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España tiene pendiente su particular plan de rescate, que se está demorando con respecto al de otros países. El retraso se debe quizás a la aparente falta de urgencia, al no contar nuestras entidades financieras con hipotecas subprime americanas en sus balances, lo que se explica no tanto por la bondad de la tutela del Banco de España sino porque, dado nuestro déficit de la balanza de pagos, los bancos españoles acudían a los mercados internacionales a endeudarse en lugar de a invertir.
El decreto ley deberá sortear también el escollo de la ley de cajas de ahorros, que cometió el error de asignar la tutela de estas a las comunidades autónomas. En la éoca de la globalización, y cuando uno de los graves problemas con que se ha encontrado la Unión Europea en esta crisis es que las entidades financieras sobrepasan los límites de los Estados y se carece de instituciones europeas capaces de controlarlas, en España nos empeñamos en trocear la realidad por autonomías. EL PERIÓDICO. El aislamiento parlamentario del PSOE, que pretende gobernar pactando un día con unos y otro día con otros, se agrava por un tema tan estancado como es la financiación autonómica. La conclusión no puede ser otra que así no se puede gobernar, y menos en una situación de crisis económica que, en contra de las declaraciones oficiales, está lejos de tocar fondo y necesita medidas urgentes. EL MUNDO. Ya no es sólo Garzón y el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Son además cinco magistrados del Tribunal Supremo, en su mayoría propuestos por los vocales del PP en el Consejo General del Poder Judicial, quienes también ven presuntos delitos de cohecho y fraude fiscal en las conductas de Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP. Dada la gravedad de los delitos y la autoridad de quien formula la acusación, Rajoy debería apartar ya a Bárcenas. Su futuro personal está ahora en manos del Supremo, pero quien tendrá que pagar un coste político por cada día que siga como tesorero será el PP. Opinión. Público OPERACIÓN RESCATE Juan Francisco Martín Seco Insistentemente, el premio Nobel de Economía, Paul Krugman, ha criticado las medidas de rescate a las entidades financieras planteadas primero por Bush y posteriormente por Obama. La razón radica en la forma en que se han instrumentado mediante la compra de activos tóxicos y no a través de la recapitalización de los bancos. El plan de Geithner no es sustancialmente distinto al de Paulson. Detrás de ambos se encuentra el miedo que en la sociedad americana despierta la palabra nacionalización. Sin embargo, cualquier procedimiento que no la contemple no ataja el problema de raíz y permite la supervivencia indefinida de los bancos zombis, al tiempo que se prima a los accionistas y gestores responsables del desaguisado y perjudica a loscontribuyentes. España tiene pendiente su particular plan de rescate, que se está demorando con respecto al de otros países. El retraso se debe quizás a la aparente falta de urgencia, al no contar nuestras entidades financieras con hipotecas subprime americanas en sus balances, lo que se explica no tanto por la bondad de la tutela del Banco de España sino porque, dado nuestro déficit de la balanza de pagos, los bancos españoles acudían a los mercados internacionales a endeudarse en lugar de a invertir. No obstante, según avanza la crisis se va tomando conciencia de que muchas de las entidades financieras españolas pueden estar tocadas por sus propias hipotecas subprime, es decir, por créditos nacionales difíciles de recuperar. Moody’s acaba de rebajar la calificación a 30 de ellas. Nuestro sistema financiero no está operando con fluidez y constituye un embudo para la financiación de particulares y empresas y un elemento sustancial, por tanto, en el agravamiento de la crisis. Mientras no se saneen adecuadamente los bancos y las cajas, no se restablecerá la situación de normalidad en los créditos y será difícil salir de la recesión. Parece ser que el Gobierno prepara un decreto ley en el que se crea el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria, encargado de sanear los bancos con dificultades. Por lo que se ha filtrado a la prensa, el diseño va en la buena dirección: capitalización de las entidades financieras mediante la adquisición de acciones, en el caso de los bancos, y de cuotas participativas en el de las cajas, pero en ambas instituciones asumiendo derechos políticos y, por lo tanto, capacidad de gestión. Es lo menos que pueden pedir los contribuyentes, que van a ser los paganos de los derroches anteriores. Lo que no se entiende es esa insistencia en afirmar que pasada la tormenta deben volver al sector privado. El decreto ley deberá sortear también el escollo de la ley de cajas de ahorros, que cometió el error de asignar la tutela de estas a las comunidades autónomas. En la época de la globalización, y cuando uno de los graves problemas con que se ha encontrado la Unión Europea en esta crisis es que las entidades financieras sobrepasan los límites de los Estados y se carece de instituciones europeas capaces de controlarlas, en España nos empeñamos en trocear la realidad por autonomías. PÚBLICO. 