuestos.
Pero, sobre todo, el “mastergate” ha hecho reaparece el fantasma que algunos quieren exorcizar. El PSOE ha presentado una moción de censura, Podemos ha anunciado que la respaldará, y Ciudadanos no se ha negado a apoyarla.
El gobierno de progreso vuelve a aparecer como una posibilidad real. La base está en los 81 diputados, una amplia mayoría absoluta frente a los 48 del PP, que representa la suma de PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Primero en el conjunto de España, luego en Murcia, ahora en Madrid. Ante cada crisis política emerge la alternativa de un gobierno de progreso, porque los números salen, ya que así se pronunciaron los votantes en las elecciones.
A pesar del empeño por impedirlo, reaparece una y otra vez como una posibilidad real. Sembrando el pánico en algunos. Porque, independientemente del carácter y voluntad de las fuerzas que lo componen, o de que el candidato del PSOE en Madrid, Ángel Gabilondo, sea presentado como “un moderado”, saben que un gobierno de progreso reforzaría el peso político de la mayoría social que rechaza los recortes, defiende la unidad y exige regeneración democrática. Justo lo que quieren impedir a toda costa.