25-6-2009 Editorial. El Periódico EL PSOE NO PUEDE GOBERNAR AISLADO El mismo día de la derrota del PSOE en las elecciones europeas, este diario advertía al Gobierno de la necesidad de buscar aliados para el resto de la legislatura y de los riesgos que corría si no lo hacía. El martes vivimos en el Congreso uno de esos peligros, con un vodevil parlamentario que culminó con la retirada de una enmienda sobre una reforma fiscal progresista pactada solo seis horas antes. Este frenazo le puso las cosas muy fáciles al PP, cuyo líder, Mariano Rajoy, acusó ayer a Rodríguez Zapatero de hacer una política económica a las dos de la tarde y otra a las seis de la misma tarde. La enmienda pactada con IU-ICV modificaba la política fiscal en seis puntos, entre los que se incluían una subida de impuestos a los más ricos, que las ayudas de 400 euros o de 2.500 por hijo fueran progresivas en vez de lineales y la abolición de la escandalosa ventaja de la que gozan los futbolistas como Cristiano Ronaldo o Kaká, que pagan solo el 24% de impuestos si residen en España menos de seis años. El PSOE asegura que la enmienda estaba condicionada a que IU-ICV aprobara el techo del gasto presupuestario que se vota hoy, pero esta formación afirma que a lo único que se había comprometido era a abstenerse. Total, que el PSOE prefirió retirar la enmienda y pactar con CiU su abstención en el techo del gasto. CiU, por su parte, se ha aprovechado del lío para vender que gracias a ella no subirán los impuestos a las pymes, a los autónomos y a las clases medias, colectivos que, en principio, no estaban entre los afectados. El aislamiento parlamentario del PSOE, que pretende gobernar pactando un día con unos y otro día con otros, se agrava por un tema tan estancado como es la financiación autonómica. Ningún grupo catalán, ni ICV ni CiU ni ERC, va a comprometerse en una votación que limita el gasto en los futuros presupuestos mientras no esté aprobada la financiación de las autonomías. En un sentido opuesto, otro conflicto similar se produjo hace poco más de un mes cuando los socialistas dieron marcha atrás 12 horas después de pactar con CiU una reforma laboral, esta vez por supuestas presiones sindicales y de la izquierda. La conclusión no puede ser otra que así no se puede gobernar, y menos en una situación de crisis económica que, en contra de las declaraciones oficiales, está lejos de tocar fondo y necesita medidas urgentes. EL PERIÓDICO. 25-6-2009 Editorial. El Mundo OTROS 5 JUECES VEN INDICIOS CONTRA BÁRCENAS ¿Y RAJOY? YA NO ES sólo Garzón y el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Son además cinco magistrados del Tribunal Supremo, en su mayoría propuestos por los vocales del PP en el Consejo General del Poder Judicial, quienes también ven presuntos delitos de cohecho y fraude fiscal en las conductas de Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP, y Jesús Merino, diputado. Por ello, el Supremo investigará a estos dos aforados, aunque dejará la instrucción del caso Gürtel en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los cinco magistrados de la Sala Segunda afirman en su resolución que la investigación a Bárcenas y Merino es «escindible» del resto del caso si bien advierten que «el delito de cohecho debe extenderse por su naturaleza relacional a las personas que hubieran entregado el dinero». Esto implica que el Supremo podría sentar en el banquillo a Francisco Correa y otras personas de la trama si entendiera que han pagado dinero de los dos aforados. La Fiscalía se había manifestado previamente favorable a que todo el caso Gürtel fuera investigado por el Supremo, pero éste considera que ello violaría el principio de juez predeterminado por la ley y el derecho a una doble instancia penal de los encausados que no están aforados, como Correa, Álvaro Pérez y otros. Se trata de una cuestión formal en la que probablemente hubiera sido más lógico seguir el criterio de la Fiscalía, pero lo que alega el Supremo también tiene sentido. La decisión del Alto Tribunal implica que Bárcenas será llamado inmediatamente a declarar como imputado sin necesidad de suplicatorio puesto que así lo permite la reforma legal realizada en 2002. El testimonio de Bárcenas será muy importante, puesto que, una vez escuchado el tesorero del PP, el Supremo tendrá que decidir si archiva la causa o sigue investigando, en cuyo caso tendría ya que pedir el suplicatorio. Rajoy debería haber apartado ya a Bárcenas de sus funciones, pero su encausamiento por el Supremo aumenta mucho más la presión sobre el líder del PP. ¿Seguirá manteniéndole como tesorero una vez que el Alto Tribunal ha visto indicios suficientes como para investigarle? El líder del PP declaraba el pasado lunes que hará «lo más justo» y decía que no sabe de qué se acusa a su colaborador. Pues bien, ya lo sabe: de cohecho y de fraude fiscal. El Supremo explica en su resolución los indicios de delito que pesan sobre él. Y además EL MUNDO publica hoy el contenido del escrito de la Fiscalía, en el que se sistematizan las acusaciones contra Bárcenas y Merino. La Fiscalía rebate la declaración de Correa ante el juez Pedreira, cuando el cabecilla de la trama matizó que él sólo había dicho que el PP se «ahorró» 1.000 millones de pesetas gracias a que sus empresas organizaban «actos baratos». La Fiscalía no se cree esta versión de Correa porque sostiene que en la grabación que obra en el sumario él habla de pagos por «obras» y fondos transferidos a paraísos fiscales. El escrito del Supremo señala que las anotaciones en la contabilidad de Correa y el informe de la Agencia Tributaria ofrecen indicios «suficientes» de que Bárcenas pudo incurrir en delitos de cohecho y fraude fiscal. Ya no lo dicen filtraciones periodísticas sino cinco magistrados. Rajoy argumentaba que ha habido otros dirigentes del PP injustamente acusados y que, por ello, no se va a dejar presionar «por nada ni nadie». También aseguraba que decidirá sobre Bárcenas en base a sus «convicciones» y su «conciencia». Pero Rajoy no es juez sino dirigente político y la imputación del Supremo contra Bárcenas es un hecho objetivo y razonado jurídicamente. Dada la gravedad de los delitos y la autoridad de quien formula la acusación, Rajoy debería apartar ya a Bárcenas. Su futuro personal está ahora en manos del Supremo, pero quien tendrá que pagar un coste político por cada día que siga como tesorero será el PP. EL MUNDO. 25-6-2009